El anuncio se da tan solo cuatro días después de que Chinchilla fuera sancionado junto con otros tres magistrados de la Sala Tercera por una falta grave, en relación con el caso del cemento chino.

Esa fue la decisión de la Corte Plena, la cual provocó molestias tanto dentro del Poder Judicial como en otros sectores, al considerar que no se dio un trato igualitario, pues el mismo hecho fue suspendida por dos meses la ex fiscala subrogante Berenice Smith.

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A todos se les investigó por la desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y el independiente Víctor Morales Zapata, al considerar que no había elementos que comprobaron la relación con el empresario de cemento, Juan Carlos Bolaños.

Tanto Smith como los magistrados obviaron revisar un informe de llamadas que revelaba constantes comunicaciones entre estos.

Por esa causa, el 10 de julio, fue separada temporalmente la ex fiscala subrogante, quien actualmente ocupa el cargo de fiscala adjunta de Cartago. Dos días después la Corte, en votación secreta, decidió amonestar por escrito a los magitrados Chinchilla, Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés, todos de la sala de casación penal.

Esta diferencia en la decisión motivó incluso una protesta, el viernes, de algunos funcionarios judiciales.

Incluso, la juez de apelaciones Rosaura Chinchilla, pidió mediante un foro en este medio la renuncia de los magistrados.

“Magistrados: este país ha perdido el respeto por el Poder Judicial. Costa Rica tiene vergüenza de su magistratura. ¡Por favor renuncien! Ustedes se van a sus casas con una pensión… nosotros nos quedamos recogiendo los pedazos”, expresó.

Carmenmaria Escoto, magistrada participante en la votación, había explicado que se debatió la posibilidad de suspender a los magistrados por falta gravísima pero “al no alcanzarse una mayoría calificada, sea de 15 votos, se definió por una amonestación escrita para todos y todas las personas que fueron denunciadas en sede disciplinaria sobre estos hechos”.

Por ser votación secreta, no fue revelado quiénes votaron a favor y en contra. Este fin de semana, precisamente, diez altos jueces enviaron a la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, impulsaron una reforma al artículo 165 de la Constitución Política para que las discusiones sobre aspectos disciplinarios de magistrados sea pública.

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Sillas vacías

Chinchilla, de 55 años, ocupaba la Presidencia de la Corte desde mayo del 2017, en sustitución de Zarela Villanueva.

Él ocupaba la magistratura desde 2007 y fue reelecto en el 2014.

A lo largo del poco más de un año que estuvo al frente de la Corte, tuvo que hacer frente a una huelga de funcionarios no contra los altos mandos sino en oposición a la reforma de pensiones. El aspecto más crítico del movimiento fue la suspensión de entrega de cadáveres de la morgue judicial, que causó indignación a nivel nacional.

Recientemente, Chinchilla además dio a conocer un plan de estandarización del trabajo en los despachos judiciales para combatir la mora judicial, pues detectaron juzgados que necesitarían unos 20 años para sacar el número de casos pendientes al ritmo que tenían.

Con su salida, Carmenmaría Escoto asumirá la Presidencia de manera temporal.

El 24 de mayo también se acogió a la pensión el presidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, de 52 años.

Con la de Chinchilla ya serían siete las sillas vacantes en la Corte, que la Asamblea Legislativa debe resolver. Las otras son las que dejaron Gilbert Armijo y Jinesta (en Sala Constitucional), Zarela Villanueva y Eva Camacho (en Sala Segunda), José Manuel Arroyo y el destituido Celso Gamboa, en Sala III.