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El exjuez Luis Alberto Venegas Marín, actual defensor en el Caso Gallo Tapado, confirmó a La Nación que se entregará a las autoridades, luego de que el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José ordenó, la mañana de este lunes, su captura inmediata y el regreso a prisión por el Caso Madre Patria.
Además, el mismo Tribunal ordenó la captura de 17 personas más investigadas por el mismo caso. Los imputados deberán cumplir cinco días de prisión preventiva que quedaron pendientes.
En este expediente se investiga a una presunta red de criminalidad dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales. A Venegas, el Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, legitimación de capitales y falsedad en la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.
Tras enterarse de que deberá regresar a prisión, el juez insistió en su inocencia y calificó el caso como “otro adefesio del Poder Judicial”.
“Yo no tengo que huir de la justicia, no tengo absolutamente nada que ver. Todo esto es una farsa del Ministerio Público, del Poder Judicial. Van a tener que asumir las consecuencias”, dijo Venegas a este diario.
“Me voy a entregar, como lo hice ya en una ocasión, porque no tengo temor a nada, en lo absoluto. Esto va a traer muchas consecuencias”, añadió.
El juez explicó que sus abogados trabajan en un habeas corpus y él mismo llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues a su juicio, el Ministerio Público no tiene prueba alguna para respaldar los delitos que se le imputan.
Según indicó, su defensa brindó como prueba todas las declaraciones ante la Contraloría General de la República, en las cuales demuestra todas sus actividades económicas y sus créditos en el sistema bancario. “Eso no lo ha querido ver el Ministerio Público”, dijo.
Desde su detención, en junio del 2024, tras 47 allanamientos dirigidos por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), Venegas estuvo privado de libertad durante aproximadamente 15 meses. Inicialmente, cumplió un año en prisión preventiva y fue puesto en libertad; sin embargo, en noviembre del 2025 un juez revocó esa decisión y ordenó nuevamente su ingreso a prisión.
Así permaneció hasta febrero del 2026, cuando un tribunal dejó en libertad a 20 imputados, entre ellos a los presuntos cabecillas de la organización, dos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González. Ahora todos deberán regresar a prisión.
Separado del Poder Judicial
Venegas, quien fue juez en el Tercer Circuito Judicial de San José, fue separado del Poder Judicial el 31 de enero del 2025 mediante una resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que revocó su nombramiento, al considerar que el funcionario habría incurrido en “una falta gravísima”.
De acuerdo con la investigación del caso Madre Patria, en apariencia, el grupo obtenía terrenos de alta plusvalía mediante fraude registral y posteriormente los vendía a terceros inocentes, legitimando el dinero recaudado mediante inversiones en autobuses de transporte público, criptomonedas y vehículos de alta gama.
Poco después de la detención de los imputados, este diario publicó acerca de un informe del Organismo de Investigación Judicial (05-RCI-OECDO-2024) que analizó las intervenciones telefónicas realizadas a Venegas durante la investigación.
Este documento señalaba que el exjuez, presuntamente, prestaba sus empresas de outlets y transporte de mercadería para que el cabecilla de la organización, Gómez González, legitimara el dinero derivado de posibles fraudes.
En este trámite se presume que fungía como intermediario un abogado y notario de apellidos González Araya, quien aparentemente laboraba para el grupo delincuencial.
Precisamente, en una comunicación entre González y el juez Venegas, grabada el 30 de octubre del 2023 a la 1:10 p. m. el notario llama al juzgador y le dice:
– ¿Sí?, ¡trámites varios de lavado de dinero por favor!, y de inmediato el juez le responde:
– ¡Ese mismo!, ¡carep...!
“De la comunicación anterior se destaca que estos investigados mantienen conocimiento de la actividad ilícita desarrollada, ya que ellos se autoidentifican como ‘lavadores de dinero’”, agrega el informe policial.
Presuntamente, agregan los investigadores, Venegas habría recibido dinero en efectivo de Gómez a través del notario González y luego hacía depósitos “hormiga” en sus cuentas bancarias y ese flujo se podía justificar como parte de sus ingresos por las ventas de ropa usada o transporte de carga.
Según aseveró Venegas a La Nación en junio, no existen vínculos, no recibió dinero y no hubo asesorías ni llamadas telefónicas entre él y miembros de la organización. A su juicio, la única relación que hace el Ministerio Público es que el abogado de su empresa familiar era el mismo del presunto cabecilla. Este abogado, dice, le estaba ayudando a conseguir un crédito hipotecario que al final no se materializó.
