Costarricenses confían menos en el Poder Judicial, señala Estado de la Justicia 2022
Utilización del sistema judicial con fines políticos podría tener influencia en la caída de la confianza ciudadana en el Poder Judicial
Foto de la fachada de la Corte Suprema de Justicia en San Jose,para el tema de que la SUPEN piensa eliminar las pensiones de la Corte.18/3/14 12:30pm JORGE CASTILLO
La confianza de la población costarricense en el Poder Judicial cayó en los últimos años, señala el Estado de la Justicia 2022, con base en datos del Latinobarómetro. Según las encuestas analizadas, un 40% de las personas encuestadas en el 2020 afirmaron tener confianza en el Poder Judicial, nueve puntos menos que en el 2018.
Asimismo, 59% de las personas consultadas en el 2020 indicaron tener poca o ninguna confianza, un aumento de diez puntos con respecto al 2018.
“La credibilidad en el Poder Judicial ha sido identificada como una de los más importantes para la estabilidad de los sistemas políticos, pues se ha probado la correlación entre el apoyo a la democracia y la confianza en la justicia”, señala el reporte divulgado la mañana de este miércoles.
De igual forma, el informe cita que el área jurisdiccional agrupa la mayor cantidad de insatisfacciones de las personas usuarias del Poder Judicial, con un 78% del total de las quejas recibidas por la Contraloría de Servicios de la institución, según los Resultados de Gestión 2020.
La confianza en el Poder Judicial es vital para la estabilidad del sistema político, señala el informe. Foto: Archivo. (JORGE CASTILLO)
Esta caída en la confianza podría estar influida por la utilización del sistema judicial con fines políticos, alerta el cuarto Informe Estado de la Justicia, un instrumento de rendición de cuentas sobre el desempeño del Poder Judicial, elaborado por el Estado de la Nación.
“Una nueva amenaza identificada en esta actualización son los indicios de un creciente fenómeno denominado lawfare o guerra jurídica, que consiste en usar el sistema judicial de un país para inmovilizar o dañar políticamente a los opositores electorales por medio de procesos legales”, indica.
El informe describe que a través de una guerra jurídica, un político puede presentar una denuncia con escasas pruebas contra sus oponentes, solo con el fin de obtener atención mediática y reducir el apoyo ciudadano a la personas acusadas.
“Es por ello que la respuesta del Poder Judicial (sobre todo de los órganos más expuestos como el Ministerio Público, la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal) a estos casos altamente mediáticos requiere un cuidadoso balance tomando en consideración la división de poderes en el sistema de pesos y contrapesos del Estado”, detalla.
Poder Judicial en el centro de “fuertes tensiones”
El documento también enfatiza en que los escándalos de corrupción recientes han colocado al Poder Judicial “en el centro de fuertes tensiones políticas y sociales”, pues podría haber intenciones políticas de influir en las decisiones del sistema de justicia. Por consiguiente, estas acciones podrían terminar erosionando la percepción ciudadana sobre la neutralidad del Poder Judicial.
Uno de los casos más mediáticos, mencionado en el informe, es el de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). El viernes 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia del país, el Ministerio Público allanó Casa Presidencial, en un caso en el que resultaron imputados el expresidente de la República, Carlos Alvarado, y su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, por presunto prevaricato, en concurso ideal con los delitos de fraude de ley y abuso de autoridad.
Posteriormente, en el 2021 trascendieron los casos Cochinilla, Diamante y Azteca, que consistieron en supuestos actos de corrupción dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), distintas municipales y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), respectivamente.
A esto se suma el caso del cemento chino, que según señala el informe, “generó una crisis política en el Poder Judicial a finales de 2017 e inicios de 2018, se mantiene en espera de juicio, pero a la fecha no hay ningún funcionario judicial acusado formalmente”.
“En la cobertura mediática sobre estos casos de alto perfil pudo constatarse una negativa valoración ciudadana por lo que se percibe como la lentitud y poca efectividad con que se tramitan casos de corrupción de alto perfil en la Fiscalía y en los tribunales”, indica el reporte.
Los avances en estas investigaciones se vieron opacados por la renuncia de la fiscala general Emilia Navas, el 25 de agosto del 2021, por un presunto conflicto de intereses entre ella y la defensa de varios acusados dentro del Caso Cochinilla del grupo H. Solís, que está a cargo del esposo de Navas, Francisco Campos.
Navas luego aseguró en una entrevista al programa Interferencia, de Radioemisoras UCR, que la Corte Suprema de Justicia había atacado la independencia del Ministerio Público y recibió “amenazas, intimidación, hostigamiento e injerencias indebidas”. También denunció ante el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial que había sido objeto de represalias por iniciar las investigaciones de corrupción.
La elección de un nuevo fiscal general, señala el Estado de la Justicia, “ha sido comunicado al público como ningún otro”, pero también ha generado cuestionamientos y llamados de organismos para realizar el nombramiento según estándares internacionales para fiscalías independientes.
