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Desde la semana pasada, circulan en redes sociales las manifestaciones de una colegiala de 17 años que se dirige a los internautas para denunciar maltratos físicos y psicológicos, infligidos, supuestamente, por su padrastro, y que son de conocimiento de su madre biológica y el resto de su familia.
Alega que los maltratos empezaron hace cinco años, pero que ella se atrevió a pedir ayuda varios años después. Reclama que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conoce su caso, pero que los meses pasan sin que ella se sienta satisfecha con la atención recibida. Por el contrario, reclama desinterés por parte de las funcionarias que le han dado atención a su caso.
El Patronato, por su parte, sostiene que el caso no está cerrado, pues se sigue buscando el mejor entorno para la joven.
El relato de la muchacha comienza en 2019, cuando tenía 12 años. En esa época, su madre se la llevó a ella y a su hermana menor a vivir con su nueva pareja en Santo Domingo de Heredia. Sin embargo, dos meses después, se mudaron a Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas.
Según la menor, cuya identidad no será revelada en este artículo, la situación parecía normal al principio. No obstante, con el paso de los meses, su padrastro se tornó agresivo y comenzó a imponerle castigos tanto a ella como a su hermana menor.
Una de estas reprimendas consistía en hacerlas permanecer de pie durante dos horas sin descanso. Además, la joven cuenta que en numerosas ocasiones su padrastro la obligó a cortar pedazos de cable eléctrico para que él pudiera golpear a su hermana menor.
“Obligada, y con lágrimas, lo tenía que hacer. Muchas veces me encerraba en el baño y me tapaba los oídos para no escuchar los gritos desgarradores de mi hermanita. Sentía mucho miedo”, comentó la adolescente.
En 2020, la familia regresó a Heredia. Dos años después, los maltratos persistían. La joven recordó que su padrastro comenzó a celarla y la acusaba de tener novio. Por esta razón, durante las vacaciones de medio año, le quitó el celular. Supuestamente, el hombre le decía que sus amigos varones se le acercaban solo por intereses sexuales, algo que ella niega rotundamente.
En 2023, después de rechazar en varias ocasiones la ayuda ofrecida por los padres de un amigo cercano, la joven finalmente aceptó y acudió a instancias judiciales para denunciar las agresiones que ella y su hermana sufrían.
Pocos días después, fue entrevistada por una funcionaria del PANI, quien le indicó que debía irse a vivir con sus abuelos, dos adultos mayores de 75 años.
La joven menciona que en ese momento presentó al PANI evidencia de por qué no debía estar bajo el cuidado de sus abuelos, ni de su madre y padrastro. Su deseo era ser acogida por los padres de su amigo, quienes se ofrecieron como recurso comunal; sin embargo, no calificaron para quedarse con la menor.
Finalmente, fue enviada a la casa de sus abuelos. Según comenta, en ese lugar no se sentía cómoda, ya que tanto sus abuelos como el resto de su familia apoyaban a su padrastro y consideraban que las culpables de la situación eran ella y su hermana.
Mientras vivió con sus abuelos, la joven tuvo que estudiar en un Colegio Técnico Profesional (CTP), sin tener conocimientos previos sobre la materia relacionada con la especialidad. “De estar en un Liceo, tuve que asistir a un CTP de la noche a la mañana”, comentó.
De acuerdo con la joven, funcionarios del PANI incluso la han llamado mentirosa. Además, en su relato, afirmó que varias trabajadoras de dicha institución la trataron mal e ignoraron sus solicitudes de ayuda. Además, le indicaron que no la podrán atender en una oficina, porque no es ese lugar donde está el resto de su familia.
Una vez más, se acercó a las autoridades, y en esa ocasión fue trasladada por funcionarios del PANI al albergue Casa Luna, en Heredia, donde pasó la noche. Sin embargo, al día siguiente, otra funcionaria la regresó a la casa de sus abuelos.
Según la muchacha, en dicho lugar tampoco recibió terapias ni ayuda psicológica, ya que el Patronato le decía que no había psicólogos disponibles.
Finalmente, a pesar de que los padres de su amigo y una tía estaban dispuestos a encargarse de ella, el PANI le informó que sería llevada nuevamente al albergue Casa Luna.
La joven finalizó su mensaje contando que su caso fue trasladado al Juzgado de Familia de Heredia, pero que hasta la fecha no se ha emitido una resolución.
Este lunes por la tarde, luego de una batería de preguntas enviada por La Nación, la Presidencia Ejecutiva del PANI confirmó que pidió un informe de la intervención realizada en este caso, con el fin de analizar lo denunciado por la adolescente.
Hermana denuncia agresiones en albergue
En la misma cuenta de redes sociales, la joven publicó el relato de su hermana, quien, al igual que ella, fue llevada al albergue Casa Luna debido a los constantes problemas familiares.
La menor, de 13 años, también señaló a su padrastro de agredirla. Agrega que incluso la amenazó de muerte y por eso decidió irse de la casa y vivir con una tía, a quien describe como una buena persona.
Sin embargo, alegó que días después el PANI la trasladó al albergue Gaviotas, en San José, donde estuvo unos días, para luego ser ubicada en Casa Luna, donde debía estar por ser de Heredia.
“Pasaron los días y empezaron los pleitos y llegó el día en el que una niña de ahí, que tiene 16 años, me golpeó, me agredió. Había muy pocas tutoras, entonces no podían detenerla”, relató la adolescente, mientras mostraba sus lesiones.
La menor dijo que sus compañeras incluso querían matarla, ya que la amenazaban. Dijo haber sido testigo de una agresión a otra compañera que requirió atención en un hospital. “Aprovecharon que a las 10 de la noche solo había una tutora”, afirmó la niña.
Ella intentó defender a su amiga, pero también resultó golpeada. Según relató, quedó inconsciente durante unos minutos. Afirmó que en el albergue llamaron a la Policía, pero “no hicieron nada”.
Ese mismo día, la sacaron del albergue y la llevaron a otro lugar, pero primero fue trasladada al hospital, donde le descubrieron lesiones importantes.
De acuerdo con la menor, un día después de la agresión, las jóvenes que la atacaron amenazaron con un cuchillo a una de las tutoras para que les diera Clonazepam, un medicamento que se utiliza para dormir. “Yo en serio, quiero que todo esto salga a la luz porque el PANI no hace nada”, concluyó la menor.
Ante una consulta de este medio, el departamento de prensa del Patronato afirmó que la intervención por parte del PANI comenzó en 2022. Durante ese tiempo, la Oficina Local del PANI dictó una medida de protección que consistía en ubicar a la adolescente bajo el cuidado provisional de un recurso familiar materno.
Sin embargo, la adolescente abandonó este lugar sin autorización, lo que llevó a que el PANI presentara una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según el PANI, el recurso familiar propuesto por la menor “no califica para la ubicación de la persona adolescente”, razón por la cual no se consideró viable.
El departamento de prensa precisó que, en la actualidad, existe un proceso de depósito judicial en curso en el Juzgado de Familia de Heredia, que busca determinar el mejor entorno para el bienestar de la menor. Añadió que se dictó una medida de protección temporal para la hermana de la adolescente en una alternativa de protección.
En relación con el incidente ocurrido en este lugar de protección, el PANI aseguró que se presentaron las denuncias penales pertinentes para investigar lo sucedido.
“Tanto el proceso administrativo como judicial están abiertos, por lo que los detalles de intervención son confidenciales”, concluyó la oficina.
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