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El expresidente Luis Guillermo Solís enfrenta una investigación por el delito de incumplimiento de deberes en relación con el hueco de ¢600.000 millones que su gobierno dejó en el presupuesto para pagar deuda pública en el 2018.
El Ministerio Público lo confirmó este martes ante consulta de La Nación, siete días después de que una comisión legislativa recomendara investigarlo por este hecho e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante cuatro años.
El artículo 339 del Código Penal castiga “con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, en su informe del martes 23 de abril, concluyó que luego de investigar lo sucedido con el hueco en el presupuesto, también podrían recaer sanciones civiles y penales, además, de Solís, sobre el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas; la tesorera nacional y ex viceministra de Hacienda, Marta Cubillo; la exdirectora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y el actual director de esta última dependencia, Melvin Quirós.
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Los diputados, que comenzaron a investigar en agosto pasado este caso, sostienen que Solís se fundamentó en razones político-electorales para no presentar, al Congreso, un presupuesto lo suficientemente grande como para pagar la deuda pública que se había acumulado para el 2018.
Por el mismo motivo, añaden, no presentó a tiempo, en este caso en enero de ese año, a un mes de la elección presidencial, un presupuesto extraordinario para cubrir el faltante.
"Nos hace pensar que su intención real era ocultarle a estos diputados y diputadas, así como a la población costarricense, este hecho sin precedente alguno en el manejo de la hacienda pública”, concluye el informe de los legisladores de oposición. De nueve miembros de la comisión, solo Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), votó en contra.
Solís, por medio de su Facebook, manifestó a las 8:35 p.m. de este martes que se enteró mediante medios de comunicación de la decisión de la Fiscalía de iniciar de oficio investigación relacionada con los problemas presupuestarios que experimentó el país a inicios del 2018.
“Estimo que esta es una oportunidad valiosa para aclarar y despejar dudas sobre las decisiones técnicas adoptadas durante mi administración, para atender una situación presupuestaria que es expresión de la fragilidad que arrastra la economía desde hace décadas”, indicó el exmandatario.
Asimismo, el jueves 25 de abril, horas antes de develar su retrato en el Salón de Expresidentes de la República, en la Asamblea Legisltativa, negó cualquier responsabilidad.
“Mi Gobierno actuó con absoluta responsabilidad para impedir que el déficit estructural golpeara los bolsillos de los costarricenses, especialmente en diciembre del 2017”, expresó el exmandatario en una conferencia de prensa en la casa del Partido Acción Cuidadana (PAC), en San Pedro de Montes de Oca.
Enfatizó que desconocía la situación: “Es preciso reiterar que nunca fui informado por el responsable de Crédito Público de Hacienda de que había un riesgo de hacer pagos sin contenido presupuestario. También, entiendo que no lo fueron otros jerarcas del Ministerio de Hacienda”.
También descartó que la señalada subestimación del presupuesto 2018 se debiera intereses político-electorales.
“Si en algo insistí fue en no convertir a la Presidencia, como lo había sido a lo largo de muchos años antes, en una fuente de recursos que hubiese sido para favorecer a algún partido político en una campaña electoral”, dijo.
El 31 de julio del año pasado, Hacienda destapó el faltante de dinero para pagar deuda al enviar al Congreso un presupuesto extraordinario.
“Con el objetivo de subsanar un faltante en los recursos contemplados originalmente en el presupuesto para el 2018 que se aprobó el año anterior en relación con la amortización de la deuda interna, el Poder Ejecutivo remitió hoy un presupuesto extraordinario por ¢600.044,99 millones a la Asamblea Legislativa”, informó ese día la entidad, por medio de un comunicado de prensa.
Información actualizada a las 9 p.m.
