Escuchar
Un sujeto de apellidos Martínez Parada, de 56 años, fue detenido la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, por su presunta implicación con una estructura dedicada al fraude registral, que se investiga como Caso Madre Patria, en el expediente 22-005018-0042-PE.
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, el abogado fue aprehendido en uno de los puestos de control migratorio de la terminal aérea cuando ingresaba al país. “El mismo presentaba una alerta en el sistema”, explicó el órgano.
Por motivos de la Ley de protección de datos, no fue posible conocer la procedencia del sujeto; sin embargo, el departamento de comunicación de Migración y Extranjería destacó que Martínez fue entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargó de trasladarlo a las celdas judiciales en San José.
Con la captura de Martínez, la lista de personas por detener en el megacaso se reduce a tres. De acuerdo con las autoridades, queda pendiente la detención de Abraham Chaves Arias, de 38 años; Erick Duarte Tijerino, cuya edad no se especificó, y José Martín Zúñiga Brenes, de 61 años.
LEA MÁS: OIJ confirma detención de dos sospechosos en fuga del caso Madre Patria
El Ministerio Público confirmó a La Nación el pasado viernes que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitó medidas cautelares contra 28 de los 35 detenidos en ese entonces.
Pese a que la audiencia de medidas cautelares finalizó el mismo viernes, el Juzgado Penal de San José indicó que resolvería por escrito, por lo que se debe esperar para recibir la notificación de la resolución.
El caso
El pasado 25 de junio, cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales fueron arrestados –mediante 47 allanamientos en varias provincias– junto a otros 25 individuos, acusados de integrar una organización dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica.
La investigación, iniciada hace dos años y medio, destapó la compleja estructura encabezada por dos españoles, identificados como Gómez y León. Según Randall Zúñiga, director del OIJ, estos individuos se especializaban en apropiarse ilegalmente de propiedades en desuso para luego venderlas. Para esto, contaban con la colaboración de funcionarios públicos, notarios y expertos en criptomonedas.
Las autoridades identificaron más de 100 propiedades robadas; sin embargo, en llamadas intervenidas, la organización criminal se jactó de sustraer más de 300.
Entre los bienes decomisados en junio se encuentran 25 propiedades, 38 vehículos y 13 autobuses. Una de las propiedades incautadas es una finca valorada en $30 millones en El Coco, Carrillo, Guanacaste, destinada a un proyecto de desarrollo de 187 casas. El grupo también contaba con especialistas en criptomonedas que llegaron a transar hasta $11,8 millones en bitcoins para legitimar sus ingresos.
La desarticulación de la banda reveló, además, la posible vinculación de la estructura con el homicidio de Manuel Álvarez Méndez, un ciudadano español de 77 años. Álvarez, propietario de numerosos bienes raíces, viajó a Costa Rica en enero de 2018 tras ser alertado por sus abogados de que sus propiedades estaban siendo vendidas sin su permiso. Un mes después de su llegada, desapareció.
