El Tribunal Penal de Pavas absolvió por duda a los tres hombres acusados de operar el primer laboratorio de fentanilo, descubierto en Costa Rica en noviembre del 2023.
Durante la lectura del por tanto, el juez Kenneth Alvarado dijo que, por unanimidad de los votos emitidos, en aplicación del principio universal de indubio pro reo, absolvía de toda pena y responsabilidad a un hombre apellidado Valdivia Sing, presunto cabecilla del grupo, de un delito de infracción a la ley de psicotrópicos, en la modalidad de venta de drogas en perjuicio de la salud pública.
Además, por mayoría de votos, lo mismo se resolvió para Martínez Gómez y Arroyo Sánchez. Solo la jueza Kryssia Quirós Villalobos salvó el voto y los consideró coautores responsables de un delito de venta de drogas y estimó que debían descontar 14 años en prisión, cada uno, la misma pena que había solicitado la Fiscalía.
No obstante, en razón del voto de mayoría, se dispuso la inmediata libertad de los acusados. Además, se ordenó la devolución de los bienes decomisados.
Entre ellos, ¢9,8 millones y $16.039 depositados en cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas y que son propiedad de Martínez Gómez. La sentencia integral 645-2025 se leerá el próximo 25 de agosto.
En su argumentación, el juez sostuvo que, en este caso, el tribunal no tuvo a la vista prueba suficiente para sentenciarlos. Por ejemplo, aunque un agente encubierto hizo compras controladas de pastillas con drogas sintéticas, no se pudo constatar “la puesta en peligro del bien jurídico que es la salud pública”.
Además, argumentó que no hubo comunicaciones entre los encartados que permitieran acreditar que se trataba de una banda organizada.
LEA MÁS: Así fue como agente encubierto descubrió ruta de tráfico de fentanilo de México a Costa Rica
El caso en breve
La investigación de este caso inició a finales de 2022, luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA) avisara a la Policía Control de Drogas (PCD) sobre la posible presencia de fentanilo en el país. La entidad estadounidense anunció a las autoridades nacionales que se trataba del primer caso de trasiego de fentanilo en la región centroamericana.
Posteriormente, en noviembre del 2023, luego de compras controladas de droga, con fondos de la DEA, se realizaron allanamientos en Alajuela, Tibás y San Sebastián, que permitieron la captura de los presuntos implicados.
Durante el debate, un agente encubierto atestiguó que las pastillas eran de MDMA (éxtasis) u oxicodona, contaminadas con pequeñas proporciones de fentanilo, para crear adicción entre los consumidores y que así se comprobó en pruebas de laboratorio.
Agregó que, durante su intervención, uno de los encartados le habría dicho que el fentanilo venía de México.
En la fase de conclusiones, el fiscal Eduardo Dall’Anese había solicitado que Valdivia fuera absuelto por duda, ante la falta de pruebas testimoniales y documentales en su contra.
En tanto, contra los otros dos encartados, había pedido 14 años de prisión, al argumentar que sí se les demostró que transportaron y vendieron en una ocasión 98 pastillas contaminadas con fentanilo y en otra oportunidad un lote de 400 pastillas de la llamada droga zombi.
Dall’Anese justificó la petición de pena basado en el daño social que genera la venta de este tipo de estupefaciente: “El daño a la salud para los consumidores es altísimo, no es lo mismo una piedra de crack que 400 pastillas de fentanilo, el reproche es mayor, se daña a la sociedad entera” había dicho.
Tras la sentencia absolutoria, una fuente allegada al caso confirmó que la Fiscalía apelará lo dispuesto.
Por su parte, Mario Alberto Quesada, abogado de Arroyo Sánchez, celebró el resultado y argumentó que, en el debate, quedó desacreditada la existencia de una presunta organización criminal.
“No es suficiente con realizar ventas contratadas, sino que se tuvo que haber demostrado dos cosas fundamentales: que existiese una organización debidamente confirmada dedicada al tráfico de drogas y en segundo término que el bien jurídico que se tutela, el cual es la salud pública, hubiese sido lesionado en caso de que se hubiese concretado alguna venta a terceros”.
Alegó que las vigilancias y seguimientos fueron escasos y que no se logró acreditar la venta “de un solo gramo de fentanilo a ningún ciudadano costarricense”.
Colaboró en esta información la periodista Natalia Vargas.