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Pendiente de pago fue equivalente al 14,7% de la reserva del fondo en 2021, pero era de 0,6% previo a que Directiva de la Caja subiera contribución del Estado de 0,58% a 1,24%

División Jurídica de la Contraloría se apartó de orden emitida en abril de 2020 por la entonces subcontralora Silvia Solís, de abrir un procedimiento administrativo contra el exmandatario.

Cuando la administración Solís movía cielo y tierra para allegar recursos para Bancrédito, ya era obvio el destino del fallido banco y su falta de utilidad para el Estado y la sociedad.

Jorge Luis Pinto declaró en juicio de jugadores contra exdirigentes de Fedefútbol / Fiscalía allanó Hacienda por inversiones del gobierno de Luis Guillermo Solís en Bancrédito / Empresa tica ofrece 150 puestos para teletrabajo en ingeniería informática y áreas de administración.

El expresidente Solís y el exministro Sergio Alfaro figuran como investigados; Ministerio Público también allanó las casas del exvicepresidente Helio Fallas y del subtesorero nacional, Mauricio Arroyo.

El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera manifestó, por medio de su cuenta de Facebook, que rechaza los cargos que se le achacan por “posibles actuaciones u omisiones” que provocaron, en 2018, un hueco de ¢600.000 millones en el pago de bonos de la deuda pública del país.

Cuatro de los cinco funcionarios y exfuncionarios señalados por el ente contralor recurrieron el documento que se les notificó hace una semana; la exministra Rocío Aguilar no presentó ningún reclamo.

Los otros investigados son la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.

En febrero del 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el Ministerio de Hacienda se sabía con claridad que existía un faltante “real” en el presupuesto para pagar la deuda pública de ese año y que la única manera de solventarlo era solicitarle al Congreso una autorización de gasto extraordinario, gestión que nunca hizo.

La división Jurídica de la CGR convocó a Fallas y a otros cuatro funcionarios y exfuncionarios de Hacienda como parte de la investigación para sentar responsabilidades por el pago de deuda pública sin permiso legislativo.