La aplicación de sanciones administrativas contra magistrados, fiscales y jueces, con la recurrente presentación de recusaciones, apelaciones y nulidades, tienen secuestrada a la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial.
La situación se arrastra desde hace unos ocho meses, pero se complicó en las últimas tres semanas. Durante este tiempo, los 22 magistrados que la conforman han realizado sesiones de hasta 10 horas para analizar la actuación de compañeros.
Específicamente, conocieron y discutieron sobre acciones de miembros de la Sala Tercera, investigados por desestimar un proceso penal contra dos ahora exdiputados relacionado al caso del cemento chino.
Inicialmente, la Corte resolvió amonestarlos por escrito. La decisión desató una ola de críticas por considerar que se le daba un trato privilegiado a los altos jueces, pues por la misma causa había sido suspendida por dos meses la ex fiscala subrogante, Berenice Smith.
Una nueva sesión para revisar la votación concluyó con la suspensión de los cuatro magistrados involucrados: el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, la presidenta de la Sala III, Doris Arias Madrigal, Jesús Ramírez Quirós y la suplente María Elena Gómez Cortés.
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Una vez dada a conocer la decisión, Chinchilla anunció que se acogía a la jubilación y diversos sectores, incluidos trabajadores del Poder Judicial reclamaron transparencia fin a la impunidad.
En gran medida, el reclamo se originó en el hecho de que las sesiones para ver asuntos disciplinarios son privadas y las votaciónes secretas, como lo establece el artículo 165 de la Constitución Política.
Por su parte, Arias y Gómez acudieron a pedir la suspensión del castigo, sin todavía ser notificadas. Un juez contencioso acogió su petición con resoluciones relámpago.
La situación derivó en otro eslabón de la crisis. El Ministerio Público abrió una causa penal por la posible comisión del delito de tráfico de influencia contra Doris Arias y María Elena Gómez, entre el juez contencioso, de nombre Alcevith Godínez Prado, encara una investigación por prevaricato.
Meses atrás, entre noviembre y febrero, la situación del entonces magistrado Celso Gamboa fue la que ocupó las sesiones de los altos jueces. Gamboa fue investigado y suspendido en relación con un causa por tráfico de influencias y también con posibles vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo por el cemento chino.
Gamboa fue destuido por la Asamblea Legislativa en abril.
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Preocupación
Este lunes la sesión de Corte Plena fue privada pues debían analizar otro proceso disciplinario, sin que trascendiera de quién. “No podemos salir a los medios a dar ninguna manifestación. Los procesos administartivos disciplinarios tienen carácter confidencial”, dijo durante un receso Carmenmaría Escoto Fernández, presidenta interina de la Corte.
“Claro que esto nos ha alterado muchísimo (los procesos disciplinarios). Estamos preocupados por las agendas tan largas (...) quizás unos 2.000 folios. No podemos perder tiempo en estos momentos. Más bien desearíamos poder concentrarnos una o dos semanas para ver todos esos asuntos que hay (pendientes)” agregó Escoto.
Según Luis Fernando Salazar Alvarado, integrante de la Sala Constitucional, aunque se hacen esfuerzos por sesionar una o dos veces por semana de manera extraordinaria, los pendientes no dejan de acumularse.
“Hay más de 100 asuntos, casi 120 que están agendados para conocimiento y esto va a ameritar incluso buscar una solución con otra sesión extraordinaria una vez por semana”, dijo.
Salazar reconoció que “a raíz de los últimos acontecimientos” llevan un año de tener a veces dos sesiones por semana para analizar reconsideraciones, excusas, nulidades y asuntos disciplinarios,.
Estas circunstancias han provocado que la Corte se haya retrasado en la atención de otras funciones que por ley le corresponden como nombramiento de jueces en plazas vacantes en materia laboral o de familia, por ejemplo.
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“Si usted revisa la agenda llevamos como seis meses de retraso en el nombramiento de jueces, de resolver conflictos de competencias entre salas, de concursos. Ciertamente tanto procedimiento disciplinario nos ha mermado el tiempo disponible para atender en Corte Plena los asuntos que por ley le corresponde como máximo órgano de función administrativa”, reconoció también Román Solís Zelaya, miembro de la Sala Primera.
En criterio de Solís, una solución para desentrabar el trabajo de la Corte Plena sería introducir reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa) y en la cual se establezca un tribunal disciplinario que se encargue de ver los casos de jueces y demás funcionarios judiciales. Asimismo, plantea que una comisión externa (integrada por personas de alto nivel) creada por la Asamblea Legislativa, vea los cuestionamientos contra magistrados.
No obstante, en criterio del exmagistrado de Sala Tercera José Manuel Arroyo Gutiérrez, estos problemas no son nuevos sino que se presentan desde hace años.
“El juzgamiento del régimen disciplinario es una función muy pesada para las posibilidades que tiene la Corte, que normalmente se reúne una vez por semana. Ya es hora que la Corte delegue esas tareas en órganos especializados y es parte de lo que se viene hablando desde hace muchos años", consideró.
Para él, lo ocurrido en los últimos meses evidencia la crisis y el estancamiento que atrofia el funcionamiento de la Corte.
“Normalmente había pendientes de 30 a 40 puntos, ahora no me quiero ni imaginar”, expresó.
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Sillas vacantes
En la sesión de la próxima semana, posiblemente los 22 magistrados deberán discutir la forma cómo elegirán al sustituto de Carlos Chinchilla, cuya jubilación fue sorpresiva derivada de la sanción que le impusieron. Carmenmaría Escoto, asumió la Presidencia de manera interina.
Lo primero que deben resolver si inician el proceso o si le dan tiempo a la Asamblea Legislativa de nombrar magistrados, explicó Luis Fernando Salazar.
Con la de Chinchilla llegó a siete las sillas vacantes en Corte Plena. Faltan dos magistrados en la Sala Segunda, tres en la Tercera, y dos más en la Constitucional.
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“Eso hace que la Corte va a tener que meditar si hace la apertura para elegir el presidente o si da un compás de espera para ver si vienen los nombramientos o si se hace con magistrados suplente”.
Para Román Solís, no existe ninguna prohibición que elimine la participación de suplentes en la definición de la Presidencia de la Corte, salvo que el plenario tome una línea en ese sentido. Aclaró, que por el momento no tiene interés por aspirar a ese cargo.
"Se requiere que los 22 magistrados echemos de nuevo a andar este Poder Judicial”, comentó.
