Aarón Sequeira. 16 julio
Paul Rueda (izq.) y Luis Guillermo Rivas (der.) impulsan una reforma que impida que los procesos disciplinarios en la Corte se discuten y voten en secreto. Carlos Chinchilla, el presidente de la Corte, fue uno de los cuatro magistrados penales que, por falta de votos, apenas recibió un llamado de atención y no una suspensión, la semana pasada. Foto: Carlos Arguedas
Paul Rueda (izq.) y Luis Guillermo Rivas (der.) impulsan una reforma que impida que los procesos disciplinarios en la Corte se discuten y voten en secreto. Carlos Chinchilla, el presidente de la Corte, fue uno de los cuatro magistrados penales que, por falta de votos, apenas recibió un llamado de atención y no una suspensión, la semana pasada. Foto: Carlos Arguedas

En una carta enviada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, el sábado, diez magistrados le solicitaron hacer gestiones para reformar la Constitución Política, con el fin de quitar el velo de secreto que hoy tienen las sesiones en que se discuten sanciones disciplinarias a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de una petición para que los diputados reformen el artículo 165 constitucional, donde hoy se establece que las suspensiones de los magistrados se deben discutir en “votación secreta” que cuente con no menos de los terceras partes de sus miembros, o sea, 15 votos.

La idea de los magistrados firmantes es que se modifique la última línea de ese artículo, no solo para eliminar el secretismo de la votación, sino también para que la votación requerida sea la simple mayoría, o sea, la mitad más uno de los presente en ese momento.

El texto propuesto por los jueces de la Corte Plena firmantes de la nota diría: “En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en sesión pública y por simple mayoría del total de sus miembros”.

Los magistrados que firman la carta son Luis Guillermo Rivas, Román Solís, Julia Varela, Paul Rueda, Nancy Hernández, William Molinari, Marcela Ayón, Ana María Picado y Marta Eugenia Esquivel.

Según los jueces de la Corte Plena, la norma constitucional obliga a que dentro del artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se haga eco de la votación secreta en discusiones sobre suspensiones a magistrados.

De la misma forma, en ese artículo se dice que se requiere los votos de dos tercios de los magistrados para pedirles a los diputados que destituyan a alguno de ellos que se haya encontrado en falta.

La petición se hace a la luz de la reciente decisión de la Corte Plena, en la que no se alcanzaron los 15 votos necesarios para suspender a cuatro magistrados de la Sala Tercera, a quienes se les achacó una falta grave por haber desestimado una acusación contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por supuesto tráfico de influencias.

Como la votación es secreta, se desconoce quiénes fueron los que votaron en contra de la suspensión. Los votos solo alcanzaron para hacerles una amonestación a esos jueces penales.

El argumento de los firmantes de la petición es que, en el contexto actual, “la norma constitucional se encuentra desfasada y requiere de una modificación para ajustarse a los requerimientos modernos de transparencia y rendición de cuentas”.

“En las últimas décadas, la transparencia se ha tornado en un principio con vigencia transversal en la Administración Pública, que ha cobrado preponderancia en materia electoral, de acceso a la información, y en el ejercicio de las potestades o facultades públicas, donde funciona como herramienta indispensable para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción”, dicen los diez jueces en su nota.

Además, enfatizaron los magistrados en que ellos son, como integrantes de los supremos poderes, funcionarios públicos y que, como tales, deben guiarse por el principio de transparencia y rendición de cuentas, y a través de esto llegar a la publicidad de los procedimientos administrativos de los que sean sujetos.

Eso incluye la emisión del voto, dijeron los magistrados y que en la última etapa de un procedimiento disciplinario, como el de Celso Gamboa y los otros cuatro magistrados penales, “cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo”, por versar sobre el desempeño de servidores estatales.

En una respuesta que Carolina Hidalgo hizo pública este domingo, la presidenta legislativa se comprometió con los magistrados que pidieron el cambio en la Constitución para hacer las gestiones con las diferentes fracciones políticas, con el objetivo de construir un proyecto de reforma constitucional tal como fue solicitado.

“Contribuye al robustecimiento de nuestro Estado de Derecho, nuestra sólida democracia en términos de transparencia, rendición de cuentas y la defensa del derecho fundamental de la igualdad de todas las personas”, dice la jerarca parlamentaria.

La propuesta de los diez jueces sería discutida este lunes en la sesión de la Corte Plena, donde según informó por vía telefónica Luis Guillermo Rivas, se unirían otros magistrados a la petición.