El juicio contra los supuestos integrantes de Los Gery, una de las bandas delincuenciales más peligrosas de La Unión, en Cartago, entró en la recta final. Desde la semana pasada la Fiscalía inició la etapa de conclusiones, en la que dará a conocer las penas que pretende imponer contra los 25 acusados en la causa 18-000817-0071-PE.
Los miembros de la organización, cuyos líderes son dos hermanos de apellidos Campos Barrantes, enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos conexos. El debate se desarrolla en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José. Del total de acusados, 11 están privados de libertad y 14 permanecen libres.
Los Gery dominan la venta de sustancias ilícitas en La Unión y, junto con la organización de alias Gordo Julio y la banda de los Chacales, se disputan territorios con los Maruja, el grupo criminal más influyente de la Vieja Metrópoli.
Un primer juicio fue anulado y el segundo, iniciado hace casi diez meses, acumula una cadena de retrasos. El principal obstáculo fueron ocho órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud contra el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, que impidieron el traslado de los imputados.
Solo en febrero, por citar un ejemplo, el proceso perdió 16 audiencias, considerando las sesiones de mañana y tarde.
El Ministerio de Justicia confirmó a La Nación que las órdenes obedecieron a brotes de diarrea dentro del penal. “Ante la confirmación de dicha enfermedad con sintomatología en algunas personas privadas de libertad, la autoridad sanitaria emitió las medidas necesarias para evitar la propagación”, respondió la institución al tiempo que precisó que se ordenó “suspender el traslado, ingreso y egreso de personas” de los módulos afectados.
Justicia también señaló que el Centro Nacional de Atención Específica fue objeto de una orden similar durante ese periodo, por las mismas causas. En tribunales de Cañas, Cartago y el II Circuito Judicial de Goicoechea, la Corte Suprema de Justicia confirmó que se suspendieron debates durante febrero por órdenes contra otros centros penales. En Hatillo fueron tres los juicios afectados.
Sobre el seguimiento dado a esos casos, Salud detalló que aplicaron “una vigilancia epidemiológica estricta y permanente”, que incluyó “el seguimiento clínico diario” de los casos confirmados y el “aislamiento preventivo”. Actualmente, indicó la cartera, el CAI Jorge Arturo Montero no tiene órdenes sanitarias vigentes que limiten el traslado de privados de libertad.
Queja de la defensa
Marlon Arias, abogado defensor de dos de los imputados, dijo que “este juicio ha sido muy accidentado. Un debate programado para cinco meses lleva ya nueve”.
El abogado también apuntó que desde el inicio el tribunal fue “renuente a colaborar con la celeridad, al negarse a la aplicación de procedimientos abreviados que ya habían sido pactados con el Ministerio Público” y que en el segundo debate, con una integración diferente, “se han dado infinidad de circunstancias que han dilatado muchísimo su desarrollo”.
El martes 28 de abril, una pelea entre dos de los acusados provocó un nuevo retraso de varias horas. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos fueron ubicados en la misma celda y, “como parte del protocolo, se le consultó a uno de ellos si tenía algún inconveniente con otros privados de libertad, a lo cual, presuntamente, indicó que no”. Al ingresar, fue agredido por el otro.
El OIJ precisó que “no se contaba con referencia de incidentes previos o conflictos entre estos”. El agredido portaba lentes al momento de la agresión, lo que le provocó una herida en la ceja derecha, recibió atención en el área de celdas y fue trasladado a la Clínica Carlos Durán, para luego regresar a la audiencia.
El juicio ya entró en la fase de conclusiones, por lo que el dictado de sentencia debería ocurrir en los próximos días, si no hay más atrasos.