Judiciales

Magistrados reclaman por inconsistencias en informe Estado de la Justicia

Magistrado Jesús Ramírez incluso valoró cortar el convenio para futuros informes del Estado de la Justicia

El cuarto Informe Estado de la Justicia 2022 fue criticado por algunos magistrados por ser poco riguroso y contar con varias inconsistencias, durante el análisis del reporte, realizado este lunes en la Corte Plena del Poder Judicial.

Este documento, publicado el 6 de julio, es elaborado por el Programa Estado de la Nación y consiste, principalmente, en un análisis estadístico sobre el funcionamiento del sistema judicial en los últimos años.

No obstante, un informe de la Dirección de Planificación del Poder Judicial expuso a los magistrados que el reporte tenía algunas imprecisiones y problemas de interpretación.

El magistrado constitucional Jorge Araya afirmó que recibió este cuarto Informe con “responsabilidad, con compromiso de mejora”, pero también con “preocupación” por las inexactitudes encontradas.

“El Estado de la Justicia goza de un prestigio que nadie duda, pero también el Poder Judicial es la piedra angular del sistema democrático costarricense. Desde ese punto de vista, cuando se difunde un informe de esta naturaleza, 275 páginas, y nosotros como resumen hacemos 200 (páginas) en calidad de respuesta, con 600 adicionales de respaldo, por supuesto que aquí tenemos que entrar en un proceso de reflexión”, manifestó Araya.

Araya citó algunas de las discrepancias entre los datos mostrados en el Estado de la Justicia y los registros judiciales, como las sentencias dictadas por el Juzgado Contencioso Administrativo por expropiaciones. Mientras que el Informe indica que hubo 35 sentencias en el 2018, Araya afirmó que el libro de votos del Juzgado contabiliza 112. En el 2019 los datos son 19, según el Informe, frente a 79 según el Juzgado, y en el 2020 son 62 frente a 120.

Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, indicó que el Poder Judicial hizo lo correcto al someterse al análisis de un órgano externo; sin embargo, luego de escuchar el análisis de la Dirección de Planificación, concluyó que el Informe “no es riguroso”.

Según Castillo, la Corte debía enviar sus observaciones al Estado de la Nación, y aseveró que “una vez que se ponga en conocimiento, si ellos no rectifican y resulta que nuestros criterios técnicos son los correctos, yo creo que la Corte tiene que hacer una publicación sobre este tema, yo no lo dejaría pasar por alto en el sentido de que será para el quinto Informe, a mí me parece que estos temas quedan ahí para la historia y seremos juzgados nosotros con base en este tipo de informes”.

Jesús Ramírez, magistrado de Sala Tercera, fue incluso más allá y dijo que si el Estado de la Nación no acogía las correcciones, el Poder Judicial no debía firmar el convenio para un nuevo informe.

“Es necesario que se reúnan los grupos técnicos nuestros con los de ellos para que se rectifique esta situación, pero no con fe de erratas que no las lee nadie”, afirmó Ramírez, en referencia a la corrección publicada poco después de divulgado el Estado de la Justicia, en la que se aclaró que la Sala Constitucional no duró casi 14 años en resolver dos recursos de amparo, sino que en realidad se tardó 91 días en un caso y 39 días en el otro.

Finalmente, los magistrados votaron a favor de enviar al Estado de la Justicia las inconsistencias señaladas en la sesión de Corte Plena de este lunes, además de proponerles la realización de un taller con autoridades judiciales para comparar los datos y llegar a conclusiones más precisas.

Algunos de los señalamientos de la Dirección de Planificación fueron expuestos por la directora de esta oficina, Nacira Valverde Bermúdez.

La directora mencionó, por ejemplo, que en un apartado se indicó que la Defensa Pública es una de las divisiones que ha recibido más recursos presupuestarios. Sin embargo, según Valverde, al informe le falta detallar que en esta materia se ha requerido más presupuesto porque la cobertura ha crecido considerablemente en tiempos recientes, impulsada por las pensiones alimentarias, cuyo registro pasó de 64.111 en el 2000 a 236.000 en el 2020.

Valverde también refutó la afirmación de que “uno de los valores que elevó el peso de la planilla dentro del conjunto de presupuesto del Poder Judicial fue el hecho de que en el 2020, último año en el que es posible obtener los datos, de nuevo aumentó el personal que labora en el Poder Judicial, sobre todo los operadores de justicia”.

Según la directora de Planificación, “el Poder Judicial en el 2020 mantuvo exactamente la misma cantidad de plazas que en el 2019 y así se visualiza, que fue de 12.596, lo que varió fue la descomposición entre plazas ordinarias y extraordinarias. Al haber un cambio de categoría, si no se analiza de forma conjunta, se pudo haber visto de forma aislada ese crecimiento. Sin embargo, a ver la composición total de las plazas, no hubo incremento”.

Igualmente, Valverde detalló que, a diferencia de lo que indica el Estado de la Justicia, el Poder Judicial sí cuenta con un sistema de información que permita dar seguimiento sobre la capacidad institucional de los principales desafíos que enfrenta la administración, pues en el 2019 había entrado a operar el Observatorio Judicial, sitio web que cuenta con distintas estadísticas sobre procesos judiciales.

Ante consulta de La Nación, el Estado de la Justicia respondió que “en este momento el equipo del Estado de la Justicia se encuentra analizando el informe de los magistrados” y se brindará una declaración en cuanto hayan concluido el análisis.

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