El magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, empezó este jueves a cumplir la sanción de dos meses de supensión del cargo que le impuso la Corte Plena el pasado lunes 16 de julio.
El hecho lo confirmó el Departamento de Comunicación y Prensa del Poder Judicial, luego de hacer la respectiva consulta a la Dirección Jurídica.
Ramírez, junto a otros cuatro magistrados de las Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, Carlos Chinchilla Sandí, María Elena Gómez Cortes y Celso Gamboa Sánchez (destituido del cargo el 10 de abril pasado), fueron castigos por una falta grave, por desestimar en febrero del 2017 una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, relacionada con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
La decisión la tomaron sin analizar un informe sobre llamadas telefónicas que presentó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Por ese mismo hecho también se sancionó a la exfiscal subrogante, Berenice Smith Bonillla.
La notificación de la medida disciplinaria fue notificada a los magistrados el jueves anterior. A partir de ese momento ellos tenían tres día hábiles para impugnar la acción, pero Ramírez no presentó ningún tipo de objección, por lo que este jueves comenzó a correr la disposición administrativa.
Jesús Ramírez, de 75 años, ocupa una magistradura desde 1985, es decir, cumplirá 33 años en el cargo, pese a cuestionamientos que vienen desde 1988, cuando fue mencionado en un informe sobre narcotráfico. Con cada reelección, surgen críticas y dudas, pero nada lo ha separado de la Corte.
Durante la última reelección, en marzo de 2017, obtuvo el apoyo de 28 diputados, en tanto 22 estuvieron en contra. La Constitución Política establece que los magistrados continuarán en el cargo de manera automática a menos de que reciban 38 votos desfavorables en el plenario.
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Jesús Ramírez se ha caracterizado por mantener un bajo perfil y por eso no brinda declaraciones. En los últimos días no respondió mensajes dejados en la oficina, ni en la casa.
En cuanto a los otros magistrados, hay que señalar que Carlos Chinchilla se acogió a la jubilación el mismo día que se acordó suspenderlo del cargo; en tanto, Doris Arias y María Elena Gómez lograron que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda frenara la aplicación del castigo.
Precisamente, esa rápida medida del juzgador ameritó que la Fiscalía General de la República abriera un proceso penal por la posible comisión del delito de prevaricato y tráfico de influencias en la cual figuran como sospechosas las magistradas Arias y Gómez y el juez Alcevith Godínez Prado.
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