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El sospechoso de rociarle gasolina a un policía en una protesta frente a la Universidad de Costa Rica (UCR) fue detenido luego de que permaneciera ocho meses en fuga.
La Fiscalía Adjunta de Goicoechea confirmó la información ante una consulta de este medio sobre el avance de la investigación por el caso ocurrido en noviembre del 2019.
Se trata de un joven, de apellidos Cordero Vargas, de 28 años, quien fue declarado en rebeldía desde el 17 de abril del 2020.
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Ese día, Cordero debía presentarse a una audiencia de prórroga de medidas cautelares, donde se determinaría si se le ampliaba o modificaba el arresto domiciliario con monitoreo electrónico que le habían impuesto el 18 de marzo anterior.
Sin embargo, él nunca llegó, por lo que el Juzgado Penal de Goicoechea lo declaró reo rebelde.
La búsqueda de Cordero Vargas se mantuvo fuerte, pero no fue hasta el 3 de diciembre anterior que la Fuerza Pública lo logró ubicar y detener en Alajuela.
Una vez que fue pasado a ese despacho, este solicitó dos meses de prisión preventiva en contra de Cordero, petición que fue acogida por el juez a cargo.
Entre tanto, la investigación, que se realiza bajo el expediente 19-003444-175-PE y que tiene a otros siete imputados, avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba, confirmó la Fiscalía.
El resto de investigados son Carvajal Monterrey, Cisneros Quesada, Solís Aponte y Mora Castro, así como tres mujeres de apellidos Vásquez Orozco, Hernández Morales y Tapia Álvarez.
¿Qué se les atribuye?
Los hechos que se investigan en esta causa ocurrieron el 21 de noviembre del 2019, en medio de una gran manifestación frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San Pedro de Montes de Oca.
Allí, manifestantes rociaron con gasolina e intentaron prenderle fuego a policías que se encontraban en el sitio intentando calmar los ánimos. Todos, excepto Cordero, fueron detenidos esa misma noche y pasados a la Fiscalía para lo correspondiente.
Tras la indagatoria respectiva, el ente acusador les achaca los delitos de obstrucción de vía pública, resistencia e incendio o explosión, en su modalidad agravada.
De acuerdo con un criterio que emitió el Ministerio Público poco tiempo después de ocurrido el ataque, las acciones de estas personas “pusieron en peligro la seguridad pública y tuvieron presuntos fines terroristas que pusieron en riesgo la vida e integridad física de oficiales de Fuerza Pública”.
Por ello, pese a la solicitud fiscal de encarcelarlos, el Juzgado Penal optó por imponerles una serie de medidas cautelares, como impedimento de salida del país, presentarse a firmar cada 15 días y la prohibición de acercarse o amedrentar a cualquier persona relacionada con la causa, ya sean testigos o víctimas.
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Poco tiempo después, el 2 de diciembre del 2019, los magistrados de la Sala Constitucional consideraron que ellos y otros manifestantes desencadenaron “una serie de actos vandálicos y de violencia clara en contra de la autoridad pública”.
Para los altos jueces, es reprochable que los policías fueran agredidos con llantas y palos e incluso recibieron golpes en la cara.
En el fallo emitido luego de que siete de los investigados presentaran un recurso de habeas corpus, los magistrados agregaron: “Varios oficiales fueron agredidos y rociados con combustible, aparentemente gasolina, lo cual puede comprobarse de manera clara y evidente en la prueba audiovisual aportada por los accionados”.
Precisamente, los altos jueces se referían a un video que deja ver cómo le arrojan un líquido al subdirector regional de la Fuerza Pública de San José, Nelson Barquero, quien afirmó que era gasolina por el olor que despedía.
