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La defensa de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, solicitó a un tribunal federal en Texas un aplazamiento de 90 días para la conferencia previa al juicio y los plazos procesales, con el fin de garantizar una representación adecuada.
La gestión fue presentada por el abogado Andy R. Camacho, quien asumió la representación del costarricense en el proceso judicial en Estados Unidos.
La moción pide posponer tanto la conferencia final previa al juicio como todas las fechas límite asociadas al proceso.
Según se detalla, la solicitud responde a la necesidad de contar con tiempo suficiente para revisar las pruebas del caso, traducir evidencia, analizar las fortalezas y debilidades de las pruebas, evaluar posibles defensas y consultar con el acusado sobre los aspectos relevantes del proceso.
Además, la defensa indicó que requiere tiempo adicional para revisar, discutir y negociar eventuales acuerdos de culpabilidad con la fiscalía.
La moción señala que el aplazamiento no se solicita con fines dilatorios, sino para que “se haga justicia”. Además, pide al tribunal determinar que el tiempo adicional solicitado responde a ese objetivo y prevalece sobre el interés del público y del acusado en realizar un juicio rápido.
El aplazamiento solicitado impactaría directamente la conferencia final previa al juicio, programada para el viernes 1.° de mayo de 2026 a las 9:00 a. m., así como la fecha límite para presentar acuerdos de culpabilidad, fijada para el 10 de abril de 2026.
Andy R. Camacho se presentó días antes como nuevo abogado privado del imputado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Según su comparecencia, está habilitado para ejercer en esa jurisdicción y forma parte de un bufete con sede en Miami, Florida.
Este proceso forma parte de las causas que enfrenta López Vega en Estados Unidos por presunto narcotráfico, luego de su extradición el 20 de marzo. En su caso, es investigado por su presunta participación en una conspiración para traficar cocaína desde 2008 hacia Estados Unidos y otros países de América. Según la acusación, las operaciones habrían involucrado territorios como Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.
