Procuraduría reclama ¢138.000 millones por daño social en caso de cemento chino y Banco Popular
Audiencia preliminar comenzó este jueves en Juzgado Penal y está previsto que se extienda por tres meses
25/08/2017; San José; Asamblea Legislativa; comision de investigación de creditos del Banco de Costa Rica; asiste a la comisión el empresario Juan Carlos Bolaños y el directivo del BCR Guillermo Quesada Oviedo gerente de proyectos del Banco de Costa Rica. En la fotografía Juan Carlos Bolaños. Fotografía José Cordero Jose Cordero
Juan Carlos Bolaños fue acusado por delitos de influencia contra la Hacienda Pública. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)
La Procuraduría de la Ética Pública reclama ¢138.000 millones por daño social en el caso del cemento chino y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La estimación fue dada a conocer este jueves, mismo día en el que comenzó la audiencia preliminar por este mismo asunto y que se espera se extienda por unos tres meses en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial, ubicado en Goicoechea.
La causa penal se sigue contra el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y otras ocho personas, identificadas con los apellidos Cortés Zúñiga, Rojas Segura, Thompson Camacho, Gómez Barrantes, Delgado Negrini, Bogantes Brenes, Arias Silesky y Suárez Aguiar (esposa de Bolaños).
A todos ellos se les acusó, en febrero del 2020, por delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública por un préstamo que Bolaños recibió de ese banco para importar cemento chino.
Mientras que Gómez, Delgado, Bogantes y Arias también son señalados por delitos de falsedad ideológica.
Según el artículo 57 de la ley de enriquecimiento ilícito: “Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
En tanto, el delito de falsedad ideológica se reprime con prisión de uno a seis años al que “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas”, según los establecen los artículos 366 y 367 del Código Penal.
El asunto se tramita bajo el expediente 17-000013-033-PE.
Antecedente
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Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017,La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron $13,8 millones en total a compañías de Bolaños para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016.
El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
En marzo del 2018, la Fiscalía dirigió un operativo en el cual se detuvo a dos gerentes de Sinocem, de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga.
Asimismo, se arrestó a cuatro empleados del Popular apellidados Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.
Luego en noviembre del mismo año fueron arrestados un perito de apellidos Arias Silesky y un analista de crédito apellidado Thompson Camacho. La pesquisa empezó por el delito de peculado.
