Caso Azteca: Fiscalía pide prisión preventiva para tres funcionarios de AyA, empleado bancario y nueve particulares
Para otros 12 detenidos solicitó medidas alternas al encarcelamiento y otro más quedó libre luego de que se le tomaran los datos
Una banda dedicada al narcotráfico fue desarticulada este martes 9 de noviembre por el OIJ. Entre los detenidos hay funcionarios públicos y miembros de la organización. En los operativos se decomisó dinero en efectivo y armas de fuego. Cortesía OIJ
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, se trata de tres funcionarios del AyA, quienes responden a los apellidos Arias Cordero, Acuña Rojas (mujer) y Araya Araya, así como el empleado del Banco Nacional apellidado Villalobos Zúñiga. Los particulares son los líderes del grupo dedicado al tráfico internacional de drogas, Camelo Méndez y García Jr., así como otros miembros que cumplían diversas funciones en la organización, de apellidos Montaño Mosquera, Segura Aguilar, López Cobo, Ávila Cortés, Guillén Sánchez, Fernández Vargas y Espinoza Carazo, las cuatro últimas mujeres.
Contra otros 12 detenidos el pasado martes, asociados con la investigación conocida como Caso Azteca, se solicitaron medidas cautelares distintas al encarcelamiento, luego de valorar los peligros y arraigos procesales de cada persona, así como los delitos que se les atribuyen. Un último capturado, de 83 años, apellidado Guillén Ulloa, quedó libre desde el martes, luego de su identificación, aunque continúa bajo investigación.
Además, dada la saturación en celdas del Poder Judicial, los 12 para los que se pidieron medidas alternas están libres desde ese mismo día, pero con un citatorio para que acudan a la audiencia que empezó desde el miércoles en el Primer Circuito Judicial de San José.
Entre los delitos que se investigan están tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
Una banda dedicada al narcotráfico fue desarticulada este martes 9 de noviembre por el OIJ. Entre los detenidos hay funcionarios públicos y miembros de la organización. En los operativos se decomisó dinero en efectivo y armas de fuego. (Cortesía OIJ)
Los hechos
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El Caso Azteca, que se sigue dentro del expediente 19–000129–0622–PE, investiga las operaciones de un grupo dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas que estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país. “Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
“Para ello, se cree que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal. En algunos casos, propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos y, a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago”, explicó el ente acusador del Estado.
Además, se presume que el grupo había reclutado al empleado bancario a fin de que los asesorara para insertar las ganancias ilícitas en el sistema financiero nacional sin levantar sospechas de blanqueo de capitales.
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Investigación en el AyA
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Paralelo a la audiencia de medidas cautelares, el AyA aseguró este jueves que revisa las contrataciones que realizó la institución con las dos compañías señaladas en el Caso Azteca: Construcciones del Valle y Flu Vial.
De las 20 contrataciones tramitadas en la Regional Pacífico del AyA y vinculadas a las empresas relacionadas en el proceso de investigación judicial, “solo dos de ellas se mantienen vigentes”, así lo confirmó un estudio efectuado por ese Instituto. El monto total de dichas contrataciones, realizadas entre 2019 y 2020, es de ¢953 millones.
Sobre el particular, tanto la Dirección Jurídica como la Proveeduría Institucional valoran las acciones a seguir con respecto a esas contrataciones. “El sistema de contrataciones es funcional, pero no es inmune a que, en apariencia y de forma premeditada, las personas generen acuerdos y suministren información sensible, según lo han dado a conocer las autoridades judiciales. Esto es una cuestión de ética, valores y deber de probidad de cada persona”, dijo la subgerente de Sistemas Periféricos, Natalie Montiel, en un comunicado.
