Un error en el proceso seguido para sancionar el miércoles anterior a los cuatro magistrados de la Sala Tercera con una amonestación escrita, permitió a la Corte Plena endurecer este lunes el castigo a dos meses de suspensión.
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La equivocación la advirtió una magistrada, cuyo nombre no fue posible conocer, quien hizo ver a sus compañeros que se había adoptado una pena sin que se tuviera mayoría, pues solamente 10 magistrados habían apoyado ese medida disciplinaria, contra 12 que se inclinaban por una más severa.
Discutido el tema, la Corte Plena determinó que la votación estaba inconclusa y que había que repetirla para definir si en una segunda ronda se lograba una mayoría calificada o sea 15 votos para adoptar una suspensión, o 12, que es mayoría simple, para una amonestación escrita.
Sin embargo, en esta ocasión 19 magistrados apoyaron la suspensión y tres optaron por mantener la amonestación escrita.
Esta situación la dieron a conocer este martes los magistrados Román Solís Zelaya, miembro de la Sala Primera, y Luis Fernando Salazar Alvarado, integrante de la Sala Cuarta, quienes en entrevistas por separado coincidieron en afirmar que no se trató de un recurso de reposición, de revocatoria, ni fue una nulidad.
“Es una revisión que presenta una compañera porque la voluntad del órgano no estaba manifestada de manera válida, porque no se había alcanzado una mayoría ni para suspender ni para amonestar. La Corte hace la votación y ahí sí se logra una gran mayoría”, dijo Luis Fernando Salazar.
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Por su parte, Román Solís aseguró: “El miércoles la Corte Plena en función administrativa disciplinaria tomó un acuerdo sobre el cual no tuvo el número requerido de votos que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial (...) la Ley General de Administración Pública permite, entre aprobación de un acto y la aprobación del acta, a cualquier integrante presentar un recurso de revisión y eso fue lo que sucedió (...) una magistrada llama la atención de que debió haberse continuado con la votación porque ninguna de las dos posibles sanciones obtuvo mayoría y se volvió a plantear la votación”.
Otro factor que pudo haber incidido en el cambio de criterio ocurrido este lunes (la sesión en la cual se adoptó la suspensión fue privada) es que participaron dos magistrados que no estuvieron en la sesión del miércoles pasado. Se trata de Fernando Castillo Víquez titular de la Sala Constitucional y María Alexandra Bogantes Rodríguez, magistrada interina de la Sala Segunda, quien sustituyó a otro interino.
La decisión de suspender por dos meses para Carlos Chinchilla Sandí –hasta el lunes presidente de la Corte Suprema de Justicia– Jesús Ramírez Quirós, Doris Arias Madrigal (presidenta de la Sala Tercera) y María Elena Gómez Cortés empezará a regir en el momento en que la decisión quede firme. Una vez notificada la resolución los afectados tendrá tres días para solicitar un recurso de revocatoria, de reposión o una nulidad.
La medida disciplinaria se aplica al considerar que los miembros de la Sala Tercera incurrieron en una falta grave cuando en febrero del año pasado desestimaron una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, relacionado con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños. La decisión la tomaron sin analizar un informe sobre llamadas telefónicas que presentó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Por ese mismo hecho también fue sancionada la ex fiscala subrogante, Berenice Smith, quien recomendó la desestimación. A la funcionaria también la castigaron con dos meses de suspensión sin goce de salario, pero su caso no requirió una segunda votación.
Chinchilla impugna sanción
De los cuatro magistrados sancionados, el único en reaccionar hasta el momento es el ahora expresidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla Sandí.
Luego de anunciar mediante una carta que se acogía a su pensión, la mañana del lunes, acudió a primera hora de la tarde ante los tribunales contencioso-administrativos a presentar una demanda contra la Corte Plena, es decir, contra sus excompañeros por la sanción de amonestación escrita, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial
Chinchilla impugnó ese castigo porque para ese momento aún no se había dado a conocer el endurecimiento de la sanción.
Chinchilla tiene desde el pasado 2 de febrero aprobada la pensión pero el monto con el cual se retira todavía no está definido.
Este alto juez de 55 años de edad, tenía 31 de trabajar en el Poder Judicial. Era magistrado desde el 2007. Fue reelegido en el 2014 y asumió la presidencia de la Corte en mayo del 2017. El nombramiento como magistrado era hasta enero del 2023.
Aunque se intentó hablar con Carlos Chinchilla en reiteradas ocasiones no respondió los mensajes. Tampoco fue posible conocer el criterio de Jesús Ramírez.
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Por su parte, la magistrada Doris Arias comunicó que este miércoles enviaría un comunicado para dar a conocer su posición ante lo resuelto por la Corte Plena y que lo haría en conjunto con María Elena Gómez, magistrada suplente.
Román Solís dijo este martes que la semana anterior un grupo de magistrados había conversado de que era necesario solicitarle la renuncia a Carlos Chinchilla como presidente de la Corte.
“No solo era por el tema del procedimiento disciplinario sino por otras razones de conveniencia para el Poder Judicial como tal, pero fue una simple conversación", dijo.
Elección de sustituto
Mientras la Corte Plena escoge el nuevo presidente que debería de ser por un periodo de cuatro años, el lunes se designó a Carmenmaría Escoto Fernández como presidenta interina y a Orlando Aguirre Gómez, como vicepresidente.
Para la sesión de este lunes definirán cuál será el procedimiento que seguirán para conocer las lista de aspirantes a ese alto cargo, cuáles serán los requisitos y cuándo se hará la votación. Para ser elegido presidente se necesita mayoría simple, es decir aquel aspirante que alcance los 12 votos.