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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que Estados Unidos “muy pronto” impondrá un arancel “considerable” a la importación de semiconductores, un componente clave en la carrera mundial hacia la inteligencia artificial (IA).
“Impondremos un arancel muy pronto”, anticipó Trump durante una cena en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria tecnológica estadounidense.
“No es un arancel tan alto, pero sí bastante considerable”, agregó.
Un mes antes, el mandatario había anunciado su intención de gravar al 100% los “chips y semiconductores” importados, sin ofrecer información sobre la fecha de entrada en vigor.
“Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si construyes (fábricas) en Estados Unidos o te has comprometido a hacerlo, no tendrás que pagar”, continuó.
Varios titanes de la tecnología, fabricantes o usuarios dependientes de semiconductores, han anunciado en los últimos meses inversiones en suelo estadounidense.
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Apple, por ejemplo, ha prometido 600 mil millones de dólares en cuatro años, y Micron Technology planea elevarlas a 200 mil millones de dólares.
El sector de los semiconductores es objeto de numerosas rivalidades entre Estados Unidos y los principales países productores, como China y Taiwán.
Washington revocó, en particular, la autorización concedida al gigante taiwanés TSMC de exportar sin licencia a China equipo estadounidense para la fabricación de chips electrónicos.
Y el gigante Nvidia no pudo vender en el segundo trimestre ninguna de sus chips H20 en el mercado chino, pese a haber sido desarrollados específicamente para cumplir con las exigencias del gobierno estadounidense.
El desarrollo de la industria manufacturera en territorio estadounidense es una de las prioridades de Trump, quien ha impuesto aranceles generalizados para frenar las importaciones y favorecer la producción nacional.
Algunas de estas tarifas han sido consideradas ilegales por tribunales de primera instancia, que sostienen que un presidente no tiene el poder de imponer aranceles generalizados.
El miércoles, el gobierno de Trump llevó este asunto ante la Corte Suprema.
