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La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República concluyó la acusación contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, por presuntamente haber recibido como dádiva un viaje a Panamá, con los gastos de tiquete aéreo y hospedaje cubiertos por el grupo económico de su amigo y empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas.
El viaje se realizó del 9 al 10 de octubre del 2016.
En la causa penal 17-000015-0033-PE también figuran como imputados el propio Bolaños, así como un primo de este, de apellidos Rojas Segura, quien se desempeñaba como gerente general del grupo empresarial.
Según un comunicado de la Fiscalía, “en apariencia, como resultado del beneficio otorgado, Gamboa efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE”, en la que se señaló a los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, además de los imputados Wálter Céspedes Salazar y Juan Carlos Bolaños Rojas, “por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último”.
De acuerdo con la acusación, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por Rojas Segura, a solicitud de su primo Juan Carlos.
“Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice”, agrega el Ministerio Público.
La pieza acusatoria también hace referencia a hechos ocurridos en la tarde del 18 de abril del 2017, cuando, aparentemente, el exmagistrado y el empresario se encontraron en las afueras del edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
“Se cree que Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, dirigió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde, en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada.
“Según la Unidad Especializada, el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias”, explica la Fiscalía.
La Nación intentó obtener el criterio de Natalia Gamboa, abogada de su hermano Celso, pero al cierre de esta publicación su celular estaba apagado.
Por su parte, Juan Marcos Rivero, abogado de Juan Carlos Bolaños, manifestó que hasta este viernes por la tarde podría referirse al anuncio de la Fiscalía, cuando haya leído la acusación “en sus líneas generales”.
“Vi la noticia, pero no he leído la pieza acusatoria, entonces tal vez sería un poco prematuro hacer una referencia sin tener claros los hechos”.
Falso testimonio en el Congreso
La acusación de la Fiscalía también plantea que el exmagistrado faltó a la verdad, estando bajo fe de juramento, el 24 de octubre del 2017, cuando compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investigó una serie de hechos relacionados con las operaciones crediticias otorgadas para la importación de cemento chino.
Según la Fiscalía, Gamboa “supuestamente mintió en algunas de sus afirmaciones; entre ellas, sobre la forma de adquisición del boleto y hospedaje en Panamá, así como sus traslados en ese país, y acerca de la habitualidad de su contacto con Bolaños”.
Por ello, también se le imputa el presunto delito de perjurio.
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En tanto, Juan Carlos Bolaños también habría faltado a la verdad, pese a estar bajo fe de juramento, el 14 de diciembre del 2017, cuando rindió testimonio en un órgano director de un proceso disciplinario, el cual fue ordenado por la Corte Plena para determinar si Gamboa había incurrido en una falta administrativa vinculada con múltiples señalamientos públicos hechos en su contra.
El Ministerio Público presume que el empresario mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, “entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje”.
A raíz de esas acciones, la Unidad Especializada lo acusa por la presunta figura penal de falso testimonio.
Por estos hechos, Celso Gamboa fue destituido como magistrado el 10 de abril del 2018, con el voto de 39 diputados, quienes consideraron que aquel se interesó, de forma indebida, en asuntos judiciales de su amigo, el empresario del cemento, Juan Carlos Bolaños.
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Los pasos que siguen
Este miércoles, la Fiscalía remitió la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en los próximos tres días manifieste si desea constituirse como querellante, y si recurrirá o no a una acción civil resarcitoria, para reclamar un monto económico por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los hechos.
Cumplido este plazo, la Procuraduría tendrá 10 días más para formular y presentar los documentos respectivos.
Una vez a la vista, la Fiscalía los remitirá, junto con la acusación, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, para que se programe una audiencia preliminar.
“En la eventual audiencia preliminar ante el Juzgado Penal de Hacienda, la representación fiscal expondrá su acusación y solicitará que el caso se eleve a un juicio oral y público”.
Colaboró en esta información el periodista Hugo Solano.
