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Natalia Gamboa, la hermana y abogada del extraditable Celso Gamboa, afirmó este miércoles en una audiencia de apelación, que los delitos atribuidos al exministro de Seguridad habrían ocurrido solo en Costa Rica, por lo que no hay razón para que sea extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
La declaración la dio ante el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, donde los jueces Rosaura Chinchilla Calderón, Ana Isabel Solís Zamora y Gustavo Gillen Bermúdez escucharon en forma privada los argumentos de Gamboa y del también extraditable Jonathan Álvarez, alias Gato.
Declararon, además, ya de forma pública, el defensor de alias Gato, Rafael Gairaud Salazar, el representante de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri), Elías Carranza, y el procurador general de la República, Iván Vicenti.
Edwin López, alias Pecho de Rata, se ausentó porque su abogado, Andy Jack Sánchez Porras, se encuentra en el juicio del Caso Fénix. No se ha indicado cuándo presentaría él sus alegatos ante los jueces y, mientras esto no ocurra, tampoco se sabe cuándo se resolverán las apelaciones.
Natalia Gamboa aseguró que el juez William Serrano Baby, quien acogió la solicitud de extradición, “concedió la territorialidad y soberanía de nuestro país al indicar erróneamente que el Tratado de (Extradición con) Estados Unidos en el artículo 3 lo obliga a entregar a una persona porque dice, ‘sin importar donde hayan ocurrido los hechos’”.
“Nos habla de una suerte de jurisdicción universal. Incluso nos habla de una extradición obligatoria basada en la Convención Interamericana sobre la Extradición, convención de la que Estados Unidos no es parte”.
Agregó que la acusación de la justicia estadounidense menciona que los hechos habrían ocurrido “dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos”, lo que señala que habrían sucedido en Costa Rica.
Aseguró que el sistema judicial costarricense siempre ha juzgado el narcotráfico en territorio nacional, aunque tenga repercusiones a nivel internacional.
“En ningún momento Costa Rica ha firmado una reforma constitucional donde dice, ‘todos los hechos de narcotráfico que hayan ocurrido en este país, los que no pudimos investigar, los que no pudimos condenar antes y en el futuro van a ser juzgados de ahora en adelante por Estado Unidos’”, indicó la abogada.
Además, desacreditó las acciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde que su hermano fue arrestado, el 23 de junio, junto a Álvarez y López, pues aseguró que las autoridades “omitieron información esencial” para la adecuada defensa en este proceso.
“Cuando al día siguiente (de los arrestos) yo me presenté al Tribunal de Juicio para conocer el motivo de la detención, la persona que estaba encargada de atender en el despacho me dijo, ‘no sabemos de ninguna detención, el expediente no lo tengo, se van a enterar en la tarde’”, aseguró.
Asimismo, presentó una declaración que dio el director del OIJ, Randall Zúñiga, después del arresto de Gamboa, en que el jerarca manifestó su satisfacción por la acción policial y afirmó que la coordinación había iniciado desde hace tres años. Para la defensora, esto demuestra que Zúñiga actuó de forma “subjetiva” y que planeó el arresto de su hermano incluso antes de la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales.
Los tres extraditables presentaron cinco recursos de apelación a la resolución del 7 de octubre. Ese día, Serrano indicó que se trata de una extradición diferida, es decir, que se ejecuta hasta que los acusados enfrenten las causas penales que tiene pendientes en nuestro país.
Gamboa también es investigado en el expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, cuyo juicio está para el 5 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. La Fiscalía sostiene que el extraditable, cuando era magistrado de la Sala Tercera, habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá.
Una de las cinco apelaciones contra el proceso de extradición fue planteada a favor de Gamboa por su hermana y abogada defensora y por el licenciado Michael Castillo Delgado.
Otra fue interpuesta por el propio Gamboa, en ejercicio de su defensa material. A estos se suma una apelación presentada en favor de López Vega y Álvarez Alfaro por su abogado defensor Andy Jack Sánchez Porras.
López, por su parte, presentó otro recurso mediante un escrito autenticado por la licenciada Marylin Rodríguez Mena. La quinta apelación la interpuso el abogado Gairaud Salazar, en representación de Álvarez Alfaro.
Por su parte, Andy Jack Sánchez, defensor de López y Álvarez, explicó el 10 de octubre, cuando presentó la apelación en favor de sus clientes, que uno de los principales argumentos sería lo que él considera un erróneo razonamiento referente a la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada en mayo de este año por los diputados y que permitió la extradición de costarricenses en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
Asimismo, aseguró que el país no está aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 22, inciso 5, indica que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.
