Carlos Arguedas C.. 20 julio
El jueves en la tarde, oficiales del OIJ y fiscales secuestraron documentos y videos del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Calle Blancos de Goicoechea, como parte de una investigación por los delitos de prevaricato y tráfico de influencias. Fotografía Rafael Murillo
El jueves en la tarde, oficiales del OIJ y fiscales secuestraron documentos y videos del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Calle Blancos de Goicoechea, como parte de una investigación por los delitos de prevaricato y tráfico de influencias. Fotografía Rafael Murillo

Organizaciones judiciales solicitaron este viernes a los tres magistrados sancionados (dos titulares y una suplente) que se aparten del cargo que desempeñan, por la transparencia de la Corte Plena y para que la ciudadanía recupere la confianza en el Poder Judicial.

La gestión la hizo pública Hernán Campos Vargas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), quien agregó que la petición la formalizarán por escrito este sábado cuando entreguen un documento en el cual se leerá: “Pedimos que Doris Arias Madrigal, María Elena Gómez y Jesús Ramírez Quirós dejen el cargo".

“El soberano que es el pueblo, pues también estarán representantes de la población, y nosotros enviaremos un documento a la Corte Plena en el que reiteramos que las tres personas cuestionadas de la Sala Tercera deben dejar el puesto, pensando en el bien del Poder Judicial y la institucionalidad”, agregó el dirigente.

Precisamente, los trabajadores judiciales, en conjunto con varias organizaciones civiles, tienen planeada una concentración este sábado a las 10 a. m. en el plaza de la Cultura, en San José centro, para luego marchar a la plaza de la Justicia, donde está el edificio de la Corte Suprema de Justicia.

La actividad la planearon para el sábado, con la finalidad de pemitir a los funcionarios del Poder Judicial participar, sin afectar la jornada laboral, argumentó Campos.

En tanto, Alvaro Rodríguez Zamora, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores Judiciales (ANIC), dijo que igualmente apoyarán la concentración de este sábado.

“Sería oportuno, quizás acertado, por la transparencia, la renuncia de los miembros de la Sala Tercera, porque cada vez que salen con alguna cuestión más bien pareciera que se revierte en perjuicio de la institución (...) nos da una desazón que se mencione al Poder Judicial. Es oportuno salir de este bache, ir sacando gente hasta limpiarlo, dar campo a que vengan personas nuevas, ojalá sangre joven”.

Mientras que Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), manifiestó que en este momento es importante que “esas personas (los magistrados) valoren la decisión, tomando en cuenta, sobre todo, si el mantenerse en esa posición afecta la institucionalidad del Poder Judicial (...) Hay que tener prudencia y pensar en la mejor opción institucional. Pido que se actúe con verdadera responsabilidad".

Los magistrados Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez, los dos primeros titulares y la última suplente, junto a Carlos Chinchilla Sandí, fueron sancionados por la Corte Plena con dos meses de suspensión sin goce salarial por una “falta grave”.

El castigo se impuso pues en febrero de 2017 acogieron una desestimación en favor de los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y el independiente Víctor Morales Zapata, por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, sin valorar un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre relaciones telefónicas entre las personas implicadas.

Chinchilla se acogió a la jubilación el pasado lunes 16 de junio. En este asunto también estuvo involucrado Celso Gamboa Sánchez, a quien con anterioridad la Asamblea Legislativa le revocó el nombramiento.

Las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez lograron que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda suspendiera el castigo en resoluciones que ameritaron que el Ministerio Público abriera dos investigaciones penales: una por prevaricato contra ignorado y la otra contra Arias por el presunto delito de tráfico de influencias.

Juez validó notificación pública

Este viernes, luego de que se hicieron públicas las dos resoluciones adoptadas por el juez Alcevith Godínez Prado, a favor de las magistradas Arias y Gómez, en los documentos resalta que el juzgador validó las publicaciones de los medios de comunicación, para dar por cierta la sanción dispuesta por la Corte Plena.

En las dos resoluciones redactadas por Godínez se consigna: “Dejar sin efecto y no aplicar la sanción de suspensión por dos meses decretada en mi contra (en contra de Arias y Gómez), que ha sido informada de forma pública y notoria, en el proceso disciplinario número DCP-5-2017”.

La suspensión de la medida a favor de Doris Arias se redactó el 18 de junio a las 7:28 a. m. en tanto la de María Elena Gómez fue al día siguiente a las 7:25 a. m.

La oficina de prensa del Poder Judicial informó este viernes, a las 4 p. m., que la sanción todavía no había sido notificada a los magistrados que integran la Sala Tercera.

El juez Alcevith Godínez también acogió la solicitud de las magistradas para que todos los aspectos discutidos en Corte Plena y que desencadenaron el castigo no sean hechos públicos.

En el documento se ordena a la Corte Plena: “la no publicación del expediente completo del presente proceso disciplinario, entendiendo que los procesos disciplinarios son confidenciales”.

Situación de altos jueces

En la actualidad, esta es la situación de los cinco magistrados de la Sala Tercera que fueron sancionados por la Corte Plena.

– Carlos Chinchilla: tiene 55 años y era, además, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este alto juez, después de 31 años de carrera judicial, decidió el lunes 16 de junio acogerse a la jubilación. Él ocupaba la magistratura desde 2007 y fue reelecto en el 2014; asumió la Presidencia de la Corte en mayo de 2017.

– Doris Arias: de 56 años, se desempeña desde junio de 2017 como presidenta de la Sala III, encargada de la casación en materia penal. Llegó a la magistratura en el 2010, tras 25 años de ser jueza. El miércoles 18 de junio anunció que en noviembre próximo, cuando vence su periodo, se pensionará. No buscará reelegirse. Acudió al Tribunal Contencioso y logró que se suspendiera el castigo de dos meses sin salario.

– Jesús Ramírez: de 75 años, ocupa una magistradura desde 1985, es decir, cumplirá 33 años en el cargo, pese a cuestionamientos que vienen desde 1988, cuando fue mencionado en un informe sobre narcotráfico. Con cada reelección, surgen críticas y dudas, pero nada lo ha separado de la Corte. La última reelección fue el 14 de marzo de 2017. En esta ocasión no ha aparecido para dar declaraciones. No responde los mensajes dejados en la oficina, ni en la casa.

– María Elena Gómez: de 64 años, es una funcionaria ya jubilada, nombada como magistrada suplente de Sala III desde noviembre de 2016, por un lapso de cuatro años. Ella también obtuvo que el Juzgado Contencioso suspendiera el castigo de dos meses.

– Celso Gamboa: de 42 años. Fue destituido del cargo de magistrado el 10 de abril pasado, en el cual había sido nombrado el 10 de febrero del 2016.