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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sostuvo una reunión estratégica con autoridades judiciales y de seguridad de Estados Unidos para afinar mecanismos de cooperación en torno a extradiciones presentes y futuras, en momentos en que Costa Rica enfrenta el histórico caso del exmagistrado Celso Gamboa.
El encuentro se realizó el pasado martes 19 de agosto con Wesley Wynne, fiscal del Distrito Este de Texas, además de representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).
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Díaz detalló que uno de los principales objetivos fue coordinar las gestiones vinculadas a procesos de extradición de ciudadanos costarricenses que están en desarrollo, como el de Gamboa, así como posibles solicitudes futuras.
“Buscamos fortalecer la colaboración en procesos complejos como la extradición y el aseguramiento de bienes relacionados con estos casos”, señaló el jerarca.
En la reunión en suelo costarricense también se discutió el eventual secuestro de bienes propiedad de extraditables y la disposición que las autoridades estadounidenses darían a estos recursos.
El caso Gamboa
El proceso de extradición de Celso Gamboa, exmagistrado y exministro de Seguridad, coloca a Costa Rica bajo la lupa internacional, no solo por la gravedad de los señalamientos, sino porque podría evidenciar posibles alcances del narcotráfico dentro de estructuras políticas y judiciales del país.
El 23 de junio del 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Gamboa a solicitud del gobierno de Estados Unidos, tras una investigación liderada por la DEA.
La detención busca concretar su extradición a Texas, donde enfrenta cargos por tráfico internacional de drogas.
Ese mismo día también fue detenido Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, requerido igualmente por la DEA bajo acusaciones similares.
Ambos podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados por narcotráfico, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo de 2025 que habilitó estas situaciones en casos de terrorismo y narcotráfico.
A ellos se suma Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien fue capturado en el marco del caso Venus, y requerido por Estados Unidos por delitos de narco.
El fiscal general insistió en que el Ministerio Público mantiene una relación estrecha y efectiva con la justicia estadounidense, lo que facilita el avance de investigaciones conjuntas contra el crimen organizado y fortalece la respuesta institucional frente a redes del narcotráfico con impacto transnacional.
