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Las largas horas de caminata para llegar al cerro Conchudita por terreno agreste, con lodo hasta las rodillas y un fuerte desgaste físico para la policía, quedaron atrás, al menos por ahora.
Los agentes de la Fuerza Pública que patrullan ese cerro, ubicado en Cutris de San Carlos, ahora cuentan con un vehículo todoterreno que permite acortar el desplazamiento a pie de cinco o más horas, a tan solo una hora en ese equipo y otros 15 minutos caminando.
Se trata de un chapulín en custodia de las autoridades y que los oficiales están utilizando para movilizarse entre la comunidad de El Jardín de Cutris y el sitio conocido como Caño Mairena. Luego les queda el pequeño trayecto a pie.
El paso para el vehículo agrícola es complicado, debe transitar por trocha y fango y eso facilita que se atoren las llantas. Sin embargo, la patrulla que viaja a bordo de una carreta ayuda a sacarlo del atolladero para continuar el viaje.
Un oficial de apellido Montalbán, integrante de la Unidad de Intervención Policial, destacó que “este es un logro para nosotros; ya no caminamos ocho horas para entrar y salir. Esto nos da más motivación y seguiremos defendiendo nuestra soberanía”, dijo el agente de la UIP.
Este lunes, las autoridades hicieron una nueva incursión del equipo especial con el fin de generar un mayor posicionamiento en la zona. “Se ha hecho una coordinación para apoyar la dirección regional de la frontera norte con recursos incautados al narcotráfico, con la intención de proteger el ingreso de nuestros hombres y mujeres”, explicó el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo.
Además, constataron que hay menos oreros ilegales, “nos han mencionado una disminución de la presencia de coligalleros y sin lugar a dudas será una constante”, resaltó Lacayo. Se estima que de 70 o cien personas que antes se veían en el lugar, ahora no llega ni a la mitad.
En el grupo, encabezado por el viceministro Lacayo, también estuvo el Director de Operaciones de la Fuerza Pública, Freddy Guillén, el jefe de la Policía de Migración, Óscar Jiménez y contó en esta oportunidad con la asistencia de una arquitecta institucional, quien hizo las valoraciones respectivas para instalar un campamento en la montaña y así, tener mayor control sobre la minería ilegal.
Guillén garantizó que los ingresos a Conchudita se mantendrán de manera constante, para “coadyuvar a la salida de los coligalleros y que se evite la explotación ilegal de material aurífero”.
Un aspecto que llamó la atención de las autoridades es que detectaron que la mayoría de piletas con cianuro construidas en el corazón del cerro, ahora lucen abandonadas, “apenas una de uso reciente pudimos ver”.
La construcción de esas estructuras sin ningún tipo de medida de seguridad es la mayor amenaza para el cerro que, además, ha sido talado de manera indiscriminada y se han construido túneles de hasta cuarenta metros de profundidad en busca de las vetas de oro.
Potencial millonario
El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR), tras una visita reciente a Crucitas y Conchudita, alertó de la grave situación generada por la minería ilegal y destacó el potencial aurífero de la región.
El CGCR estimó que el área de impacto ha tenido una “expansión considerable”, pudiendo “alcanzar hasta las 10.000 hectáreas”.
La preocupación de los profesionales se centra en la dimensión económica del recurso no aprovechado. La zona se caracteriza por su “alto potencial de oro” que, en el caso de Crucitas, es de aproximadamente dos millones de onzas; pero en Conchudita asciende a cinco millones de onzas.
El valor de estas reservas bajo los escenarios de precios internacionales de hasta $5.000 la onza troy podría alcanzar aproximadamente los $10.000 millones, lo que el colegio califica como “un monto considerable de recursos frescos para el país”.
No obstante, la explotación ilegal en la que los oreros ilegales usan mercurio y cianuro de sodio, ha mermado la eficiencia en la extracción del mineral. Estas prácticas ha limitado el aprovechamiento eficiente “hasta en un 50% en el caso del uso de mercurio” y ha generado “pérdidas estimadas para el país de entre $1.500 millones y $2.000 millones desde el año 2017”.
El jueves 26 de marzo, dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública en Ulloa de Heredia, tras ser sorprendidos transportando de manera ilegal aproximadamente 1.500 kilos de cianuro en un camión, se sospecha que el químico tenía como destino la zona norte del país, a donde llega a manos de grupos criminales que extraen el oro en el distrito de Cutris.
Impacto ambiental y social
En la “dimensión ambiental” del estudio hecho por el CGCR destaca un impacto significativo debido al uso de mercurio. Los expertos calculan que se han empleado “más de 200 toneladas de mercurio” en los últimos nueve años.
En el caso de Conchudita es más preocupante, ya que la Fuerza Pública ha identificado “aproximadamente 300 piletas con cianuro de sodio” en la margen izquierda del río San Juan, las cuales son “fuentes directas de contaminación”. Este envenenamiento del suelo, agrega el Colegio, “se suma a los procesos de deforestación, erosión activa y el uso de explosivos”.
El impacto en lo social también fue analizado por esa agrupación profesional ya que, según reportes de la Fuerza Pública y líderes comunales, “señalan un aumento del crimen organizado e intimidación a nivel local”, en donde se ha identificado una “sustitución del colón por la córdoba nicaragüense” en ciertas transacciones comerciales.
Ante el deterioro del territorio, el CGCR considera “urgente la aprobación del Proyecto de Ley N.° 24.717 siempre y cuando se formule una correcta reglamentación de esta ley” y advierte que “la falta de acciones oportunas podría derivar en consecuencias de mayor gravedad para el país”.
Ese proyecto, propuesto por el Poder Ejecutivo, pretende autorizar y regular la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto exclusivamente en Cutris de San Carlos.
La iniciativa propone crear subastas públicas mineras como procedimiento para que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) otorgue las concesiones de explotación minera. Esta subasta se realizaría entre personas físicas o jurídicas que hayan pasado por un proceso de preselección, y se adjudicará al oferente que ofrezca el mayor porcentaje de ganancia para el Estado, siempre que cumpla con condiciones técnicas, jurídicas y ambientales.
