La mayoría de los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos recomendó inhabilitar al expresidente Luis Guillermo Solís para ejercer cargos públicos, por cuatro años, debido al hueco de ¢600.000 millones que su gobierno dejó en el presupuesto para pagar deuda pública en el 2018.
El informe de la investigación al respecto concluye que el político del PAC ocultó el tamaño real de la deuda por motivos electorales, a un año de las elecciones nacionales.
A la vez, los legisladores solicitaron al Ministerio Público investigar la posible comisión de delitos por parte de siete funcionarios públicos involucrados en el caso del hueco presupuestario pues, según la Comisión, incurrieron en incumplimientos civiles y penales.
Tras finalizar una investigación, que se inició en agosto de 2018, los diputados de oposición determinaron que podrían recaer sanciones civiles y penales sobre el expresidente Solís; el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; la tesorera nacional y ex viceministra de Hacienda, Marta Cubillo; la exdirectora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y el actual director de esta última dependencia, Melvin Quirós.
Además, consideran que podrían existir faltas civiles por parte de la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, cuya administración tuvo que pagar ¢400.000 millones a acreedores sin contenido presupuestario, es decir, sin que el Congreso hubiese autorizado el gasto debido a la omisión del gobierno anterior.
Sobre los señalamientos contra la funcionaria de Hacienda, el diputado Erick Rodríguez hizo la salvedad de que no existe tal grado de culpa por haber heredado las consecuencias de la falta de previsión.
El gobierno de Solís también pagó unos ¢188.000 millones sin permiso legislativo en febrero y marzo del 2018, según dio a conocer este medio en agosto pasado.
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El informe de mayoría fue aprobado por los diputados Yorleny León (PLN), Pedro Muñoz (PUSC), Jonathan Prendas (Nueva República), Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), Erick Rodríguez (independiente), Otto Roberto Vargas (Republicano), Luis Fernando Chacón (PLN) y Franggi Nicolás (PLN).
Los diputados sostiene que Luis Guillermo Solís se fundamentó en razones político-electorales para no presentar, al Congreso, un presupuesto lo suficientemente grande como para pagar la deuda pública que se había acumulado para el 2018.
Por el mismo motivo, añaden, no presentó a tiempo, en este caso en enero a un mes de la elección presidencial, un presupuesto extraordinario para cubrir el faltante.
Desde enero del 2018, el gobierno de Solís se gastó todo el contenido presupuestario para pagar a los acreedores las deudas de corto plazo porque no solicitó suficiente dinero en el Presupuesto Nacional que le presentó al Congreso, lo que a su vez le permitió exponer al público un plan de gastos de menor tamaño.
[Gobierno de Solís usó decreto para tapar pagos de deuda que carecían de aval del Congreso]
La situación empeoró porque, a finales del 2017, el Ejecutivo obtuvo recursos mediante deudas de cortísimo plazo que debía honrar a principios del año siguiente.
De hecho, concluyen los diputados, el 14 de marzo del 2018 Solís firmó el decreto 40.995, con el cual redujo en casi ¢413.000 millones el presupuesto para pagarles a los acreedores con títulos de de largo plazo, con el fin de incrementar el presupuesto para amortizar deuda de corto plazo.
“Si lo firmó es porque sabía perfectamente que la partida de amortización de la deuda a corto plazo estaba en cero y que, adicionalmente, se habían hecho pagos de forma ilegal y de ahí la necesidad pública del decreto. Esto nos hace pensar que su intención real era ocultarle a estos diputados y diputadas, así como a la población costarricense, este hecho sin precedente alguno en el manejo de la hacienda pública”, afirman los legisladores de oposición.
La diputada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, presentó otro informe, de forma independiente, en la cual acusa como presunto responsable al director de Crédito Público, Melvin Quirós.
En una comparecencia previa, Luis Guillermo Solís había negado que razones políticas y electorales motivaran a su administración a no presentar el presupuesto extraordinario a inicios de 2018, cuando su partido político, Acción Ciudadana, se jugaba la oportunidad de una segunda administración.
Este medio procuró obtener reacciones de Solís, Fallas, Aguilar y Cubillo, pero al cierre de edición no había sido posible.
Las peticiones
El informe de mayoría solicita a la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitar para ejercer cargos públicos, por al menos cuatro años, a Solís, Fallas y a Cubillo, así como a los funcionarios públicos que resulten responsables, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994.
No obstante, este mismo 23 de abril, trascendió que la Contraloría General (CGR) abrió un procedimiento disciplinario que no incluye al exmandatario.
El proceso de la GCR incluye a Helio Fallas, Marta Cubillo y a Rocío Aguilar, actual ministra de Hacienda, así como al director de Crédito Público, Melvin Quirós; y a Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
Al Poder Ejecutivo, los diputados de oposición le solicitan presentar un informe consolidado sobre los errores que causaron este fallo en el presupuesto de la República y los pagos ilegales que se llevaron a cabo, junto con los responsables, propuestas sobre la forma en que se abordarán, se prevendrán y corregirán este tipo de situaciones.
Al Ministerio de Hacienda, le piden abrir procedimientos administrativos contra los responsables.
Las conclusiones fueron leídas en el Salón de Beneméritos del Congreso, a dos días de que se devele el retrato de Solís en el salón del Expresidentes el próximo jueves.
La mayoría de diputados concluyó que Luis Guillermo Solís evadió su responsabilidad de prever y enviar al Congreso un presupuesto extraordinario que habría evitado caer en el pago de deuda sin contenido presupuestario, lo que consideran ilegal.
Además, lo acusan de ocultar a los diputados y a la población el manejo de la hacienda pública al firmar un decreto que permitió el traslado presupuestario de una partida a otra para evitar solicitar al Congreso una nueva autorización de gasto.
Yorleny León, diputada del PLN, afirmó sobre lo ocurrido: “Es un hecho inédito y sin precedentes... Se gestó al más alto nivel... Gestaron acciones en función de tiempos electorales, dónde esos tiempos electorales permitían tomar acciones sin considerar que meses después ese mismo partido iba a ocupar la Presidencia de la República”.
Legisladores: ‘Vicepresidente Fallas fue negligente’
Sobre el exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República, Helio Fallas, los congresistas consideraron que “evadió su responsabilidad de presentar un presupuesto extraordinario, aduciendo que no tenía un “dato exacto”, supuesto que fue rebatido por la contralora Marta Acosta y funcionarios de Hacienda que acudieron a comparecer en dicha comisión legislativa.
“El exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República, Helio Fallas, actuó de forma negligente y no fue cuidadoso con los recursos públicos”, señala el informe.
En términos generales, los diputados concluyen que el hueco fiscal ha sido un “accidente hacendario”, que expuso al país a un “default” y no puede quedar impune una gestión de esta naturaleza.
“Si bien es cierto la responsabilidad final es del exministro Fallas como último jerarca, es inconcebible que el Ministerio de Hacienda cuente con funcionarios que puedan hacer incurrir en un error al máximo jerarca”, se lee en las conclusiones.
Los diputados cuestionaron a los actores de la formulación de este presupuesto y a los responsables del pago de la deuda, incluido Fallas y Cubillo, las motivaciones para no presentar a tiempo un presupuesto extraordinario para cumplir legalmente con las obligaciones.
Por esa razón, la administración Alvarado Quesada terminó pagando deuda sin autorización del Congreso, por lo que los diputados iniciaron la investigación.
Aunque Helio Fallas achacó a los mandos medios la falta de la previsión, el actual director de Crédito Público, Melvin Quirós, dijo a los diputados que los jerarcas conocían de las carencias presupuestarias porque así lo advirtió su departamento desde febrero de 2018.
Esas advertencias constan en correos electrónicos que la misma Cubillo aportó a la Comisión de Ingreso y Gasto.
Adicionalmente, los diputados hicieron un llamado al actual presidente de la República, Carlos Alvarado, por haber justificado el pago de deuda sin contenido presupuestario en su administración.
“Exigimos respeto a la división de poderes y a las funciones constitucionalmente atribuidas de forma exclusiva a la Asamblea Legislativa. Este Parlamento, en representación del pueblo, no permitirá ni avalará nunca acciones en contra del ordenamiento jurídico y, mucho menos, la usurpación de sus funciones, como ha quedado demostrado en el presente informe, ocurrió con los pagos sin autorización legislativa llevados a cabo y defendidos por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada”, dicen.
Investigaciones en curso
El caso denunciado por los diputados es actualmente investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que la investigación de este caso se encuentra en la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de prueba. Esta fase es de carácter privada, y, por ley, no tiene un plazo definido para finalizar.
Por otro lado, la Casa Presidencial desistió de investigar los posibles responsables de este caso.
Desde agosto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, solicitó al Consejo de Gobierno investigar los hechos. Sin embargo, Zapote decidió dejar en manos de la CGR dicha investigación “para evitar duplicidades y resguardar la confidencialidad de la investigación".
Inicialmente, la Presidencia indagó a Hacienda sobre las actuaciones de la actual tesorera nacional, Marta Cubillo, quien habría recibido múltiples advertencias de la inminente falta de contenido presupuestario para el pago del servicio de la deuda.
Por eso, el Secretario del Consejo de Gobierno, Carlos Elizondo, solicitó a Hacienda una relación de hechos sobre el caso, respuesta que le fue remitida en noviembre del año pasado y con ello cayeron las intenciones de investigar a Cubillo.
“Hacienda respondió aportando copia de las actas de la comparecencia de la ministra en la Asamblea Legislativa, e indicando que informó sobre el tema a la CGR, quien se encuentra realizando una investigación sobre los hechos, por lo que, en virtud de esto último, se informó a la ministra de Hacienda que el Consejo de Gobierno esperará el resultado de la investigación de la CGR, por ser esta entidad la rectora del sistema de fiscalización, no caer en duplicidades y resguardar la confidencialidad del investigación”, respondió la Presidencia a la consulta de La Nación, en febrero de este año.
Como tesorera nacional, Cubillo es la responsable de pagar a nombre del Estado. Su nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno y solo se puede remover de su cargo con justa causa.