El empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, afrontará un juicio como sospechoso de tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública, debido a la presunta obtención irregular de un crédito para una empresa suya en el Banco Popular. Así lo resolvió el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública este miércoles a las 11 p. m.
Junto a Bolaños figuran como sospechosos de diversos delitos su esposa, de apellidos Suárez Aguiar, y otras siete personas, apellidadas Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Thompson Camacho, Gómez Barrantes, Delgado Negrini, Bogantes Brenes y Arias Silesky, detalló este jueves el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Durante las próximas semanas, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública deberá agendar el debate para su realización, que será en el Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea.
“De acuerdo con la investigación, realizada dentro del expediente 17–000015–0033–PE, los acusados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino”, explicó la Unidad Especializada de la Fiscalía General en el documento compartido a los medios de comunicación.
Al conocer la decisión del Juzgado, el abogado de Rojas, Andrés Pérez González, indicó que pese a respetarla, no la compartía. “Considero que la señora jueza exorbitó sus atribuciones, se parcializó y que simplemente desatendió los argumentos no solo de la defensa de don Juan Carlos Bolaños, sino del resto de las personas que están sometidas a este juicio”, manifestó el litigante.
Esta investigación la abrió de oficio el Ministerio Público en octubre del 2017, para determinar si el Banco Popular fue engañado con la línea de crédito que le dio a la compañía Sinocem Costa Rica, que forma parte del Grupo JCB, cuyo presidente es el empresario Juan Carlos Bolaños. El caso investigó un préstamo revolutivo por $5 millones, otorgado por el Banco Popular en el 2015 para importar cemento chino. El asunto fue acusado desde desde febrero del 2020 por la Unidad Especializada de la Fiscalía General.
Por este mismo caso, la Procuraduría reclama ¢138.000 millones por daño social. Esa estimación fue dada a conocer a inicios de setiembre de este año, cuando comenzó la audiencia preliminar por este mismo asunto.
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Los hechos
Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito. Por separado, esas dos entidades le giraron a compañías de Bolaños $13,8 millones para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016. El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
En marzo del 2018, la Fiscalía dirigió un operativo en el cual se detuvo a dos gerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga. Asimismo, se arrestó a cuatro empleados del Popular apellidados Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.
Luego, en noviembre del mismo año fueron arrestados un perito de apellidos Arias Silesky y un analista de crédito apellidado Thompson Camacho. La pesquisa empezó por el delito de peculado.
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Información actualizada a las 5:12 p. m. con más datos.