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La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de habeas corpus presentado por los siete estudiantes detenidos, tras los disturbios del jueves 21 de noviembre frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en Montes de Oca.
Los universitarios fueron detenidos luego de que lanzaran objetos y rociaran con combustible a oficiales de la Fuerza Pública. Hechos que el Tribunal dio por comprobados mediante las pruebas que recibió.
“La situación generada por los propios manifestantes, incluidos los tutelados, en ningún caso puede ser avalada ni tutelada por este tribunal constitucional, pues desencadenó en una serie de actos vandálicos y de violencia clara en contra de la autoridad pública”, manifestaron los magistrados en un fallo dado a conocer la tarde de este lunes.
Para los altos jueces, los manifestantes bloquearon de forma total el paso frente a la Universidad y pese a que los oficiales de la Fuerza Pública negociaron, los estudiantes no atendieron el llamado para levantar el cierre.
“La Sala tuvo por demostrado que algunos oficiales fueron agredidos con llantas y palos, e incluso con golpes en la cara; además, varios oficiales fueron agredidos y rociados con combustible, aparentemente gasolina, lo cual puede comprobarse de manera clara y evidente en la prueba audiovisual aportada por los accionados”, señaló el fallo.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que el líquido con el que los estudiantes rociaron a los oficiales era gasolina.
No obstante, el rector de la UCR, Henning Jensen, declaró que no existe prueba de laboratorio que confirme el uso de combustible en el ataque a los policías.
Producto de los disturbios, las autoridades detuvieron a siete personas de apellidos Carvajal Monterrey, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco, Tapia Álvarez y Hernández Morales; estas últimas tres son mujeres.
Los estudiantes fueron apresados y luego liberados con medidas cautelares.
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A ellos les atribuyen los delitos de obstrucción de vía pública, resistencia, incendio o explosión en su modalidad agravada. Esa es la causa que les sigue la Fiscalía bajo el expediente 19-3444-175-PE.
Los manifestantes investigados tienen impedimento de salida del país, firma periódica cada 15 días y prohibición de acercarse o amedrentar a cualquier persona relacionado con el proceso.
“Este Tribunal aprecia que existen varios elementos que hicieron que las actuaciones de los tutelados (estudiantes) hayan excedido los límites razonables, haciendo que tales conductas no puedan ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión”, señala el fallo.
Los magistrados de la Sala Constitucional avalaron la aprehensión de los manifestantes, pues evidenciaron que no se les detuvo por la protesta, sino por su reacción violenta frente a las autoridades de la Fuerza Pública.
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La Nación se comunicó con la vocera del Frente Autónomo Universitario, movimiento que realizó la manifestación. Sin embargo, Ana María Rojas indicó que no daría declaraciones a este medio.
En tanto, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, afirmó que el fallo del Tribunal confirma que hubo hechos violentos que requirieron la intervención de la Policía.
“Nosotros apoyamos la actuación que desarrollaron nuestros funcionarios ese día. Estamos seguros de que la actuación se apegó a derecho”, señaló Calderón.
