La Fiscalía Adjunta de Género finalizó y presentó la acusación contra el exsacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano, sospechoso de cometer varios delitos sexuales contra hombres que, para el momento de los presuntos ilícitos, eran menores de edad.
Además, el Ministerio Público también solicitó la apertura a juicio de este caso, que se sigue dentro del expediente 18–000854–0994–PE.
“La Fiscalía Adjunta de Género informó de que el expediente de su interés se encuentra con acusación y solicitud de apertura a juicio, en el Juzgado Penal de Desamparados, desde el 20 de agosto anterior”, confirmó el ente acusador del Estado por medio de su oficina de prensa, sin precisar los delitos.
Paralelamente, el abogado Rodolfo Alvarado Moreno confirmó que ellos ya presentaron la querella y la acción civil, en la que piden $150.000 (¢94 millones al tipo de cambio de este 31 de agosto) para cada uno de los denunciantes, que son cuatro en total.
“Se están acusando varios delitos de violación y varios de abusos deshonestos, son aproximadamente, entre los cuatro, casi 20 delitos”, aseguró Alvarado.
De momento no ha sido agendada la audiencia preliminar en la que se evaluará la acusación para determinar si es procedente, si cumple con los requisitos de admisibilidad y si el grado de probabilidad existe para ordenar la apertura a juicio.
En esa misma diligencia también se analiza la formalidad de la querella y la acción civil para establecer si ambas piezas llegarán a un contradictorio junto con la acusación.
Sobre la fecha de este proceso, el Juzgado Penal de Desamparados aseguró, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que “la causa se encuentra con solicitud de acusación pendiente de señalamiento”.
Víquez, de 57 años, descuenta prisión preventiva desde el pasado 7 de mayo, después de haber sido extraditado desde México.
Precisamente, para este miércoles 1.° de setiembre está prevista una diligencia para decidir si los cuatro meses de medida cautelar privativa de libertad se prorrogan mientras avanza el proceso en su contra.
Inicialmente, al exsacerdote se le impusieron seis meses de prisión preventiva, pero un mes después el Tribunal de Apelación de Desamparados redujo ese plazo.
Desde el inicio de la investigación, Rafael Rodríguez Salazar, defensor del exsacerdote Mauricio Víquez, ha insistido en que dos de las cuatro denuncias están prescritas, tesis que podrá explicar en la audiencia preliminar del caso.
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El caso
A Víquez Lizano, exvocero de la Iglesia católica costarricense en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del 2018.
La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós. Después, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Ante ello, la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género abrió una investigación en contra de Víquez. Todos los hechos que se le asocian habrían ocurrido varios años antes, cuando las cuatro víctimas eran menores de edad.
En medio de toda esta situación, el religioso abandonó Costa Rica el 7 de enero del 2019. Estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto de ese mismo año en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero de ese año; sin embargo, fue hasta el 11 de abril del 2019 cuando tuvieron indicios de su ubicación.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.
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Según la Fiscalía Adjunta de Género, al excura se le investiga por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y tentativa de violación en perjuicio de cuatro hombres, quienes para el momento en el que habrían ocurrido los presuntos ilícitos, eran menores de edad.
El Código Penal establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.