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La defensa de los imputados en el asesinato de Gerardo Cruz Barquero alegaron que durante el proceso investigativo se ejecutaron varias diligencias judiciales de manera ilegal, razón por lo cual se debe dictar sentencia absolutaria a favor de los acusados.
Los planteamientos los hicieron este viernes durante el juicio por este crimen –ocurrido a finales del 2015– y que se realiza en los Tribunales de Pavas.
Gerardo Cruz murió el 19 de noviembre del 2015, luego de pasar 42 días entre la vida y la muerte, pues fue herido con arma blanca la noche del 7 de octubre de ese mismo año en el parque Kennedy, en San Sebastían, San José.
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Este ataque ocurrió dos días después de que Cruz denunció por redes sociales un caso de acoso sexual que se dio en la avenida central. Sin embargo, la pesquisa demostró que esta situación no estuvo relacionada con el homicidio del joven.
Principales reproches
La anomalía que los abogados señalaron con mayor ahínco fue el decomiso de los aparatos celulares a Samady Fonseca Fernández y María Kristina Valerín Fonseca, así como la forma en que se hizo la apertura del celular del fallecido.
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Una de las defensoras, Mirian Chehade Larach, manifestó que esas acciones, ejecutadas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con el Ministerio Público, están viciadas de nulidad, por lo cual todo lo que se derive de ellas es totalmente ilegal.
Al explicar en qué consistió la acción anómala, Chehade dijo que el 8 de octubre del 2015, al momento de confiscar los celulares a las mujeres, nunca se les informó de que ellas, en ese momento, ya figuraban como sospechosas del homicidio.
"Se violentaron garantías constitucionales. No se les indican sus derechos", advirtió.
Respecto a la apertura del teléfono de Gerardo Cruz, manifestó que la clave de acceso era la huella digital y que, por tanto, para abrirlo fueron al Hospital Calderón Guardia y tomaron la huella cuando Cruz estaba inconsciente.
"Esa toma de la huella la hicieron los policías con la autorización de una fiscal. Señores miembros del tribunal, en ambos casos, se necesitaba la autorización de un juez de la República", argumentó.
La posición de Chehade también fue secundada por otros defensores como Leonel Villalobos Salazar y René Argeñal Castro.
La fiscala Yorleny Ching Cubero había explicado el miércoles anterior que ambas diligencias se hicieron dentro del marco de la legalidad. En el caso del decomiso de los celulares a las mujeres, afirmó que en aquel momento no eran sospechosas y alegó que la acción de confiscarles los aparatos fue porque ellas, al ser entrevistadas, dijeron que estaban recibiendo amenazas.
Sobre la toma de la huella de Gerardo Cruz, agregó que se hizo con el consentimiento de Ana Patricia Barquero Herrera, madre de Cruz, y a cuyo nombre esta inscrito el celular.
Otros detalles del juicio
En este caso, además de las mujeres, figuran como implicados tres hombres identificados como Ronald Arce Barrientos, César Chaves Cerdas y otro de apellidos Castillo Espinoza.
A los dos primeros se les señala como los intermediarios entre las mujeres y otros dos sujetos (que no están en este juicio) que perpetraron el ataque contra el fallecido y a quienes se les considera los autores materiales del crimen. Castillo es calificado como un colaborador.
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La fiscalía había solicitado se imponga una pena de 35 años de prisión para Fonseca, Valerín, Arce y Chaves, al considerarlos como responsables del delito de homicidio calificado. Para Castillo se solicitó la absolutoria por duda, pues no se aportó prueba suficiente para sentenciarlo.
El jueves, la representante de la Oficina Civil de la Víctima, Katherine Aguilera González, había solicitado se condene a las dos mujeres y los dos hombres, al pago de manera solidaria de ¢341 millones, a favor del padre y la madre de Gerardo Cruz.
Este debate posiblemente termine el próximo lunes.
El Tribunal de Pavas que dirige este debate esta integrado por Geovanny Hernández Martínez, quien preside, Leonardo Pereira Valerín y Sonia Quintana Huete.
