Hugo Solano C.. 14 agosto
El jueves 6 de agosto una oficial de la Policía testificó en el juicio contra 11 integrantes de una de las bandas narco más sangrientas en el país. Foto: La Nación.
El jueves 6 de agosto una oficial de la Policía testificó en el juicio contra 11 integrantes de una de las bandas narco más sangrientas en el país. Foto: La Nación.

El incremento de privados de libertad contagiados por el virus que produce la covid-19 obligó a suspender temporalmente el segundo juicio contra 11 integrantes de la banda de El Gringo, acusados de asesinar a Frank Alfaro Murillo y Eduard Bedoya Llanos, en diciembre del 2017.

La suspensión se tomó en acatamiento a una orden sanitaria dictada por el Ministerio de Salud al de Justicia el pasado 8 de agosto, luego de que se tuvo el primer deceso de un privado de libertad por covid-19.

Cuando las autoridades obligaron a poner en cuarentena varios centros penitenciarios, ya los diez testigos que se tenían en este debate habían sido escuchados por las partes y el juicio se encontraba en la fase de admisión de prueba documental.

Como la medida se exigió para algunos centros de La Reforma en San Rafael de Alajuela y también para el Centro de Atención Institucional (CAI) de San José, que queda en San Sebastián, resulta imposible trasladar a varios de los acusados que están en prisión preventiva en dichas sedes.

Originalmente el debate finalizaría el 28 de agosto, pero a raíz de esta situación, el Tribunal Penal de Alajuela dispuso su continuación para los días 3, 4, 7 y 11 de setiembre.

“Eso va a depender de la disponibilidad del equipo de videoconferencia en los centros penales Carlos Luis Fallas, en la Reforma y el CAI San José”, indicó el Poder Judicial por lo que se espera que este proceso penal siga, pese a las dificultades presenciales.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, por su parte, no conoce cuándo entrarán en la etapa de conclusiones.

Medidas en dos flancos

El juicio se ha venido desarrollando en el auditorio del Poder Judicial, con el fin de respetar el distanciamiento y demás medidas sanitarias por la pandemia.

Debido a que se trata de once acusados, a los que se suman fiscales, defensores, jueces, testigos, público, personal administrativo y decenas de custodios, era imposible ejecutarlo a cabalidad, incluso en las salas de juicio más grandes con que cuenta el complejo judicial.

Además, lo peligroso de esa agrupación, una de las más sangrientas de las últimas décadas y a la que se atribuyen al menos diez asesinatos por luchas para adueñarse de territorios para la venta de drogas, requiere una vigilancia estricta en el auditorio.

Como los custodios deben turnarse en sus funciones a lo largo del debate, hay que contar con suplentes.

Al parecer, muchos privados de libertad se han contagiado del virus Sars CoV-2 durante los traslados y permanencia fuera de las celdas, razón por la cual las autoridades sanitarias exigieron poner en cuarentena varios centros penitenciarios.

Hasta este viernes 14 de agosto un total de 125 funcionarios del Ministerio de Justicia han sido contagiados con el nuevo coronavirus, así como 280 privados de libertad. Es decir en total 405 personas.

De ellas, lo tienen en fase activa 212 reos y 101 funcionarios.

Segundo debate

A raíz de la pandemia, el primer juicio, que había empezado en marzo de este año, fue anulado y por eso se retomó el pasado 28 de julio con un nuevo tribunal integrado por Lucrecia Rivas, Beatriz Paniagua y Mario Rodríguez Villegas.

Ese Tribunal ya se encuentra redactando la sentencia en el caso de una integrante de la banda que el día que comenzó el juicio aceptó los cargos para someterse a un proceso abreviado. Una vez concluido ese proceso se dará a conocer la pena impuesta.

Se trata de una mujer de apellidos Jiménez Cordero, conocida como Techno Queen, de 43 años, quien se encargó de seducir a Frank Alfaro Murillo, una de las víctimas, e invitarlo a una cita en Belén de Flores, en una casa de lujo que tenía la red narco, donde otros integrantes se encargaron de asesinarlo.

Los inconvenientes implican altos costos de operación y variantes que obligan a conciliar agendas de las partes ,a efecto de evitar que nuevamente se llegue a una anulación, pues el Código Procesal Penal establece un plazo máximo en que un debate pueda suspenderse.