La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este lunes de que la salida de prisión de los empresarios Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís y Carlos Cerdas, presidente de MECO, deberá pasar por un filtro para garantizar que los bienes ofrecidos como fianza realmente cumplan la expectativa del Juzgado Penal, previa consulta al ente fiscalizador.
De acuerdo con Glenn Calvo Céspedes, fiscal adjunto de esa entidad, debe detenerse la salida de los imputados hasta que la jueza Carolina Lizano así lo ordene.
Desde el domingo, Mélida Solís fue trasladada al Centro de Atención Institucional Vilma Curling, en Desamparados, y Carlos Cerdas, de la constructora MECO, sigue el celdas del OIJ en Goicoechea, por falta de espacio para indiciados en el sistema carcelario.
Las otras 28 personas sospechosas de delitos en la concesión de obras viales quedaron libres, algunos de ellos con medidas cautelares y otros no. Contra Mélida Solís se ordenó una fianza de $3 millones (unos ¢1.860 millones) y Carlos Cerdas una de $5 millones (unos ¢3.100 millones).
“Cuando se ofrece una fianza se exige que sea eficaz, legal y fiable. Es decir, que las propiedades sean potencialmente sujetas a una dotación por parte del órgano culpador”, dijo Calvo.
La Fiscalía puede oponerse si considera que los bienes puestos a responder no se ajustan a lo que pidió el Juzgado o a lo que se establece en el proceso penal.
Es decir, la propiedad debe ser valorada por un perito, ofrecida libremente y que esté a nombre de las personas acusadas o de personas que se constituyan en fiadores.
Lo anterior porque en caso de incumplimiento de alguna de esas dos personas, el artículo 253 del Código Procesal Penal les permite rematarlas o pedir que se le entreguen al Estado.
La idea de esas fianzas es que, por su alto valor, impidan que la persona ligada al proceso se vaya, sino que siga sujeta al mismo.
“Solicitamos un informe de cada una de las propiedades, para hacer un análisis legal, de oportunidad, de validez y eficacia de ellas e indicarle al Juzgado si en alguno de los casos no estamos de acuerdo y porqué”, dijo Calvo.
El fiscal adjunto dejó claro que este filtro para garantizar el valor de las propiedades ofrecidas es totalmente aparte de la apelación que el Ministerio Público planteó desde el sábado contra la medida que propuso dejar a los investigados libres.
La Fiscalía insiste en la pena de cárcel para las 14 personas contra quienes originalmente lo solicitó, al estimar que hay peligro de fuga y de obstaculización del proceso si no se revoca la decisión.
La figura de la caución real o fianza, fue presentada por los abogados defensores, explicó el fiscal.
Calvo dijo que, en 24 años que tiene de ejercer su profesión, nunca había visto una fianza de tal magnitud en procesos penales y añade que el cálculo lo establece la legislación vigente y debe tener equilibrio y proporcionalidad con las calidades personales de los imputados y del proceso.
Fuga del expediente
Otro elemento que investiga la Fiscalía en una causa abierta contra ignorado, y tiene que ver con la filtración del expediente que en este caso solo estaba dispuesto para los 25 abogados defensores, los 30 imputados, el Juzgado y la misma Fiscalía.
El fiscal subrogante para el caso “Cochinilla”, Miguel Ramírez López, indicó que viene una investigación para tratar de individualizar a la persona que lo hizo y cómo lo hizo.
Explicó que esa entrega del expediente a terceros no afecta en nada la investigación de fondo, porque se cuenta con las pruebas periciales, documentales y las intervenciones telefónicas.
Lo que les preocupa es la trazabilidad de los casos, que en materia penal son secretos, pues salen nombres de personas cuya participación debe ser verificada, dijo Ramírez.
“Si fuera un caso de narcotráfico, es delicado que se filtre el nombre de una persona y mañana amanezca muerta, porque estaba en el expediente y simplemente se le mandó a matar. Tenemos que tener una total seguridad de qué es lo que decimos y cómo lo decimos, de acuerdo con el principio de inocencia vigente”, acotó.
Ministro en causa aparte
El fiscal subrogante, Miguel Ramírez, informó de que la denuncia por presunto incumplimiento de deberes contra el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, se analizará aparte del expediente referido a las presuntas anomalías con obras viales conocido como Caso Cochinilla.
Lo anterior, porque al tratarse de miembros de supremos poderes, requiere requisitos procesales que no pueden ser procesados en un expediente ordinario.
Esa denuncia apenas va a entrar a una fase de investigación preliminar, para ver si existen elementos que sustenten o no lo denunciado.
En relación con varios alcaldes citados, el Ministerio Público informó de que a lo largo de la investigación puede haber gente inescrupulosa que comience a lanzar nombres de funcionarios sin ningún asidero legal.
Añaden que, sin perderse en un laberinto de aspectos subjetivos o simples comentarios, atenderán todas las denuncias y si se encuentra alguna prueba importante, se procederá como lo establece la ley.
En relación con la hasta este lunes fiscal general, Emilia Navas, Ramírez dijo que no existe ninguna denuncia contra ella y si en algún momento se presenta, se investigará como corresponde en un Ministerio Público objetivo.
Afirmaron que la independencia funcional de la Fiscalía de Anticorrupción les permitió trabajar desde el 2019 en el presente caso por presuntos delitos en obras viales, sin tener ningún tipo de injerencia ni presión de parte de la Fiscalía General.
De igual manera, no descartan incluir en la causa penal a aquellas personas que pudieran aparecer como sospechosas, cuando se analicen las pruebas obtenidas en más de 50 allanamientos realizados.
Empresas jurídicas a prueba
El fiscal Glenn Calvo, afirmó que por primera vez en la historia procesal penal del país se establece la participación de empresas, sociedades anónimas u otras personas jurídicas como imputadas.
Se trata de la Ley N.° 9699 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, aprobada en el 2019.
Con base en el artículo 22 de esa ley, ya se solicitaron medidas cautelares como la inmovilización de las sociedades y empresas investigadas durante lo que dure el proceso.
“No pueden disolverse o desaparecer de la vía jurídica, y sus bienes, cuentas, activos y los trabajos que se realicen a través de cualquier otra sociedad quedan suspendidos” dijo Glenn Calvo.
Con eso se busca que luego de un juicio se puedan recuperar los bienes que han sido objeto de la causa penal.
Definir si los contratos por obras en desarrollo con empresas como MECO y H Solís siguen adelante, corresponde al Estado por tratarse de procesos administrativos, indicó Calvo.