En los últimos diez años, 159 embarcaciones de pescadores que recibieron un subsidio del Estado para comprar combustible fueron detenidas por su aparente uso en narcotráfico, pesca ilegal o navegación irregular.
En conjunto, durante ese periodo, el beneficio de la exoneración les permitió un ahorro de ¢5.674 millones.
Entre enero del 2015 y junio del 2024, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgó 5.539 exoneraciones en favor de esos 159 navíos, cuyas detenciones se efectuaron de previo, posterior o en simultáneo a las fechas en que recibieron el hidrocarburo subsidiado.
Este número de beneficios se traduce en 20,9 millones de litros de combustible, suficientes para llenar el tanque de 463.870 vehículos con capacidad para 45 litros cada uno.
Ese combustible, con la exoneración de impuestos, costó ¢6.157 millones. Sin el subsidio, el monto habría ascendido a ¢11.831 millones, es decir, un 48% más.
Este beneficio, que concede Incopesca desde hace 30 años, exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina a pescadores con licencia comercial o turística activa que gestionen el permiso ante la institución. La ayuda se aprobó en la década de los 90 con una intención altruista para incentivar la industria pesquera, aunque en la práctica ha sido aprovechada por personas sospechosas de trasiego de drogas, robo de combustible y pesca ilegal.
Así se concluyó tras un análisis realizado por La Nación de la base de datos de los pescadores que recibieron subsidios de Incopesca en la última década, cotejándola con la tabla oficial de precios de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y, posteriormente, confrontándola con el registro de embarcaciones aprehendidas por el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), del Ministerio de Seguridad Pública.
Para acceder a este último reporte, una periodista de este diario tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, pues el Ministerio de Seguridad se negaba a facilitar esa información, alegando que era confidencial.
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Pesca ilegal, la detención más frecuente
En la mayoría de los casos, 74, las detenciones fueron por pesca ilegal, es decir, en el 46,5%. En segundo lugar, fue por presuntas violaciones a la ley de psicotrópicos (51 ocasiones) y, en menor medida, 34 veces, por navegación irregular, que incluye el transporte ilegal de combustible, la violación de vedas de pesca, alteración de marcas y señales, manipulación de radioboyas y actos de piratería.
De las 159 detenciones, 17 ocurrieron el año pasado, 15 en el antepasado y 21 en el 2022. De la década analizada, en el 2019 fue cuando se registraron más embarcaciones detenidas, con 23.
En noviembre del 2024, La Nación reveló que el subsidio a la flota pesquera nacional benefició a 2.280 personas en los últimos nueve años y que, en promedio, ese beneficio le cuesta al Estado ¢7.667 millones anuales.
Ese mismo mes, este medio publicó que dos empresarios pesqueros detenidos en el marco del denominado Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, recibieron ¢1.185 millones en exoneraciones.
Denis Gerardo Hernández, uno de los aprehendidos, recibió subsidios en 65 ocasiones entre octubre del 2018 y junio del 2024, para tres embarcaciones registradas a su nombre: Alerta VIII, Urcajo III y Don Miguel.
El navío Urcajo III, que actualmente pertenece a Hernández y a un hombre de apellido Romero, cuenta con otro antecedente. Esta embarcación estuvo registrada a nombre de una sociedad anónima entre el 2008 y el 2020, periodo durante el cual se benefició de 36 retiros de combustible, que suman un total de 377.197 litros. En setiembre del 2014, el navío fue detenido por presunta pesca ilegal.
También dio a conocer el caso de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, quien fue catalogado por Estados Unidos como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica. Él obtuvo subsidios por ¢521,4 millones.
En el marco de esas publicaciones y ante consultas de este diario, Incopesca insistió en que a ellos no les constaba que esto estuviera sucediendo. “Las investigaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no fueron comunicadas a Incopesca. De igual manera, no existe ninguna notificación de parte de algún juez u otro funcionario que nos indique no brindar el servicio”, alegó en un correo electrónico, a través de la oficina de prensa.
La Contraloría General de la República alertó, el pasado 18 de diciembre, sobre el riesgo de que el combustible otorgado a precio subsidiado “sea utilizado en actividades ilícitas”, debido a una serie de debilidades en los controles del Incopesca. El órgano contralor determinó que el Instituto realiza inspecciones “débiles y escasas” y puntualizó irregularidades al momento del trámite.
Ante los resultados de la Contraloría, el presidente ejecutivo de Incopesca, Nelson Peña, explicó que la institución revisaría los procedimientos de control y vigilancia. Sin embargo, no precisó qué medidas adoptará y no ha accedido a una entrevista con este medio.
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Buques con cocaína recibieron ayuda Estatal
En la lista de beneficiarios también figura un hombre de apellidos Umaña Álvarez, quien fue detenido junto con su esposa el 24 de enero del 2024, como sospechoso de liderar una banda criminal conocida como “Los Catanos”, dedicada a legitimar capitales provenientes del narcotráfico en Golfito, Puntarenas.
“En apariencia, Umaña tomaba las embarcaciones que están a nombre de él o de otras personas para trasegar o traer droga al país y después enviarla a otros países”, explicó en aquel momento el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
De acuerdo con el OIJ, Umaña es conocido internacionalmente como uno de los narcotraficantes “más importantes” de Costa Rica, y lo vinculan con dos navíos detenidos en aguas fuera de la jurisdicción nacional en el 2021, que transportaban 1,5 toneladas y 770 kilogramos de droga.
Si bien en ese momento la Policía Judicial no detalló el nombre de las embarcaciones, La Nación constató que el navío Alexander U. A., propiedad de Umaña, fue detenido en el 2021 por presunto narcotráfico y recibió 117.588 litros de hidrocarburos a precio preferencial entre el 2021 y el 2024. Este beneficio estatal le permitió un ahorro de ¢30,8 millones.
Otros casos relacionados con tráfico de drogas aparecen en los registros analizados por este medio. En setiembre del 2021, oficiales de Guardacostas de Caldera, en Puntarenas, detuvieron una embarcación a 45 kilómetros de Cabo Blanco que transportaba 1.362 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos. La nave, de nombre Fanny II y con matrícula P-10581, era tripulada por cuatro costarricenses de apellidos Mora, Rodríguez, Cubero y Pérez.
Un hombre de apellido Villegas, propietario del buque y beneficiario de Incopesca, recibió tres aprobaciones para obtener combustible exonerado entre febrero y junio de ese mismo año. El navío obtuvo un total de 10.332 litros de diésel libre de impuestos, por un valor aproximado de ¢2,8 millones, la mitad de lo que pagaría un consumidor regular.
Asimismo, en el grupo de 159 embarcaciones detenidas también figura una identificada como Happy Happy I. En enero del 2021 fue interceptada con 248 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, a 30 millas náuticas (55,5 kilómetros) de Cabo Blanco, en Puntarenas.
Entre el 4 de septiembre del 2017 y el 9 de noviembre del 2020, la embarcación recibió hidrocarburo a precio preferencial en 20 ocasiones, con una mujer de apellido García como permisionaria. En total, obtuvo 44.060 litros de gasolina con un ahorro de ¢15 millones.
Por esa misma cantidad de combustible, un consumidor regular habría pagado ¢27,2 millones. Con el subsidio, el monto se redujo a ¢12,1 millones.
El barco contaba con licencia comercial de pesca y a bordo viajaban seis hombres: tres costarricenses, dos ecuatorianos y un guatemalteco. El operativo que culminó con su detención fue realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Servicio de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD) y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés)
De acuerdo con las autoridades, el grupo trasladaba el alijo desde Suramérica con la intención de ingresarlo al país.