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La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) revelar las matrículas de las lanchas detenidas por narcotráfico, pesca ilegal y violación de vedas, al sentenciar que se trata de información a la que puede acceder todo ciudadano.
Así lo resolvió el 11 de marzo al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por La Nación.
Este medio presentó el recurso porque el Ministerio de Seguridad rehusó entregar la lista de navíos aprendidos en los últimos diez años, junto con el tipo de licencia, el motivo de la aprehensión y la matrícula de cada embarcación.
La información se solicitó desde el 17 de setiembre del 2024. Aunque la solicitud fue atendida por el departamento de Prensa de la institución, el Ministerio de Seguridad omitió entregar las matrículas. Argumentó lo siguiente: “En apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, la información solicitada forma parte de investigaciones penales, por lo cual solo está permitido el acceso a las partes o sus representantes”.
Sala: ‘Resulta ilegítimo que se deniegue el acceso’
Por decisión unánime, los magistrados de la Sala Constitucional se sustentaron en el artículo 30 de la Constitución Política para determinar que, en este caso, “resulta ilegítimo y contrario a los derechos fundamentales que se le deniegue el acceso a información de carácter público”.
Dicho numeral garantiza el derecho de toda persona a tener acceso a las oficinas públicas para obtener información sobre asuntos de interés público, siempre que no se trate de un secreto de Estado.
Este derecho, concluyó el Tribunal, tiene como fundamento el interés de la comunidad de “conocer la actividad del funcionario, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo”. Además, fomenta la vigilancia ciudadana sobre la forma en que se administran los fondos públicos.
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“En lo que a este derecho atañe, lo que interesa es que la información tenga interés público y que no se trate de un secreto de estado, lo cual no se da en el presente caso, pues, lo pedido es información pública debido a que está disponible en el registro de embarcaciones del Registro Nacional”, indicaron los magistrados.
El Ministerio de Seguridad Pública argumentó que revelar el dato podría obstaculizar investigaciones en curso, tanto administrativas como judiciales, y respaldó su negativa en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Sala resolvió que, aunque los propietarios de las embarcaciones podrían estar sujetos a procesos penales, la institución no tiene certeza sobre cuáles están involucrados. Por lo tanto, no puede restringirse el acceso a toda la información.
El tribunal ordenó la remisión de los datos en un plazo de 10 días hábiles.
Cuestionados por narcotráfico aprovechan subsidio
La Nación presentó el recurso en enero de 2025 como seguimiento a una investigación periodística que reveló, en noviembre de 2024, que personas cuestionadas por presunto narcotráfico recibieron exoneraciones millonarias, por parte del Estado, para la compra de combustible a través de un beneficio otorgado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual permite a la flota pesquera nacional pagar un 47% menos que el resto de los consumidores.
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La matrícula de las embarcaciones es imprescindible para determinar si navíos aprehendidos por narcotráfico, pesca ilegal o violación de vedas, se han beneficiado de este subsidio Estatal.
Desde 1994, Costa Rica exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina regular a los pescadores. Este subsidio le cuesta al Estado, en promedio, ¢7.667 millones anuales.
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En noviembre de 2024, La Nación reveló que Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca y quien ha sido catalogado por Estados Unidos (EE. UU.) como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica, recibió subsidios del Estado por ¢521,4 millones para comprar diésel en los últimos nueve años.
Actualmente, él descuenta prisión preventiva como sospechoso de un robo multimillonario de combustible a Recope,
Ese mismo mes, este medio dio a conocer que dos empresarios pesqueros detenidos en el marco del llamado Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero, recibieron subsidios del Estado por ¢1.185 millones para la compra de diésel, durante los últimos nueve años.
El pasado diciembre, la Contraloría General de la República señaló debilidades en controles sobre otorgamiento de este beneficio y alertó sobre el riesgo de que el combustible otorgado a la flota pesquera nacional “sea utilizado en actividades ilícitas”.
