A través de contactos directos con miembros de una presunta organización criminal, un oficial encubierto del departamento de inteligencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) acreditó la existencia de una ruta de fentanilo que provenía desde México y culminaba en Costa Rica, donde la letal sustancia, en apariencia, se distribuía en distintos establecimientos de la capital.
El oficial, aportado como testigo por parte del Ministerio Público, manifestó ante el Tribunal Penal de Pavas el procedimiento que siguió para determinar el aparente funcionamiento de la estructura, que las autoridades judiciales señalan como la responsable de operar en el país el primer laboratorio de fentanilo, un opioide sintético 50 a 100 veces más potente que la morfina.
La organización fue desarticulada en noviembre de 2023 y el proceso penal se sigue contra un costarricense de apellido Arroyo, un colombiano de apellido Martínez y un residente de Tibás de apellido Valdivia, quien permanece en libertad. Las autoridades apuntan a este último como el presunto cabecilla de la organización.
La investigación contra la agrupación inició a finales de 2022, luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA) avisara a la PCD sobre la posible presencia de la droga en el país. La entidad estadounidense anunció a las autoridades nacionales que se trataba del primer caso de trasiego de fentanilo en la región centroamericana.
De acuerdo con el testimonio del oficial, una fuente anónima de la DEA fue quien proporcionó un contacto directo con uno de los presuntos miembros de la organización, quien ya estaba bajo la mira de la entidad norteamericana.
Así, el oficial costarricense estableció contacto con un hombre de apellidos Corrales Sandí, alias Mecánico, propietario de un negocio en Escazú y quien, en apariencia, se encargaba de la logística para entregar los pedidos y recibir el dinero por las compras.
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Corrales fue asesinado por un ajuste de cuentas durante la investigación.
“Esta persona —en este momento muerta— reviste de importancia porque fue a través de él que prácticamente se comenzó a tejer todo lo que posteriormente se llegó a determinar, ese entramado de personas que participaron en esta investigación”, afirmó el testigo del Ministerio Público ante el Tribunal, la tarde de este lunes.
En apariencia, una vez que Corrales estableció confianza con el oficial encubierto, le indicó que vendían pastillas “sucias” sin que los consumidores lo supieran. Según explicó el hombre, con el fin de generar adicción en sus compradores, contaminaban dosis de MDMA (éxtasis) u oxicodona con pequeñas proporciones de fentanilo.
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“Todo esto con el fin de crear mercado en el tema del fentanilo”, indicó el oficial.
Asimismo, el miembro de la banda le habría confesado que el fentanilo provenía de México. Para el oficial, las aseveraciones de Corrales coincidían con el patrón de producción de esta sustancia sintética, atribuido a los carteles de Jalisco Nueva Generación o la fracción de los Chapitos en Sinaloa. En apariencia, estas estructuras fabrican la droga en laboratorios clandestinos con precursores provenientes de China.
Esta sustancia, por la magnitud del mercado y la alta demanda, tradicionalmente culmina en Estados Unidos; no obstante, en este caso, alias Mecánico acreditó que el opioide si estaba llegando a Costa Rica y así, el oficial determinó que el país figuraba como “una nueva ruta de distribución”.
Compras millonarias
La presencia de la droga en Costa Rica, de acuerdo con el agente, también se logró a través de ocho compras de cientos de pastillas.
La primera adquisición la acordó el oficial el 12 de diciembre del 2022 en el parqueo de un restaurante de una reconocida cadena de internacional de comida rápida. El acuerdo fue de 100 pastillas de fentanilo, la entrega se concretó en 98 unidades de las cuales 74 fueron identificadas como fentanilo por las que el agente encubierto pagó $1.200 (unos ¢600.000 al tipo de cambio actual).
Las demás transacciones, según detalla de acusación, ocurrieron entre el ocho de marzo del 2023 y el 26 de mayo de ese mismo año, todas las compras sumaron $17.600. El dinero fue proporcionado por la DEA.
Al menos las primeras dos compras las realizó el oficial a través de Corrales, quien lo citó al establecimiento de comida rápida y posteriormente a un estacionamiento de un edificio residencial en San Sebastián, al sur de San José.
En esta segunda oportunidad, el oficial encubierto acudió al sitio en un vehículo policial discrecional, con Corrales como acompañante. Una vez en el sitio, otros miembros de la organización los esperaron para entregar 400 pastillas, equivalentes a $4.800. En el parqueo, en apariencia, se distribuían el pago entre los integrantes de la banda y luego continuaban sus rumbos.
El oficial, por su parte, se dirigía de regreso a las oficinas centrales de la PCD y entregaba la droga a expertos quienes se dedicaban a analizar las dosis. “Se obtuvo que las pastillas efectivamente tenían fentanilo”, afirmó el testigo.
En paralelo, otros agentes encubiertos daban seguimiento al resto de integrantes.
El juicio continuará este martes con el resto de la declaración del oficial.