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Pese a que Celso Gamboa Sánchez dejó de ser magistrado de la Sala Tercera desde abril pasado, todavía tiene pendientes dos pesquisas administrativas en el Poder Judicial y este lunes pretendió evitar que una de ellas sea complete.
Se trata de una investigación que busca establecer si el exmagistrado se interesó en conocer sobre el recurso de casación contra la condena que se dictó en octubre del 2015 contra el Movimiento Libertario, por un delito de estafa contra el Estado.
Gamboa Sánchez se opuso a que la magistrada Iris Rocío Rojas Morales se encargará de tramitar el asunto en su contra, cuya investigación se ordenó desde diciembre pasado. Esa acción motivo que el tramite de la queja administrativa se paralizara hasta tanto no se resolviera la recusación.
Este lunes en la mañana, en sesión privada, la Corte Plena discutió el asunto y rechazó la gestión del alto exjuez y avaló que Iris Rocío Rojas comience a recibir pruebas y luego exponga los hallazgos.
Rojas, de la Sala Primera, no tiene plazo para presentar su informe, pero este lunes trascendió en Corte Plena que el asunto está bastante adelantado.
Antecedente
La queja contra Gamboa la interpuso la expresidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, el 13 de noviembre del año pasado.
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Lo anterior porque, en apariencia, el recurso de casación del Libertario debía ser conocido por el magistrado número dos, es decir en aquel momento por José Manuel Arroyo o su sustituto. Sin embargo, el expediente terminó en manos de Gamboa, quien era el juez número tres. Ese cambio no fue registrado en el sistema informático, como es usual.
Arias se enteró de lo sucedido el 27 de octubre del 2017, cuando el letrado de la Sala Tercera, Jeffrey Gonzaga, le entregó un informe detallado del camino que había recorrido ese expediente.
La casación presentada por el exdiputado Danilo Cubero pretendía traerse abajo el fallo del Tribunal Penal de San José, que condenó al exvicepresidente del Libertario, Ronaldo Alfaro, a ocho años de prisión por un delito de estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Al tiempo que sancionó al partido al pago de ¢401 millones, como responsable solidario.
Según el Tribunal, Alfaro fue quien ideó un plan para estafar al TSE a la hora de cobrar el reembolso de los gastos de campaña, al incorporar 194 capacitaciones que nunca existieron.
El Movimiento Libertario le cobró al Tribunal de Elecciones facturas de una organización llamada Asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO) y adjuntó listas de personas que habrían asistido a charlas ideológicas. No obstante, en el juicio, se comprobó que esas personas nunca participaron en tales cursos y que los instructores señalados tampoco los impartieron.
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Gamboa tiene pendiente otro asunto disciplinario que está en manos de la magistrada de la Sala Cuarta, Nancy Hernández. Se trata de una posible ingerencia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que eliminara el nombre de Johnny Araya Monge de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
El asunto también contempla el supuestamente haber intervenido en diligencias judiciales seguidas contra los alcaldes liberacionistas de Alajuela y San Carlos, previo a las elecciones municipales del 2016.
La Asamblea Legislativa había revocado el nombramiento de Celso Gamboa el 10 de abril pasado cuando 39 legisladores, en una votación pública y nominal, determinaron que supuestamente el alto juez penal se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Celso Gamboa, aparte de los asuntos administrativos, enfrenta 12 causas penales en el Ministerio Público por la presunta comisión de 15 delitos.
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