La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo aseveró en el plenario legislativo este jueves que “de las denuncias por agresión sexual ni el 5% terminan en condena”.
Esa frase la dijo mientras defendía el principio de inocencia que aplica para todas las personas que enfrentan un proceso penal, incluido el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, a quien un joven de 25 años denunció por una presunta violación.
La legisladora Kattia Cambronero le reprochó a Zamora haber utilizado recursos públicos para defenderse de la denuncia, por el supuesto ataque el cual habría ocurrido en un lujoso hotel en Escazú entre la noche del sábado y la madrugada del domingo anterior.
Y en la réplica, Cisneros dijo que el ministro se mantendrá en el cargo.
“Para pena o para desgracia de todos ustedes que quieren que ruede la cabeza del ministro, el ministro Arnold Zamora sigue ocupando su puesto y seguirá ocupando su puesto", aseveró la jefa del oficialismo en la Asamblea.
La Nación conversó con la fiscala de género Debby Garay Boza quien rebatió el argumento del bajo porcentaje de condenas en casos de agresión sexual, al argumentar entre otras cosas, que las estadísticas no reflejan la complejidad de estos delitos ni la realidad de las víctimas que enfrentan múltiples obstáculos para continuar los procesos judiciales.
“Los números deben ser humanizados, no podemos ver una cifra o porcentaje porque no se ve detrás el dolor y las historias que hay y que no es lo mismo ser víctima de un delito de robo o hurto, que de un delito sexual o de violencia penalizada contra la mujer”, enfatizó la fiscal.
Garay explicó que el año pasado se recibieron alrededor de 47.000 denuncias en delitos sexuales y de violencia penalizada contra la mujer, de las cuales se formularon 11.047 acusaciones, lo que representa más de un 23% de los casos denunciados.
Obstáculos para las víctimas
La fiscal detalló los múltiples factores que impiden que los casos lleguen a juicio. “Muchas de las personas víctimas viven la agresión por parte de familiares, entonces tienen un derecho constitucional de no declarar contra ellos y muchas de ellas por presión familiar u otras razones deciden no declarar”, explicó.
La experta en materia de género agregó que por general las agresiones y la violencia sexual ocurre ámbitos privados o de clandestinidad, ajeno a la mirada de terceras personas o de mecanismos de grabación, como son las cámaras de vigilancia.
Garay mencionó otros obstáculos que enfrentan las víctimas, incluyendo personas migrantes que abandonan el país, falta de redes de apoyo y victimización secundaria. “Muchas otras personas víctimas sufren de determinadas formas de violencia, pero sus redes de apoyo no existen, no existen personas a su alrededor en la familia o amigos que la alienten a continuar con el proceso penal”, indicó.
La funcionaria también explicó que existe mucho mito y violencia emocional de los propios entornos familiares de las víctimas, para evitar que colaboren con el proceso.
Mora judicial y presupuesto
Respecto a las cifras de condenas, Garay fue contundente en decir que se debe comprender como afecta la mora judicial en estos casos “si usted no comprende la mora judicial los números pueden ser sesgados y brindar conclusiones que son erróneas”.
La fiscal indicó que las agendas de los tribunales de juicio se encuentran saturadas de estas causas que están esperando fecha para juicio, lo que afecta las estadísticas de condenas.
Garay también lamentó el golpe presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la fiscalía para el próximo periodo, ya que afecta gravemente la atención de estos delitos. “Si mal no recuerdo se había aprobado un total de 75 plazas ya con el presupuesto y todo el desglose qué corresponde y en abril del presente año se giró el presupuesto para 22 de ellas”, explicó.
El golpe es mayor para la atención de violencia contra las mujeres “El Poder Ejecutivo no ha liberado la totalidad del presupuesto que estaba aprobado para 2025 por ley de la República, muchos de esos recursos para tratar la violencia de género”, denunció la funcionaria.
Sobre si existe diferencia en el tratamiento según el género de la víctima, Garay reconoció que “por un principio de igualdad todos los casos deberían ser iguales, pero no es cierto” debido a acciones afirmativas establecidas por la Sala Constitucional.
“Se debe priorizar aquellos asuntos de violencia sexual, por ejemplo, sobre otros en los que la persona ofendida sea mujer y que además sea una persona menor de edad”, explicó la fiscal.
Garay recalcó que es determinante que las víctimas denuncien y que se mantengan en el proceso una vez que lo hagan.
“El hecho de que se diga que son muy pocas causas las que llegan a condena no quiere decir que en el resto, que es el gran porcentaje de las causas, los hechos no hayan ocurrido”, puntualizó la fiscala.
Agregó: “En esta materia es donde las víctimas están más acostumbradas a callar los hechos, de ahí que cuando alguien denuncia más bien hay que alentarla que continúe con ese proceso”, concluyó.