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Además del incremento en la actividad criminal y en las muertes por homicidio, el narcotráfico está teniendo un efecto profundo en el entramado económico de los barrios y las ciudades de Costa Rica.
Así lo reveló el informe Estado de la Nación 2025, divulgado el pasado 13 de noviembre. Según ese documento, la incursión de la criminalidad en la economía estaría causando no solo una mayor actividad en los comercios locales, sino que también una caída de la actividad industrial.
La investigación demuestra que los grupos criminales invierten sus ganancias en los pequeños comercios de los territorios que controlan, en su mayoría informales y con bajo nivel de inversión inicial.
Sin embargo, un aumento en la actividad de los pequeños comercios no significa lo mismo para la actividad económica en general, ni para la economía industrial, la cual sí se ve mermada por el crimen organizado.
Una posible explicación es que los crímenes violentos desincentivan la inversión de empresas con mayores necesidades de capital inicial y cuyos plazos para recuperar la inversión son más extensos.
Para llegar a esta conclusión, el informe elaboró un análisis econométrico con datos mensuales de cada cantón en los últimos nueve años.
La actividad económica se calculó con base en el consumo eléctrico industrial y comercial, como es usual en otras investigaciones de este tipo. Mientras que la actividad criminal se midió con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y datos de delitos no letales contra las personas y contra la propiedad.
Fuertes efectos en zonas costeras
Los efectos económicos negativos son especialmente notables en las zonas costeras de Guanacaste, Puntarenas y Limón, donde se registraron las mayores tasas de homicidios en el período 2023-2024, con un incremento significativo en el litoral Pacífico.
“Las regiones donde se ubican estos cantones costeros son las que presentan condiciones más desfavorables en el mercado laboral y mayor incidencia de pobreza, un terreno fértil para la entrada del crimen organizado”, se consignó en el documento.
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Círculo vicioso
En esas regiones del país más golpeadas por el crimen organizado, el informe además plantea la formación de un potencial círculo vicioso.
“La criminalidad se instaura en territorios con menores oportunidades para la población, lo cual inhibe la actividad económica y deja en una condición aún más desfavorable a los territorios, reforzando su posición como un blanco para el crimen organizado y así sucesivamente”, advierte.
Al comparar las tasas de homicidios entre 2017-2018 y 2023-2024, se evidencia que el repunte de homicidios está golpeando, especialmente, la costa del Pacífico.
La investigación determinó la tasa de homicidios y la dividió en tres grupos: alto (en los cantones con tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes o más), medio (entre 10 y 19) y bajo (menos de 10).
De los 11 cantones guanacastecos, seis empeoraron su situación (Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas y Abangares), cuatro se mantuvieron en la misma categoría (Liberia, Tilarán, Nandayure y Hojancha), y solo uno mejoró: el cantón fronterizo de La Cruz.
En el caso de Puntarenas, de los 11 cantones estudiados (Monteverde y Puerto Jiménez no fueron incluidos porque su creación fue más reciente), ocho registraron peores cifras (Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Osa, Quepos, Parrita, Corredores y Garabito), mientras que Buenos Aires, Golfito y Coto Brus se mantuvieron en la misma categoría.
Destacan además los casos de Santa Cruz y Quepos, los cuales junto a Paraíso de Cartago fueron los cantones que pasaron de un nivel bajo a un nivel alto de homicidios en el periodo analizado. Por otra parte, el único cantón que mejoró de un nivel alto a uno bajo fue San Mateo de Alajuela.
Daniel Ortiz, economista de la firma de asesoría Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa), explicó a La Nación que romper el círculo vicioso en estas regiones no depende solo de contratar más policías o aumentar las penas de cárcel, sino de restaurar las oportunidades en territorios abandonados.
“Se necesita un plan de largo plazo, financiado sostenidamente, que articule seguridad, economía y política social. Donde el Estado llega con servicios y oportunidades, el crimen pierde terreno o probabilidades de consolidarse”, manifestó Ortiz, quien destacó las dificultades que existen para conocer la verdadera infiltración del narcotráfico, pues al ser una actividad informal, su alcance no se cuantifica.
Por su parte, el exviceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, consideró que lo planteado por el Estado de la Nación es una “hipótesis factible”, y se puede deber al entorno de seguridad que desmotiva a los empresarios, y que los mercados locales podrían distorsionarse si los negocios nuevos compiten con precios muy bajos que expulsen de la actividad a empresas ya asentadas.
Pacheco indicó que otros efectos económicos del crimen organizado podrían ser el aumento de la economía informal, un mayor desempleo por el cierre de empresas, un aumento significativo de remuneraciones en actividades específicas, un incremento de la oferta de dólares, presionando a la baja el tipo de cambio, un eventual incremento de la deserción escolar y en algunos casos, los precios de la tierra y alquileres se podrían disparar.
