Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial, y Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los tres nombres figuran en el expediente 18-000159-0033-PE correspondiente a la investigación por el denominado hueco presupuestario, junto al del exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera, el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; así como la actual jerarca de esa cartera, Rocío Aguilar Montoya.
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A los seis se les sigue causa por el delito de incumplimiento de deberes, en un proceso que se inició 14 de agosto del 2018, informó la oficina de prensa del Ministerio Público. La denuncia fue interpuesta por dos personas cuyos nombres no trascendieron.
“Dichas personas fueron señaladas por los denunciantes como presuntos responsables de los hechos, algo que se podrá establecer o descartar una vez que se concluya la investigación que está en curso”, agrega el Ministerio Público.
Llaman la atención, principalmente, los nombres de Sobrado y Cruz, pues las entidades que dirigen no tendrían relación con decisiones de Hacienda.
Por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial se informó que a la Presidencia de la Corte no ha llegado ninguna notificación en relación con la causa, razón por la cual, Cruz no se referirá el tema.
Tampoco ha llegado algún escrito al despacho del presidente del TSE, como confirmó el vocero de esa institución Gustavo Román.
“El TSE, como institución, y don Antonio (Sobrado), como funcionario, no tienen ninguna intervención en la elaboración del presupuesto de la República”, manifestó.
Él atribuyó la inclusión de los nombres de Sobrado y Cruz a desconocimiento de los denunciantes en relación con la aprobación del presupuesto.
El hueco presupuestario consistió en un faltante de ¢600.000 millones que el anterior gobierno dejó para el año 2018, pese a los indicios de que el plan de gastos resultaría insuficiente para pagar el servicio de la deuda interna, a corto y largo plazo.
Esta situación dio origen a que, posteriormente, Hacienda pagara deuda por ¢400.000 con fondos que no fueron autorizados por el Congreso.
Investigaciones
Por estos hechos, la Comisión de Ingreso y Gastos Públicos del Congreso determinó que deberían ser sujetos de sanciones civiles y penales el expresidente Solís; Helio Fallas; la tesorera nacional y exviceministra de Hacienda, Marta Cubillo; la exdirectora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y el actual director de esta última dependencia, Melvin Quirós.
Los diputados recomendaron inhabilitar a Solís para ejercer cargos públicos por cuatro años.
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Además, consideran que podrían existir faltas civiles por parte de la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pagara sin tener realmente contenido presupuestario.
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También la Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo contra cinco funcionarios: Fallas y Aguilar, así como la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
