El gobierno de Luis Guillermo Solís gastó en enero la totalidad del dinero que presupuestó para saldar deuda pública de corto plazo durante el 2018 y, como había subestimado el monto requerido, empezó a pagarles a los acreedores sin tener contenido presupuestario.
Es decir, pagó deuda sin que el Congreso le aprobase un incremento en la partida para ello y sin que el país lo supiera.
Solo entre febrero y marzo, Hacienda desembolsó ¢211.000 millones a los acreedores sin autorización legislativa: ¢154.000 millones en febrero y ¢57.000 millones en marzo.
Así se desprende de un reporte sobre los pagos hechos cada mes. Solo en enero, el gobierno Solís debió desembolsar ¢373.000 millones a los acreedores y había presupuestado ¢372.000 millones.
¿Qué hizo entonces? En vez de avisar a la Asamblea Legislativa, el entonces presidente Luis Guillermo Solís y el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, emitieron un decreto tardío para trasladar, a la partida de bonos de corto plazo, ¢413.000 millones provenientes de la partida de largo plazo.
Según informó el Ministerio de Hacienda, con el decreto, el gobierno trató de cubrir las amortizaciones que hizo durante febrero y marzo, cuando se había agotado el monto que presupuestó para todo el año.
El problema es que el decreto empezó a regir el 6 de abril, aunque fue firmado el 14 de marzo.
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“El traslado presupuestario empezó a regir en abril y con este traslado se aplicaron los registros presupuestarios de los meses de febrero y marzo”, apuntó Melvin Quirós, director de la oficina Crédito Público de Hacienda.
Según apuntó la Contraloría General de la República, los decretos solo pueden ser retroactivos cuando lo consignen explícitamente.
En este decreto, no se establecía un efecto retroactivo y entró en vigor después de que los pagos fueron realizados.
La Contraloría respondió a La Nación, sin referirse a un asunto específico. Actualmente, este órgano investiga el hueco presupuestario que dejó el gobierno anterior a la administración de Carlos Alvarado.
El asunto salió a la luz pública cuando el gobierno de Alvarado entró y se encontró sin contenido presupuestario, lo que lo obligó a pagar deuda sin aval legislativo.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, solicitó entonces al Congreso un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones que escandalizó a los actuales diputados que desconocían la forma en que Fallas administró las finanzas del Estado.
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¿Qué es un pago sin contenido presupuestario?
Esta es una forma de explicar lo acontecido:
Cada año, el Ministerio de Hacienda solicita a la Asamblea Legislativa una autorización de gastos en la que incluye salarios, pensiones, inversiones, intereses de deuda y amortización de deuda pública.
La amortización consiste en devolverle al financista la totalidad del dinero que le prestó al Gobierno; existen de dos tipos: de corto plazo (menos de un año) y de largo plazo (más de un año).
Al gastar más de lo que recibe, el Ejecutivo se endeuda cada vez más.
Para financiar las operaciones del año pasado, el gobierno adquirió una gigantesca deuda de corto plazo que debía pagar en los primeros meses de 2018. No obstante, subestimó la cifra en el presupuesto que presentó a la Asamblea para cubrir esa obligación.
Solo en el segundo semestre de 2017, el gobierno colocó títulos de corto plazo por ¢891.000 millones, los cuales en su mayoría vencían en el primer trimestre de 2018. Esa cifra está muy por encima de los ¢372.000 millones que presupuestó para esa amortización.
De acuerdo con los datos de Crédito Público, en enero de este 2018, los pagos de corto plazo ascendieron a ¢373.000 millones, lo cual agotó de inmediato la autorización para todo el año.
Fue por eso que, entre marzo y febrero, Hacienda pagó ¢211.000 millones sin contenido presupuestario y, luego, emitió un decreto para cubrir la operación anterior y financiar el resto del año con dinero de la partida de corto plazo.
No obstante, como la deuda de largo plazo es más previsible, el gobierno sí presupuestó un monto más realista, pero al quitarle ¢413.000 millones, el monto autorizado se agotó también en junio.
A partir de ese mes, la administración Alvarado empezó a amortizar deuda de corto y largo plazo, más allá de lo que inicialmente la Asamblea Legislativa había avalado, es decir, sin autorización.
Por eso, se vio en la obligación de pedir a la Asamblea Legislativa un aval por ¢600.000 millones para cubrir la deuda del resto del año.