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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se refirió este lunes al caso de uno de sus funcionarios, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmara su detención en el marco de una investigación por aparente explotación sexual de menores de edad.
El ministro Andrés Romero Rodríguez informó que la institución realizó ya diligencias vinculadas a su funcionario de apellidos Palma Ortiz (de 40 años), a raíz de consultas de este diario.
La cartera se puso en contacto con la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con el fin de conocer los alcances de la supuesta vinculación del funcionario en los delitos denunciados.
“Condenamos categóricamente los hechos denunciados y nos ponemos a las órdenes de las autoridades judiciales para facilitar toda la información que puedan requerir durante el proceso de investigación”, señaló Romero.
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El jerarca explicó además que, de manera oficiosa, el Ministerio activó los procedimientos disciplinarios que establece el Estatuto del Servicio Civil, aunque aclaró que, según la información conocida hasta el momento, los delitos atribuidos al funcionario no guardan relación con sus labores dentro de la institución.
El funcionario detenido fue identificado por las autoridades como abogado del MTSS.
Su arresto ocurrió durante una amplia operación del OIJ en la que se realizaron 19 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país, incluyendo Playas del Coco, Filadelfia, San Ramón, Heredia, Cartago y San José.
Según explicó el director del OIJ, Rándall Zúñiga, el abogado habría contactado a menores a través de redes sociales para concertar encuentros sexuales, valiéndose de la estructura de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y producción de pornografía infantil.
Las autoridades presumen que el grupo cobraba entre ¢250.000 y ¢500.000 por cada víctima, la mayoría niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social.
Entre los 19 detenidos figuran varios hombres que presuntamente pagaban por encuentros sexuales o adquirían material pornográfico, por lo que también enfrentan posibles cargos por violación y trata de personas.
La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, que definirá las medidas cautelares correspondientes en los próximos días.
