Por segunda vez en tres meses, el Ministerio de Justicia y Paz reportó un faltante de tobilleras para monitorear a los privados de libertad que reciben este beneficio.
El Ministerio avisó este martes al Poder Judicial sobre el asunto, para “que se tomen las medidas necesarias en lo que en materia penal corresponde”.
“La empresa conoce nuestras demandas en cuanto al servicio contratado; ellos deben garantizarnos el abasto. En estos momentos tenemos personas a la espera de que les coloquen el dispositivo”, declaró José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social.
Bermúdez, quien calificó la situación como “crítica”, detalló que coordinaron con jueces para pedirles que apliquen, de momento, medidas alternas al monitoreo electrónico.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de las tobilleras, atribuyó el faltante a un atraso en la entrega por parte del proveedor, la compañía suiza Geosatis, que tuvo un problema de producción a gran escala.
Según la entidad, el próximo martes llegarán al país 40 kits y 20 cargadores, además de un encargo adicional la semana siguiente.
No obstante, la ESPH señaló que no dejó de entregar los aparatos, pues está reutilizando algunos que el Ministerio de Justicia devolvió por averías, debido a que no hubo “una revisión técnica que confirme si en efecto el dispositivo está dañado”.
El anterior desabastecimiento trascendió el 6 de junio y duró dos días, periodo en el que se suplieron las necesidades con devoluciones.
Esa situación provocó, por ejemplo, que un joven tuviera que permanecer en su casa hasta recibir su tobillera, mientras era llamado y visitado con frecuencia por las autoridades.
En aquel momento, Justicia y la empresa herediana se culparon mutuamente. Algo que ha sido recurrente entre las dos instituciones desde que el contrato fue adjudicado en el 2016, por un costo cercano a los $18 diarios por tobillera.
El Ministerio alega que la ESPH incumplió la relación contractual, por lo que inició un procedimiento administrativo ordenado por la Contraloría General de la República (CGR).
La ministra de Justicia, Marcia González, detalló en julio a este medio que en el último año habían enviado 59 notas a la empresa.
Algunos de los señalamientos advierten sobre la ausencia de un software para cruce de datos, incumplimiento con la entrega de tobilleras según las tallas requeridas y el desabastecimiento.
A 1.° de agosto pasado, 1.515 personas eran monitoreadas mediante ese sistema, que cuesta cerca de $700.000 mensuales.
Según datos del Ministerio de Justicia, en los primeros cuatro meses del 2019 un 1,17% de los privados de libertad bajo esta modalidad reincidieron en delitos.
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