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Mientras la amenaza de hundimiento sigue acechando a varias familias de la urbanización Valladolid de Desamparados, que colindan con un deslizamiento que se activó en el 2017, los dueños de 28 viviendas colapsadas en ese sitio en noviembre del 2020, viven penurias.
A doña Flor Jiménez, vecina de esa barriada, la entrevistamos por primera vez en la cochera de su casa en setiembre del 2020, cuando las grietas apenas comenzaban a asomarse en la calle, la acera y las paredes de su vivienda en ese vecindario desamparadeño que tenía más de 25 años de establecido.
Solo dos meses después, en noviembre de ese año, su casa fue parte de las 28 que sucumbieron ante la fuerza de la naturaleza. Desde entonces pasó de ser propietaria, a ser inquilina errante, junto con sus dos hijos.
Primero tuvo que irse donde una familia amiga, luego se fue a alquilar en San Miguel de Desamparados y este mes le avisaron que tiene que dejar la casa porque la van a vender, de modo que ahora busca otro sitio donde irse con su hija de 18 años, que tiene una discapacidad, su hijo de 27, así como sus dos perros, que le ayudan a distraerse en medio de tanta zozobra. De igual forma, el IMAS le dijo que en junio dejarán de brindarle el subsidio de alquiler.
Con 59 años, sin trabajo estable, esta madre de dos hijos se ha movido entre constantes trabas para conseguir un lote a bajo precio. Al final encontró uno en el distrito Mercedes, en Atenas de Alajuela, donde con la ayuda de la Constructora Atenea reza porque las nuevas autoridades del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) le aprueben el bono de ¢30 millones que debe alcanzarle para pagar el lote y la casa pequeña que espera levantar ahí.
Su hijo mayor, de 28 años, le dijo que siguiera adelante con ese proyecto, pero que en caso de concretarse, él prefiere alquilar una habitación y quedarse viviendo en Desamparados, cerca del supermercado donde labora.
Desarraigo forzoso
Otras dos familias también cifran su esperanza en que se les apruebe levantar sus casas en los distritos de Jesús y San José de Atenas, es decir a unos 55 kilómetros de donde vivieron por más de dos décadas.
Para que le aprobaran el lote, Jiménez tuvo que solicitar al dueño del terreno y a la empresa constructora que hicieran un muro de contención, el cual ya quedó instalado, por lo que ahora espera que el Banhvi le avise sobre la fase final del trámite.
El hecho de que se vaya hasta Atenas obedece a que en San José no se consigue un lote en menos de ¢20 millones. De igual forma, es casi imposible conseguir una vivienda en buenas condiciones con los ¢30 millones del bono. Afirma que aspectos como la diferencia del clima, el desarraigo familiar y el distanciamiento con su hijo son parte de un proceso que está dispuesta a afrontar para volver a tener casa.
Otra vecina de esa barriada, María Jeannette Rojas Fuentes, de 45 años, también perdió su vivienda y desde que el Ministerio de Salud les dio la orden de desalojo, en setiembre del 2020 tuvo que irse, primero para Desamparados y luego para Villas de Ayarco en San Juan de La Unión, Cartago.
Esta mujer divorciada y madre de dos hijos vive solo con el menor de ellos, de 17 años, pues el mayor, de 28 años, consiguió un trabajo y prefirió alquilar una habitación en Desamparados.
La casa que esta familia perdió la habían comprado desde el 2001, mediante un préstamo que habían terminado de pagar tres años antes de que se hundiera y quedara en escombros a más de cuatro metros por debajo del nivel de las que quedaron a la orilla.
Jeannette recuerda que le costó mucho levantar aquella casa, pues trabajaba como cajera de un supermercado y apenas le alcanzaba para pagar el préstamo y comprar lo básico para su familia.
El IMAS ya advirtió que hasta junio les ayudará con el pago del alquiler, de modo que la situación se les complica si antes de esa fecha el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) no les aprueba la adquisición de la casa donde actualmente vive. A ella, el dueño le dio opción de compra por un año sin cobrarle nada, pero hasta julio. Luego debe cancelar los ¢30 millones del bono estatal para que la casa pase a ser de ella.
Ahora cruza los dedos para que antes de julio su bono esté aprobado y así poder adquirir la vivienda en La Unión. “Me urge tener casa. Yo busqué por Guadalupe, Coronado, Desamparados y otros sitios, pero la gente quiere venderla de una vez, nadie quiere dar opción de compra y quiénes lo hacen piden un depósito millonario, de modo que si no se formaliza la compra, el cliente pierde esa plata”, explicó.
Agregó que su temor está en que le retrasen el bono, por eso constantemente llama e ingresa a la página web del Banhvi a la espera de la aprobación, pero de momento solo le informan que su trámite fue revisado por la entidad el 18 de enero.
Dejar Desamparados le ha resultado difícil, su hijo está en un colegio desamparadeño y tiene que viajar desde La Unión. Tuvo que sacarlo de un equipo de balonmano, pues no puede pagarle el costo de los pasajes adicionales para los entrenamientos y partidos.
“Esto no es nada fácil. Tuvimos que salir de nuestra zona para poder encontrar algo. En las reuniones, la gente del Ministerio de Vivienda nada más dice: “busquen una casa o un lote por un monto total de ¢30 millones”, pero ningún lote se consigue en menos de ¢15 millones, dijo Rojas y con los otros ¢15 millones apenas si se puede levantar una casa, por lo que ella prefirió conseguir una ya hecha.
“A mí me cobraron hasta ¢2 millones por una opción de compra de seis meses y sé de otras familias que no han encontrado nada dentro del monto de ¢30 millones, por lo que en una reunión reciente les dijeron que si a estas alturas no tienen nada definido, quedarán fuera del presente grupo, en una nueva lista de espera”, expresó.
Otros han tenido que buscar lotes en Atenas, Grecia y en Palmares de Alajuela, expresó.
“Sin el santo y sin la limosna”
Gerardo Moraga y sus dos hijas anhelan tener de nuevo una casa propia para no andar rodando de un lado a otro. Este hombre de 60 años había pedido un préstamo para arreglar la vivienda que tenía desde hace más de 25 años y que perdió en el deslizamiento del 2020.
“En aquellos años a nosotros nos dieron solo un techo y un cajón de paredes, lo demás tuvimos que hacerlo con mucho esfuerzo”, dijo este santacruceño que labora en la Embotelladora Tica.
Ahora está pagando al banco ¢120.000 por mes por un préstamo que hizo para reparar la casa que ya no existe, también paga el alquiler de ¢100.000 a un vecino que prefirió irse, pues su vivienda quedó a escasos ocho metros del deslizamiento. Ahí Moraga vive con sus dos hijas gemelas, de 27 años, una de ellas con una discapacidad en una pierna.
Como tuvo que trabajar horas extras para atender la situación ocasionada por la pérdida de su casa, ese aumento temporal en su salario hizo que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), le quitara desde marzo el auxilio de ¢100.000 que le daba para cubrir el alquiler. También esa variación en su ingreso lo dejó fuera de familias a las que se les tramita con prioridad el bono de ¢30 millones. Ahora dice que se quedó sin el santo y sin la limosna, pues ya casi no tiene horas extras, su salario volvió a ser el de antes y tampoco tiene beneficio alguno.
“La idea mía era dejarle la casa como legado a mis hijas. Esa vivienda era de clase media y mi orgullo era compartir ahí con mis amigos. Estaba valorada en ¢35 millones, pero de repente la perdimos”, dijo.
Ahora una de sus hijas trabaja en la misma empresa que él y entre los dos se ayudan para salir adelante mientras que la otra hija se dedica a parte de los quehaceres domésticos, pero lo casa que alquilan está en zona de riesgo (naranja) y si crece el riesgo, podrían desalojarlos.
Agregó que en el 2020 realizó todo el papeleo para el bono, pero le resulta imposible trabajar y al mismo tiempo andar en bancos e instituciones públicas cuyo horario le impide llegar a tiempo. Dice que ya se siente cansado para recomenzar; sin embargo, va a insistir en la ayuda estatal, máxime que debido a recientes cambios, la Caja Costarricense de Seguro Social eliminó la pensión anticipada y ahora está obligado a laborar hasta los 65 años.
“Ya no creo en las instituciones públicas. De las 31 familias desalojadas, hasta hoy solo una ha tenido ayuda efectiva, pero vamos a insistir”, dijo.
Estabilización costaría ¢1.000 millones más
Mientras tanto, los demás vecinos de esa urbanización en San Miguel de Desamparados ven como todavía es incierta la adjudicación de los trabajos que eviten nuevos deslizamientos en la zona. La estación lluviosa ya se estableció y el miércoles 11 de mayo la municipalidad tuvo que ir a cambiar parte de un tubo plástico de desagüe que se quebró por la caída de material. Desde el año pasado esa tubería que puso de modo provisional el gobierno local, ayuda a que el agua de lluvia no se empoce en la zona.
Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Comité de Adjudicaciones aún analiza el futuro de la contratación que permitiría estabilizar la ladera sur y construir terrazas que impidan que el suelo siga desplazándose. Sin embargo, Sidney Sovalbarro, presidente de la Asociación Provivienda de Valladolid, dice que la CNE declaró infructuoso el primer proceso de licitación, debido a que el único oferente, MECO, ofertó por más de ¢1.000 millones por encima del monto propuesto por la CNE para esa obra, que es de ¢1.466 millones.
“Ahora Alicia Barrera, ingeniera de la CNE y Jesús Chinchilla, ingeniero de la Municipalidad de Desamparados, volverán a realizar el cartel de licitación, procurando hacerle mejoras”, expresó el dirigente de la asociación provivienda.
Sabalvarro, profesor de matemáticas, quien también perdió su casa y lote valorados en ¢60 millones y que está entre quienes no califican para ayuda estatal, por no cumplir con el requisito de tener núcleo familiar, presentó una demanda contra el municipio de Desamparados y la CNE en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial San José.
“Desde noviembre del 2021 se presentó una demanda contra el exalcalde de Desamparados, Gilberth Jiménez Siles ( actual diputado) y el expresidente de la CNE, Alexander Solis, por no tomar las acciones pertinentes, a partir del estudio que les presentó la Escuela de Geología de la UCR a inicios del año 2019, donde se alertó del deslizamiento que podía suceder en la urbanización Valladolid y que al final ocurrió”, dijo Sobalvarro.
También el 11 de mayo le escribió a la nueva alcaldesa de Desamparados, Hazel Torres, debido a que el municipio notificó por una deuda en el pago de impuestos municipales a varias familias y vecinos afectados por el deslizamiento. Se les indica que tienen pendiente el pago de impuestos por un monto de ¢ 84.256 por mantenimiento de parques, obras de ornato, alcantarillado pluvial y recolección de basura, aunque de sus casas solo quedan escombros en el fondo del barranco.
El firmante solicitó que desde abril del 2020 se exonere del pago por esos rubros a todas las familias desalojadas de Valladolid.
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