La constructora MECO habría creado una red de pago de sobornos en al menos ocho municipalidades a cambio de los cuales ganó contratos para construir y reparar calles, hacer aceras y parques. También habría logrado que los funcionarios le hicieron pagos por adelantado de facturas o que ordenaran un inicio anticipado de las obras, reveló el Ministerio Público.
Entre las dádivas que habrían recibido los sospechosos están dinero en efectivo, vehículos y arreglos de sus viviendas, dice el resultado de la denominada Operación Diamante, que llevó al arresto de seis alcaldes este lunes 15 de noviembre.
Se trata de Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), Alberto Cole de León (Osa) y Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Los otros municipios intervenidos son los de Siquirres y Golfito, cuyos jerarcas no fueron apresados.
Los allanamientos abarcaron la oficina MOPT-BID y la empresa Explotec –procesadora de mezcla asfáltica– la cual “al parecer obtuvo licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José”, según la Fiscalía. El propietario de Explotec, de apellidos Cruz Porras fue detenido, al igual que un empleado de MECO de apellidos Gutiérrez Vargas.
Glen Calvo Céspedes, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), calificó como “estructura criminal” lo descubierto en esta investigación. “Efectivamente hay una estructura criminal debidamente estipulada, de tal manera que funcionarios de MECO ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones y dialogaban directamente con los funcionarios municipales con el fin de poder influir directamente, tanto para la adquisición de las licitaciones como para la adquisición, eventualmente, de trabajos de contratación rápida, así como también para la agilización de las facturas y los pagos”.
Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO, y otro hombre de apellidos Bolaños Salazar, también serían parte de la investigación. Tanto ellos como Gutiérrez Vargas tienen en común que también están vinculados con el Caso Cochinilla, que investiga corrupción en contratos viales financiados con dinero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
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Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reafirmó lo dicho por el fiscal Glen Calvo. Explicó que MECO era el punto concéntrico de la estructura y las municipalidades sus satélites. La relación de la constructora con los funcionarios era puntual con cada funcionario, no a nivel grupal.
“Se logró establecer que es este grupo (el de MECO) el que se acerca, tiene conexiones, mantiene comunicaciones y hace acuerdos con las distintas municipalidades y con los diferentes funcionarios públicos que tienen algún tipo de vinculación o posibilidad de determinar acciones en el tema de la licitación pública. Eso significa que las municipalidades funcionan como enclaves separados, no es que haya conexiones entre la Municipalidad de Osa y la de Cartago o que haya vínculos de orden criminal entre la Municipalidad de San Carlos y la de Golfito.
“MECO es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación”, explicó Espinoza. indicó que luego de la captura de los sospechosos y de los allanamientos en 84 recintos de 40 inmuebles esperan recopilar datos que fortalezcan la investigación.
Intervenciones claves
Durante el proceso de investigación, de abril del 2019 a agosto del 2021, las autoridades judiciales realizaron dos periodos de intervenciones telefónicas, cada uno de tres meses. El fiscal Glen Calvo detalló que en casos de este tipo la intervención de teléfonos es la mejor forma de obtener información para establecer relaciones e identificar a posibles responsables.
Mencionó que, hasta ahora, tienen 15 proyectos en todas las municipalidades que forman parte de contratos adjudicados de manera irregular. Sin embargo, por ahora se desconoce el perjuicio económico, ya que deben realizar un análisis de los estudios financieros para determinar un monto, así como para establecer si hay más licitaciones que se otorgaron al margen de la ley.
“Son proyectos tanto de infraestructura vial como de conservación vial y de construcción de obra pública, específicamente aceras, parques y calles municipales”, precisó Calvo.
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Los allanamientos
A las 7 a. m. de este lunes, 600 agentes y 32 fiscales ingresaron a diferentes oficinas y viviendas como parte de los allanamientos de este caso. Poco después, trascendió la captura del alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien se encontraba en su casa, en Rohrmoser de Pavas, cuando comenzó el despliegue policial.
Sus cinco homólogos fueron aprehendidos en circunstancias similares, al tiempo que también se ingresó al municipio josefino y al de Cartago, Alajuela, San Carlos, Escazú, Osa, Siquirres y Golfito. Asimismo, se hizo un operativo en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)–BID, empresas dedicadas al procesamiento de asfalto en la Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas y Río Claro, así como la firma ramonense Explotec.
Glen Calvo mencionó que los allanamientos tenían como objetivo el decomiso de información física y digital “que permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de la estructura vial cantonal, ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado”.
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Defienden inocencia
Cuatro horas y media después de los ingresos de agentes judiciales a las viviendas, Johnny Araya y Mario Redondo salieron esposados de sus casas para ser remitidos a la Fiscalía, donde serán indagados, al igual que el resto de los sospechosos.
“Don Johnny está tranquilo. Debo decir que los hechos que se investigan acá no tienen relación con las otras alcaldías. Lo de don Johnny es un asunto que se investiga acá en la municipalidad de San José y listo.
“Con relación a cargos. Hay un asunto de tráfico de influencias y otros aspectos que se están investigando. Don Johnny va a enfrentar el proceso, como lo ha hecho acá, de manera transparente”, manifestó el abogado Alfonso Ruiz Ugalde, quien junto con Federico Campos Calderón, están a cargo de la defensa del alcalde josefino.
En tanto, Redondo expresó “soy inocente, voy a demostrar que soy inocente, no he arreglado absolutamente nada”, afirmó al salir esposado de su casa y ser subido a un vehículo policial.
El caso, que se sigue dentro del expediente 20–009616–0042–PE, investiga los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que las 13 personas detenidas fueron trasladadas al Segundo Circuito Judicial de San José, donde, se les toma la declaración indagatoria. “Posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para la probable petición de medidas cautelares”.
¿Cómo surgió el nombre de Caso Diamante?
El nombre de esta investigación llamó la atención, al igual que otras que se han desarrollado durante este año. Espinoza detalló que fueron los investigadores quienes “bautizaron” la investigación e indicó los motivos que los hicieron inclinarse por Diamante.
“En este caso ellos pensaron en el diamante como una sustancia transparente, muy dura, que es muy difícil de alterar, que no admite máculas, que no soporta rayaduras. Hicieron una asimilación de ese concepto para lo que debe ser el funcionario público. Transparente, luminoso, claro, duro, esta es la circunstancia”, aseguró, al descartar alguna relación con el programa de Los Simpson.
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