Con 19 de 22 votos, la Corte Plena decidió suspender sin goce de salario a cuatro magistrados de la Sala III.

De ellos, 15, el mínimo necesario, avalaron que la suspensión se aplicara por un plazo de dos meses. Otros dos jueces propusieron un mes de suspensión, dos votaron por 15 días y tres por tres días.

Para hacerlo, primero revocaron la sanción de amonestación escrita resuelta el miércoles pasado, al acoger una solicitud de revisión presentado por una magistrada.

“El motivo de la revisión obedeció a que se determinó que no se había emitido un acto final por cuanto no se obtuvo la votación mínima requerida, ya fuera para suspender o amonestar, según el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dijo un comunicado enviado avanzada la tarde.

Los afectados con la medida son Doris Arias Madrigal, Jesús Ramírez, María Elena Gómez y el hasta este lunes presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, cuya jubilación se dio a conocer esta mañana.

A los altos jueces se les castiga por una “falta grave” en la que incurrieron en febrero de 2017 al acoger una desestimación en favor de los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y el independiente Víctor Morales Zapata, por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

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Los magistrados acogieron entonces una recomendación de Berenice Smith, quien ocupaba el cargo de fiscala subrogante.

Ninguno tomó en cuenta un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba centenares de llamadas entre los legisladores y el cementero.

Por esa razón, el lunes anterior, la Corte sancionó a Smith con dos meses de suspensión sin goce de salario. Dos días más tarde, aplicaron un castigo de amonestación escrita contra los magistrados, pues no consiguieron los votos necesarios para suspenderlos a pesar de considerarla “falta grave”.

El trato desigual provocó una oleada de críticas dentro y fuera del Poder Judicial, al tiempo que la Asociación Nacional de Investigaciones Criminales envió el sábado una solicitud de reconsideración para que se anulara la sanción inicial y se adoptara "un fallo congruente con la falta atribuida”.

Del archivo:

Hubo pedidos desde el Congreso y el mismo Poder Judicial para que renunciaran.

Este lunes, el magistrado Carlos Chinchilla decidió acogerse a la pensión, según anunció mediante una carta.

Con esta decisión, la Corte igualó el castigo a los altos jueces con el impuesto a la ex fiscala subrogante Berenice Smith.

Los involucrados

Hasta esta tarde, solo Carlos Chinchilla había resuelto su salida. El alto juez de 55 años tenía 31 años de carrera judicial. Él ocupaba la magistratura desde 2007 y fue reelecto en el 2014; asumió la Presidencia de la Corte en mayo de 2017.

Doris Arias, de 56 años, se desempeña desde junio de 2017 como presidenta de la Sala III, encargada de la casación en materia penal. Llegó a la magistratura en el 2010 tras 25 años de ser jueza.

Jesús Ramírez Quirós, de 75 años, ocupa una magistradura desde 1985, es decir, cumplirá 33 años en el cargoo, pese a cuestionamientos que vienen desde 1988 cuando fue mencionado en un informe sobre narcotráfico. Con cada reelección, surgen críticas y dudas, pero nada lo ha separado de la Corte. La última reelección fue el 14 de marzo de 2017.

María Elena Gómez, 64, es una funcionaria ya jubilada nombada como magistrada suplente de Sala III desde noviembre de 2016.

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Según el comunicado de la Corte, en el caso de Chinchilla, que se acogió a la pensión, la sanción será incluida en su expediente personal, mientras que, en la situación de Gómez, que es suplente, se suspende su participación por es periodo.

Un correctivo

Para Álvaro Rodríguez, presidente de la ANIC, sin considerar si el castigo fue mucho o poco, valoró el “paso para mejorar” que se dio hoy en la Corte.

Más que pensar si es poco o mucho es imuy importante el paso que se da para mejorar este esfuerzo de tanto años.

Según su criterio, lo ocurrido en los últimos días revela una voluntad para resolver.

“Si hay que sacar más cochinada que salga, la costumbre de tapar, eso, ojalá, con las posibilidades que se presentan se termine. No hay que bajar los brazos”, dijo.

Rodríguez recordó que ahora también está pendiente la causa judicial por el delito de presunto prevaricato, la cual se originó en la denuncia que la organización que preside interpuso.

Por su parte, Rónald Segura, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), se mostró sorprendido pues afirma que es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia echa marcha atrás.

En torno a la renuncia del presidente de la Corte, el fiscal considera que hizo bien y fue una decisión “noble” que le da tranquilidad al país.

“Había mucha presión mediática sobre él y mucha gente le había pedido que para efectos de mantener la calma en el país se retirara. Respeto la decisión porque viene a dar más estabilidad al Poder Judicial para que nos centremos en problemas que son muy importantes como mejorar la seguridad y los retrasos en los procesos judiciales”", expresó.

En ese mismo sentido se pronunció el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwin Masís, cuya bancada fue muy crítica con las actuaciones de la Corte. No obstante, eso no minimiza la situación que atraviesa ese supremo poder.

“Yo creería que otro proceso que deja un mal sabor de boca, intentemos la mínimo pero como no sirvió entonces hacemos lo que debió haber sido desde el principio. En todo caso, independiente de lo que hayan aplicado por los dos meses, existen sanciones de tipo social y tipo político”, dijo.

Masís adelantó que de llegar a buscar una reelección ninguno de los magistrados implicado tendría los votos socialcristianos.

Los hechos ocurridos en los últimos días, pero ya desde muchos meses atrás, son causa de gran preocupación para el exmagistrado José Manuel Arroyo, quien fue presidente de Sala III, pues considera que muestra una incapacidad para dar una respuesta adecuado a un tema tan delicado.

“A mí lo que me preocupa es ya el descrédito y la falta de seriedad con que se ha reaccionado en este tema, si la Corte hubiera sido coherente, eso manda un mensaje claro desde el principio, pero si primero hacen una cosa luego otra, realmente la ciudadanía no va a saber a qué atenenerse”, declaró.

Esta falta de claridad, apuntó, impide que el Poder Judicial se aboque a su trabajo.