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El Tribunal de Apelación de Desamparados redujo, este martes, el plazo de la prisión preventiva que descuenta el exsacerdote Mauricio Víquez Lizano.
Ahora, el exreligioso deberá pasar tras las rejas cuatro meses y no seis, como se había decidido en mayo anterior, mientras enfrenta una investigación por supuestos abusos sexuales cometidos contra cuatro menores.
La Fiscalía Adjunta de Género deberá ahora acelerar la investigación, pero en caso de ser necesario se solicitará una audiencia de prórroga de medidas cautelares.
La disminución de la prisión preventiva fue aprobada después de que Rafael Rodríguez Salazar, representante legal de Víquez, apelara la medida al considerar que la decisión de la jueza anterior estaba mal fundamentada.
“Estamos satisfechos por la valoración hecha por el juez. Además, él nos da la razón con respecto a la prescripción de dos de las cuatro denuncias, que es algo que nosotros hemos venido discutiendo, ya que la ley no puede ser retroactiva”, manifestó Rodríguez.
El litigante dejó abierta la posibilidad de buscar a futuro que las medidas cautelares en contra de su cliente incluso sean alternas al encarcelamiento.
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La Fiscalía Adjunta de Género, por su parte, manifestó que “no comparte los argumentos del Tribunal, pero respeta la decisión”.
Asimismo, detalló que “la investigación continuará y, en su momento, se valorará el requerimiento de la prórroga de la medida cautelar”.
Mientras tanto, Rodolfo Alvarado Moreno, abogado de los denunciantes de Víquez, manifestó sentirse satisfecho, pese a la reducción de la prisión preventiva.
Indicó que parte de las valoraciones hechas por el juzgador de Apelación es que el expediente ya tiene todas las pruebas necesarias para que el Ministerio Público presente la acusación y notifique a las partes, situación que para él es positiva.
“Esta decisión obliga a la Fiscalía a trabajar más rápido sobre este caso para presentar la acusación y pasar a la siguiente etapa (...), es una obligación para moverse con mayor prontitud y eso es favorable para los ofendidos.
“Sin embargo, discrepamos del hecho de que dos de las denuncias están prescritas. Es un criterio que no compartimos, pero que en este momento no tiene ningún peso ni fuerza, ya que es un tema que deberá ser tratado en etapas posteriores”, explicó Alvarado.
El caso
A Víquez Lizano, exvocero de la Iglesia católica costarricense en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales cometidos en perjuicio de cuatro menores.
La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós. Después, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Ante ello, la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género abrió una investigación en contra de Víquez. Todos los hechos que se le asocian habrían ocurrido varios años antes, cuando las cuatro víctimas eran menores de edad.
El exreligioso abandonó Costa Rica el 7 de enero del 2019. Estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto de ese mismo año en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero; sin embargo, fue hasta el 11 de abril del 2019 cuando tuvieron indicios de su ubicación.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.
Su arribo al país se concretó el 6 de mayo pasado, más de un año después de que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, concedió en extradición al excura y luego de tres meses de que el juez mexicano Juan Mateo Brieba De Castro rechazara un amparo presentado por los defensores del exsacerdote, radicados en aquel país, para evitar su extradición.
A partir de la decisión de Brieba, desde el 8 de abril anterior comenzaron las coordinaciones entre las autoridades mexicanas y costarricenses para que Víquez regresara a suelo nacional para afrontar la justicia.
El Código Penal establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.
