La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos solicitará medidas cautelares contra 25 de los 26 detenidos como sospechosos de conformar una banda dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual habría reclutado a varios funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a un empleado del Banco Nacional.
Todos los sospechosos, incluidos los trabajadores públicos, fueron indagados este martes, luego de varias diligencias judiciales que terminaron a las 8:40 p. m. Posteriormente, se les remitió al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, que a las 3 p. m. de este miércoles comenzó la audiencia de solicitud de medidas cautelares para conocer los argumentos de las partes.
De momento se desconoce si el ente acusador del Estado pedirá prisión preventiva para todos los aprehendidos o se inclinará por medidas alternas, que van desde firmar periódicamente en un despacho judicial hasta arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esos datos se revelerán hasta que se defina la situación jurídica de los sospechosos.
Según el Ministerio Público, este grupo, “en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas, estaba asentado en el Valle Central y en la costa Pacífica del país. Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
“Para ello, se cree que funcionarios del AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos a cambio de un porcentaje del dinero como modo de pago”, explicó el ente acusador del Estado en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante el uso de dos empresas constructoras (Flu Vial y Construcciones del Valle), la organización criminal obtuvo al menos 17 licitaciones entre el 2020 y el 2021. Esos contratos, según las autoridades, era una forma de legitimar el dinero obtenido producto del narcotráfico.
Liderazgo extranjero
Según la investigación, el grupo era liderado por un colombiano de apellidos Camelo Méndez, quien trabajaba con un mexicano apellidado García, quien fungía como colíder. La organización, además, se presume que contaba con asesoría legal de una abogada apellidada Ávila Cortés, cuyo aparente papel era ayudarles en la creación de las empresas.
Además, en la banda había personas dedicadas al almacenamiento de dinero, labores logísticas o de transporte, entre estas tres mujeres (Fernández Vargas, Guillén Sánchez y Espinoza Carazo), así como cuatro hombres (Montaño Mosquera, López Cobo, Segura Aguilar y Guillén Ulloa). El último de los sujetos tiene 83 años, por lo que a él la Fiscalía le identificó y se dispuso su libertad.
Todos ellos, junto a los 16 funcionarios públicos, son investigados por los presuntos delitos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor, indicó la Fiscalía, que agrupa el caso en el expediente 19–000129–0622–PE.
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Información actualizada a las 7:34 p. m. con más datos.