Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto costarricense extraditable requerido en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, se beneficiaba de un polémico subsidio que otorga el Estado de Costa Rica. Se trata de la exoneración de impuestos en la compra de combustibles destinados a la pesca.
Noni recibió subsidios estatales por ¢10,5 millones gracias a la licencia de pesca comercial del barco Mibri II. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Pública, la embarcación fue detenida en el 2021 por el presunto delito de transporte ilegal de combustible.
Picado aparece en el registro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) cobrando el beneficio en 15 ocasiones. El buque fue desinscrito del Registro Nacional en marzo de 2025.
Este beneficio, que concede Incopesca desde hace 30 años, exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina a pescadores con licencia comercial o turística activa, que gestionen el permiso ante la institución.
Picado recibió el subsidio entre abril del 2015 y mayo del 2017. Durante ese tiempo, adquirió 32.650 litros de gasolina, por los cuales pagó ¢6,8 millones, mientras que un consumidor normal habría tenido que destinar ¢17,3 millones; es decir, un 60% más.
Este número de beneficios resulta suficiente para llenar el tanque de 725,5 vehículos, con una capacidad de 45 litros cada uno.
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Alias Noni, de 32 años, fue detenido este jueves en La Galera, en Curridabat, y se sumó a la lista de costarricenses requeridos por el país norteamericano: el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata; Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato y Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas (requerido por autoridades italianas).
El ahora aprehendido es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, capturado en Londres, Inglaterra, en diciembre del 2024. Desde entonces, Shock continúa a la espera de su extradición a Estados Unidos por el mismo delito que se le imputa a su hermano.
Alias Noni es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de una organización criminal que opera en la provincia de Limón desde hace varios años.
Según indicó a La Nación el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, todos los extraditables, incluido Shock, están vinculados con el envío de droga utilizando los puertos de Moín hasta Estados Unidos.
Polémico subsidio
Este beneficio para la flota pesquera se aprobó en la década de los 90 y según reveló este medio en noviembre del 2024, le cuesta al Estado, en promedio, ¢7.667 millones anuales.
El subsidio entró en vigencia con una intención altruista para incentivar la industria pesquera, aunque en la práctica ha sido aprovechado por personas sospechosas de trasiego de drogas, robo de combustible y pesca ilegal. En abril del 2025, La Nación informó que, en los últimos 10 años, 159 embarcaciones de pescadores que recibieron el subsidio fueron detenidas por los delitos mencionados.
Este medio también dio a conocer el caso particular de los empresarios pesqueros Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Hernández Mata, detenidos en el marco del Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
Entre abril del 2015 y junio del 2024, ambos recibieron ¢1.185 millones en exoneraciones, lo que se traduce en 4,8 millones de litros de ese combustible exonerado de impuestos, a través de 11 embarcaciones suyas.
Además, se informó que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien fue catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, obtuvo subsidios por ¢521,4 millones.
La Contraloría General de la República alertó, el pasado 18 de diciembre, sobre el riesgo de que el combustible otorgado a precio subsidiado “sea utilizado en actividades ilícitas”, debido a una serie de debilidades en los controles del Incopesca.
El órgano contralor determinó que el Instituto realiza inspecciones “débiles y escasas” y puntualizó irregularidades al momento del trámite.
Detención provisional
Este viernes, Noni permanecía en celdas del Primer Circuito Judicial de San José, donde se enfrentará a una audiencia de medidas cautelares. En los casos de extradición, se dictan, inicialmente, dos meses de detención provisional. Después de eso, lo más probable es que sea trasladado a Máxima Seguridad, en La Reforma.
Es muy posible que, si el proceso en su contra se extiende más de los dos meses iniciales que establece la ley, continúe en prisión, pues así se resolvió para los otros tres extraditables: Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez.
La semana pasada, al resolver una solicitud de ampliación de la medida, el juez William Serrano Baby, en el Voto N.° 1365-2025 del que La Nación tiene copia, justificó que en materia de extradición la privación de libertad se impone como regla general.
En la resolución Serrano señala que mientras en el proceso penal ordinario la prisión preventiva es excepcional, en la extradición ocurre lo contrario: “La detención provisional prevista en la Ley de Extradición es la regla en esta materia y no la excepción, a diferencia de lo que sucede con la prisión preventiva en los procesos penales”, razonó.
Los abogados defensores alegaron desproporción, aislamiento, falta de legitimación del Ministerio Público y ausencia de documentación enviada por Estados Unidos dentro del plazo establecido. Sin embargo, el juez desestimó cada uno de estos planteamientos.