Los expedientes judiciales contra miembros de los supremos poderes, como el presidente, ministros, diputados y magistrados, están colmando los escritorios de la Sala Tercera del Poder Judicial.
Según datos de la Sala de Casación Penal, este año ya entraron 69 expedientes de este tipo desde el Ministerio Público, con un considerable pico de 29 ingresos solo en el mes de julio. A mediados de agosto, ya se registraban 15 casos, la segunda mayor cantidad mensual en los últimos seis años.
A falta de más de cuatro meses para que termine el año, esta cifra ya igualó todas las causas ingresadas en el 2021. Además, supera la cantidad recibida en 2022, 2023 y 2024 con 55, 34 y 36 causas, respectivamente.
Todas las cifras anteriores sobrepasan los promedios históricos que, según la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, no solían llegar a diez casos al año. Dicha instancia es, precisamente, la encargada por ley de tramitar estas causas y realizar el juicio, si es necesario.
Las estadísticas disponibles no detallan contra qué tipo de funcionarios fueron presentados los expedientes ingresados este año.
La magistrada Solano explicó a La Nación que no todos los casos que ingresan incluyen la acusación, pues hay otros que son desestimados por el Ministerio Público.
No obstante, señaló que cada expediente debe ser estudiado en profundidad, en momentos en que la Sala también tiene pendientes de resolver cientos de recursos de casación de personas que acudieron a la última opción que brinda el sistema penal costarricense. En total, la Sala Tercera acumula a agosto 450 expedientes.
“Eso (las causas de supremos poderes) nos está quitando muchísimo tiempo. Desde el 2018 ha ido en aumento la cantidad de asuntos de los supremos poderes que se conocen en la Sala. Además de eso, vemos todo lo que es crimen organizado y asuntos complejos”.
“Vea el tiempo que se lleva estudiar el expediente que está en la Asamblea Legislativa. Luego, esto viene de ahí y hay que estudiárselo para ir a tribunal de Corte”, explicó la magistrada.
Solano hacía referencia a la causa contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por supuesta concusión en una millonaria contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en lo que se ha convertido en el ejemplo más mediático en los últimos años de una investigación contra un miembro de los supremos poderes.
Este expediente debió ser analizado por la Corte Plena, la cual recibió un informe elaborado por el magistrado suplente de Sala Tercera, Geovanni Mena Artavia. Los magistrados lo enviaron a la Asamblea Legislativa solicitando el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
Si los diputados acogen la solicitud y deciden, por primera vez en la historia, levantar la inmunidad de un gobernante en ejercicio, la causa volverá al Poder Judicial, donde la Sala Tercera desarrollaría el juicio.
Otra sonada investigación contra un miembro de supremos poderes fue la realizada contra el exmagistrado Celso Gamboa, a quien en el 2018 el Congreso le levantó el fuero para que enfrentara un juicio por presunto tráfico de influencias, por el cual finalmente quedó absuelto el pasado 13 de agosto.
El expresidente Carlos Alvarado (2018-2022) también enfrentó una investigación mientras ocupaba el cargo, por el caso UPAD. Sin embargo, la acusación fue formulada poco antes de que terminara su mandato, por lo que el proceso ahora continúa por la vía ordinaria.
¿A qué se debe el aumento?
El aumento de causas contra miembros de los supremos poderes refleja lo que el informe Estado de la Justicia ha denominado como “la politización de la justicia”. Es decir, cuando actores políticos intentan influir en el sistema judicial para avanzar sus propios intereses, lo cual puede comprometer la independencia del Poder Judicial y “alterar el delicado balance entre los tres poderes del Estado”.
En la edición del 2025, dicho informe alertó que “la politización, en este caso, no solo debilita la legitimidad del Poder Judicial, sino que pone en peligro su capacidad para ofrecer decisiones imparciales, necesarias para una democracia funcional. A mayor influencia del Poder Judicial en la toma de decisiones políticas, mayor la tentación de los actores políticos de influir en las cortes”.
Para el abogado penalista Rodrigo Araya, la tendencia obedece a la lucha de poderes que se ha generado en la actual administración.
“Es claro que hay un evidente enfrentamiento entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. También uno podría decir, como segunda causa, el hecho de que ahora existen mayores controles con respecto a la función pública y cada vez empezamos a notar la eventual comisión de delitos en actuaciones que tal vez antes parecían normales, y ahora se someten a la revisión de la Fiscalía”, indicó Araya.
Asimismo, el también penalista Erick Gatgens aseguró que estas cifras son preocupantes e incluso cuestionó la conveniencia de que estos procedimientos, que considera que tienen muchas limitaciones, sean tramitados por la Sala Tercera.
“El Ministerio Público toma una decisión de si acusa o no prácticamente sin darle derecho al imputado de audiencia y, por lo tanto, no hay realmente derecho de defensa plena. Adicionalmente, existe un magistrado instructor que integraría también la Sala Tercera al momento de realizar el juicio”, declaró.
“Adicionalmente, tanto el recurso de apelación como de casación son conocidos por Corte Plena, que está integrada por magistrados que no tienen conocimientos profundos sobre el tema penal.
“Este procedimiento me parece que debería reformarse o eliminarse, y aún y cuando se pensara que el tema del desafuero debe mantenerse, debería de pensarse en un juzgamiento distinto que no le corresponda a la Sala Tercera”, aseveró Gatgens.