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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a tres mujeres y dos hombres, funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como sospechosos del delito de trata de personas con fines de adopción irregular.
Los allanamientos se realizaron en las oficinas del PANI de Cariari, en Pococí; en la sede de Puerto Jiménez, Puntarenas; en el Departamento de Atención Regional Inmediata del PANI de Alajuela; en la sede del PANI en Orotina; y en un centro integral ubicado en Santa Ana, San José.
De acuerdo con la información brindada por el OIJ, la investigación judicial inició en octubre de 2022, luego de que en agosto de ese año la Presidencia Ejecutiva del PANI remitiera un informe al Ministerio Público en el que se señalaban “una serie de irregularidades de tipo administrativo en trámites de adopción de personas menores de edad”.
Según un boletín del OIJ, en la pesquisa se constató la existencia de irregularidades en la ubicación de personas menores de edad, pues no se estaban realizando correctamente los procesos administrativos requeridos en temas de adopción y, además, se brindaba falso testimonio con el fin de apartar a los menores de sus familias biológicas y colocarlos en alguna familia adoptiva.
Estas familias, posteriormente, eran incluidas en un programa del PANI en el que se les daba una ayuda económica, mientras se resolvía en instancias judiciales la tutela de los menores.
Las funcionarias detenidas fueron identificadas con los apellidos Hernández, de 31 años; Chavarría, de 48 años; Chacón, de 39 años; y los hombres, con los apellidos Fernández, de 42 años, y Barrantes, de 61 años.
La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kennly Garza señaló que desde el pasado 7 de agosto dio a conocer que siete funcionarios, trabajadores sociales, abogados, psicólogos y un coordinador que laboran en diferentes partes del país, se encuentran suspendidos por irregularidades en los trámites de adopciones. Cinco de ellos son los detenidos este martes.
Estos funcionarios habrían incumplido en el Proceso Especial de Protección (PEP), que son las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las niñas, niños y adolescentes. Este proceso incluye el dictado de medidas de protección, que van desde la orientación, apoyo y seguimiento, hasta el cuido provisional en familias sustitutas y el abrigo temporal en entidades públicas y privadas.
Debido a estas posibles faltas cometidas, la presidenta Garza ordenó a la Gerencia Técnica “que un equipo interdisciplinario continúe con la revisión de las intervenciones administrativas y garantice la continuidad de los servicios”.
Los presuntos implicados serán remitidos al Ministerio Público, donde se les tomará la declaración y se determinará su situación judicial.
