La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, concluyó que el gobierno de Luis Guillermo Solís aumentó el riesgo para las finanzas públicas por el gigantesco hueco que dejó en el presupuesto para pagar deuda pública durante el 2018.
Además, agregó que dejó “sin margen de acción” a la administración de Carlos Alvarado.
“Los efectos colaterales en la imagen frente a los acreedores nacionales e internacionales se ha hecho sentir, generando la duda del pago oportuno de sus acreencias”, explicó la ministra.
Aguilar compareció este jueves ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, los cuales investigan el faltante en el presupuesto para devolver a los inversionistas el dinero que le prestaron al Gobierno.
En su exposición, Aguilar, señaló los hallazgos que la llevan a esas conclusiones:
-El Presupuesto Nacional 2018 fue confeccionado con una subestimación de ¢300.000 millones, la cual surgió por la expectativa de renegociar con los acreedores de bonos un canje por esa cifra (el canje consistía en ofrecer títulos de más largo plazo con cierta tasa de interés, con lo que se evita pagar el dinero prestado).
“Las proyecciones de deuda interna no incorporaron un análisis adecuado de los riesgos (...). Era aconsejable actuar de forma más prudente en la formulación del presupuesto", dijo Aguilar.
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-El gobierno anterior debió presentar un presupuesto extraordinario desde enero. Según Aguilar, había suficientes elementos para actuar de inmediato porque, en ese mes, ya no había contenido presupuestario para el pago de deuda de corto plazo.
“Lo pertinente en el mes de enero era un presupuesto extraordinario porque ya se conocían los antecedentes del último trimestre, y no una modificación que se hace con posterioridad, sobre todo porque la modificación debilita el contenido de largo plazo”, dijo.
En vez de eso, el expresidente de la República Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas, realizaron pagos sin contenido presupuestarios y firmaron un decreto para realizar una modificación presupuestaria que cubriera esos pagos.
“No adoptar esa medida (presupuesto extraordinario) y no advertir de manera clara la dimensión del problema presupuesto creado, anuló el margen de acción para las nuevas autoridades”, adujo la jerarca.
Aguilar recalcó que, aún si el gobierno hubiese podido ser exitoso en los contratos de colocación por $1.500 millones en marzo, para esa fecha ya no había contenido presupuestario y no pudieron ser retroactivos.
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Rocío Aguilar explicó que “una cosa es la previsión presupuestaria y otra la liquidez del mercado”.
-En marzo, se decretó un traslado presupuestario de deuda de largo plazo para cubrir la deuda de corto plazo, lo cual puso en riesgo el contenido de la primera que terminó por agotarse en junio. Por esa razón, Aguilar sostuvo que lo que correspondía era presentar un presupuesto extraordinario para cubrir el hueco.
-Como el decreto no fue retroactivo y se aplicó de manera posterior a pagos sin contenido presupuestario que se hicieron en febrero y marzo, será un “reto” para la liquidación presupuestaria porque no está claro si cubre esos pagos. Haber hecho esas amortizaciones implica responsabilidad.
“Es claro que hacer un pago que no está autorizado es un hecho que causa responsabilidad y habrá que determinar bajo qué condiciones”, agregó.
Al final, el hueco presupuestario superó los ¢600.000 millones porque el gobierno anterior colocó, a finales del año pasado, muchos más bonos de corto plazo de los previstos, lo que obligó a pagar a los inversionistas el dinero prestado este año.
Aguilar adelantó que, desde el 7 de agosto, presentó al Consejo de Gobierno una lista con los nombres de las personas que, por responsabilidad, están involucradas en este proceso. Alegó que prefiere que sean otros órganos los que investiguen el caso.
Actualmente, la Contraloría General de la República se encuentra investigando el caso.
Los diputados de la Comisión adelantaron, la semana anterior, que las conclusiones del informe se enviarían a la Procuraduría Ética Pública y al Ministerio Público.
En esta comisión, también compareció la directora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, quien aseguró que la responsabilidad de presentar el presupuesto extraordinario era del jerarca de Hacienda. Ese puesto lo ocupó Helio Fallas durante la administración anterior.
La funcionario añadió que los presupuestos ordinario y extraordinarios se presentaron de acuerdo con los procedimientos establecidos. Sin embargo, aseguró que la formulación de los anteproyectos son responsabilidad de los jerarcas de las instituciones y no de su dirección.
Sin embargo, la directora de Presupuesto dijo a los diputados que no le corresponde a su dirección calendarizar el envío de presupuestos.
En la sesión participaron los diputados Jonathan Prendas, Xiomara Rodríguez, Yorleny León, Fernando Chacón, Erick Rodríguez, Otto Vargas, Pedro Muñoz y Paola Vega.